Quedaban 24 horas para uno de los juicios más esperados del año, en el que los representantes legales de los 260 afectados por el Expediente de Regulación de Empleo municipal se iban a ver las caras con el Ayuntamiento para que el juez determinara si la medida se adoptó dentro de la más estricta legalidad. Finalmente, tal y como ha adelantado uno de los personados por el Colectivo de Trabajadores Progresistas, Antonio Ortega, la vista se aplazará debido a un recurso interpuesto por el Consistorio contra un reciente auto judicial. En el citado auto, el magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía deniega unas pruebas solicitadas por la administración, por lo que ahora deberá pronunciarse sobre el recurso antes del próximo 8 de febrero, que es la nueva fecha señalada para la vista.

Ésta es la razón por la que el juez ha decidido postergar el juicio, junto con la aparición de documentación de última hora de la Inspección de Trabajo y la Cámara de Cuentas, que deberá ser trasladada a las partes para que la analicen antes del día indicado. Ortega y el resto de compañeros que representan a las secciones sindicales de CC OO, UGT, CGT y ATM (Asociación de Técnicos Municipales) se han dirigido esta mañana al Tribunal con sede en Sevilla para confirmar lo que hasta el momento era solo un rumor. C0mo ha explicado Ortega, aunque resulta una “contrariedad”, no está en el ánimo de los demandantes recurrirlo porque eso dilataría aún más un proceso que afrontan con “ilusión”, y con una argumentación común en todos los casos: con el ERE se vulneró el principio de igualdad y de buena fe.

Esta consideración la cimentan en el hecho de que durante la negociación del expediente, según los perjudicados, no se aportó toda la documentación necesaria ni se aclaró cuáles fueron los criterios que se siguieron a la hora de elegir esa ‘lista negra’. Por ello, los demandantes piden que se declaren nulos los despidos, o se dictamine que la decisión extintiva no se ajustó a Derecho. En el primero de los supuestos, “todo se quedaría como estaba”; es decir, los trabajadores tendrían que ser readmitidos con las mismas condiciones y en los mismos puestos. En el caso de que se declarara la segunda opción, que no se ajustó a Derecho, los distintos juzgados en los que se han ido presentando las diferentes demandas tendrán que pronunciarse sobre cada perjudicado en concreto.

En este sentido, los despidos podrían ser considerados nulos o improcedentes, una última opción que conllevaría la posibilidad de readmisión o indemnización. A juicio de Ortega, el quid de la cuestión radica en que el Ayuntamiento tenía diversas alternativas de ahorro frente a una decisión tan traumática, tales como la eliminación de las productividades, la amortización de las jubilaciones o la extinción de las horas extra. “Lo que nosotros creemos es que ya tenían una idea preconcebida. Para que le dieran dinero de los créditos ICO, tenían que deshacerse de 300 personas, algo que ya habían contemplado en el Plan de Ajuste. Deloitte lo único que hizo es dar forma a esa idea con los mimbres que le proporcionó el Ayuntamiento”.