El conflicto que tiene abierto el Ayuntamiento de Jerez con el Consorcio Provincial de Bomberos podría tener los días contados. La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha trasladado a la plantilla del Parque jerezano su intención de presentar el próximo lunes un plan de pagos de la abultada deuda que mantiene con la entidad provincial, con lo que es probable que se paralice el expediente de expulsión que hoy por hoy sigue abierto. Esta informaciónha sido facilitada durante una reunión con los representantes de los trabajadores, que han explicado a este medio que la idea municipal sería la de liquidar algo más de tres millones de euros de aquí a final de año, presentando otro plan de pagos en enero para el resto del débito, que en total supera los siete millones de euros.

Según estas fuentes, la primera regidora se ha mostrado absolutamente convencida de que la expulsión del Consorcio Provincial no se llevará a cabo. A pesar de ello, los profesionales le han querido mostrar su inquietud ante la posibilidad de que ello suceda preguntando cuál sería su futuro en ese caso. “Hemos querido saber qué pasará si no se acepta el plan de pagos, pero nos ha dicho que esa escena no la contempla, ni siquiera se ha puesto en situación”. Esta postura les ha hecho replantearse el que exista un pacto bajo cuerda entre ambas administraciones, que no hay que olvidar que pertenecen al mismo partido político. Si ello fuera así, se confirmaría la sensación del personal de que el ‘amago’ de expulsión no habría sido más que una forma de presionar al Ayuntamiento.

Elucubraciones aparte, los bomberos también le han pedido a García-Pelayo que se replantee las cuotas que abona al organismo provincial, puesto que “los jerezanos nos gastamos más de dos millones de euros en mantener una estructura burocrática, que podrían ir destinados directamente a la seguridad”. Según ellos, la edil se ha comprometido a estudiarlo una vez que se resuelva el problema más inmediato. En lo que se refiere al pago de la nómina atrasada, todo apunta a que se producirá una vez que se dirima este asunto, que como fecha límite habrá de solventarse el 1 de noviembre, cuando se haría efectiva la expulsión. Como todo está en el aire, la plantilla seguirá con el campamento de protesta a las puertas del Parque y el lunes se reunirá en asamblea, una vez que la alcaldesa haya hecho lo propio con el presidente del Consorcio.