La Delegación Provincial de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía ha respondido a la denuncia efectuada semanas atrás por Foro Ciudadano de Jerez y ha requerido al gobierno municipal del PP a que amplíe “información rigurosa y creíble” sobre por qué ha llevado  a cabo “un reparto a dedo” de los puestos de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento para todos y cada uno de los empleados municipales (funcionarios, laborales fijos y laborales indefinidos) a través del documento denominado ‘Relación Nominal de Adscripciones a Puestos de la RPT’, el cual se aprobó en junta de gobierno local el pasado 15 de octubre. La propia formación liderada por Pedro Pacheco afirma que “es sólo un apartado más de la cadena de irregularidades y despropósitos que encierra el documento gestado por el PP con el único objetivo de premiar a los empleados de su cuerda y castigar a todos los niveles a quienes les son molestos”.

Y añade que, en los anteriores escritos remitidos a Gobernación, ya el Foro exponía “con claridad un decálogo de incumplimientos legales en la elaboración del documento, así como otros supuestos de ilegalidad que hacen a esta RPT arbitraria”.

En concreto, el gobierno andaluz, que ya hace un par de meses requirió información complementaria “ante el oscurantismo del documento diseñado a su medida por el gobierno local del PP”, ha solicitado la remisión a la Delegación del Gobierno de “información completa sobre el acuerdo adoptado en el punto 30 del orden del día de la junta de gobierno local del 15 de octubre de este año, relativo a la “corrección de errores materiales advertidos en el acuerdo de la junta de gobierno local, con el número 54 del orden del día de fecha 14 de septiembre de2012”, aportando la siguiente documentación:

1.- Certificación del acuerdo íntegro adoptado en el punto 30 del orden del día por la junta de gobierno local del pasado 15 de octubre.

2.- Copia del informe emitido por el Servicio Jurídico del Área de Gobierno de Personal y Seguridad que se menciona en el acuerdo.

3.- “Relación nominal de Adscripciones a Puestos de la RPT” que forma parte de la aprobación definitiva de la Relación de Puestos de Trabajo, y que no consta en la documentación aportada por el Ayuntamiento de Jerez.

4.- Relación y rectificaciones que consta y se relacionan en la propuesta, y no figuran en el extracto remitido a través del Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía.

ACLARACIÓN DEL GOBIERNO LOCAL

El gobierno local, por su parte, deja claro que el requerimiento de ampliación de información sobre la RPT realizado por la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía “responde a un trámite habitual entre administraciones dentro de la complejidad técnica de los documentos”.

En este sentido, también hace hincapié en que esta es una práctica que se sitúa dentro de la normalidad que preside la relación entre las administraciones y que desde el Ayuntamiento, hasta la fecha, se está enviado toda la información demandada por la administración autonómica. El Ejecutivo insiste en que “la RPT se ha hecho cumpliendo con la legalidad y con la máxima transparencia”.

El Ayuntamiento explica que la ampliación de documentación complementaria que solicita la Junta forma parte de diferentes acuerdos de la Junta de Gobierno Local y que se han enviado todos los documentos con la información demandada “al no tener nada que ocultar”, ya que se trata de acuerdos de Junta de Gobierno Local.

Por último, el gobierno municipal recuerda que “la RPT es un instrumento de trabajo que viene a poner fin al caos organizativo y a los agravios comparativos en las retribuciones salariales, unas desigualdades que el ex alcalde Pedro Pacheco no quiso o no fue capaz de solucionar, al carecer este Ayuntamiento de una RPT, porque no quiso o no supo hacerla”.

Señala que ha tenido que ser “el Ejecutivo de María José García-Pelayo el que ha tenido que poner fin a la situación de desorden de este Ayuntamiento, con la aprobación de una RPT cuyo objetivo es organizar la plantilla y racionalizar los salarios, dotando al Ayuntamiento de un documento histórico que, además, es obligado por ley desde el año 1984”. “Un documento que en este Ayuntamiento ningún gobierno anterior se había atrevido a abordar por lo que seguíamos funcionando con un catálogo de puestos de trabajo de 1995”, concluye.