El anuncio de la Consejería de Justicia, comprometiéndose a saldar la deuda que mantiene con los letrados del turno de oficio hasta el próximo mes de abril, no ha sido suficiente para que éstos depongan las armas y se restaure la normalidad en los colegios de abogados. El de Jerez no iba a ser una excepción, y su decano, Marcos Camacho, ha confirmado que tras la reunión mantenida entre los representantes de toda la abogacía andaluza se ha decidido por unanimidad mantener los últimos acuerdos adoptados a finales de año en materia de pagos. Esto es, los colegios seguirán adecuando los gastos derivados del servicio de justicia gratuita a las cantidades que se abonen.

En la actualidad, el turno de oficio está prácticamente paralizado y desde hace algún tiempo solo se designan letrados gratuitos una vez a la semana, lo que origina las consiguientes colas y el profundo malestar entre los interesados. La cosa puede ir a peor, no obstante, puesto que Camacho ya amenazó recientemente con cancelar el servicio o reducirlo a una vez al mes, adaptándolo como se ha señalado anteriormente a las cuotas proporcionadas por la administración. Y es que, como recuerda el decano, lo que la Junta garantiza ahora es el pago hasta abril de las tarifas correspondientes a tres trimestres de 2012; cuando llegue esa fecha, continuará debiéndose el último trimestre del pasado año y el primero del vigente.

Además, tampoco existe compromiso de liquidar los gastos de infraestructuras, aún pendientes de todo el ejercicio anterior. Así las cosas, los profesionales jerezanos insisten en que es imposible prestar un servicio de calidad, si el gobierno autonómico no pone los mimbres para ello. En lo que sí darán una tregua los colegios andaluces a la administración es en lo relativo a las medidas de presión que estaban llevando a cabo, como concentraciones de carácter semanal, que quedarán en suspenso hasta que se compruebe que la promesa de pago se ha llevado a término en los plazos establecidos.

El decano jerezano ha vuelto a lamentar los perjuicios que todo ello está ocasionando al ciudadano, recordando que está en manos de la Junta el poner freno a una situación para la que no se vislumbra una pronta solución. Los letrados tendrán que decidir ahora si restringen aún más la justicia gratuita, un derecho cada vez más cercenado para los ciudadanos.