El Ayuntamiento mantendrá en el juicio del próximo día 31 de enero en el juzgado de lo Social número 2 de Jerez, por la demanda que puso en su contra el comité de empresa de la concesionaria del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, Urbaser, con motivo de la huelga de estos trabajadores del pasado mes de noviembre, “que actuó conforme a los informes técnico, sanitario y jurídico”, según resalta el gobierno local en un comunicado. Afirma que estos informes avalan la actuación del gobierno municipal, “que pretendía garantizar la salubridad de los ciudadanos y el cumplimiento del auto del Tribunal Superior de Andalucía del 50 por ciento de servicios mínimos”. Se refiere a la contratación de otra empresa para que recogiese residuos con el argumento de que los huelguistas no estaban cumpliendo los servicios mínimos y existían serios peligros sanitarios en numerosos puntos de la ciudad.

Explica que entre estos tres informes, que están en manos de la autoridad judicial, se encuentra el jurídico, “donde se pone de  manifiesto que con la medida el gobierno (local) no se ha vulnerado, en ningún momento, el derecho a la huelga de los trabajadores, mientras que en el sanitario se exponen los peligros para la salud pública que existían en Jerez en los días en los que se desarrolló la huelga por la acumulación de residuos”.

El Ayuntamiento también incidirá en que la actuación llevada a cabo se produjo ante la acumulación de más de 3.300 toneladas de basura en las calles de la ciudad, como consecuencia del incumplimiento de los servicios mínimos.

Recuerda igualmente que ”la prolongación en el tiempo de la huelga, conjuntamente con otros factores, así como la pasividad de la Junta de Andalucía ante este conflicto, no podía derivar en el hecho de que el Ayuntamiento incurriese también en una dejación de sus competencias y abandono a su suerte para el resto de la ciudadanía de Jerez”.

“En virtud de lo anterior dada la alarma social, los gravísimos problemas de salubridad que se estaban generando en toda la ciudad y los crecientes desórdenes públicos que ello estaba provocando, que se tradujeron como recordaremos en numerosa quema de contenedores y de mobiliario urbano, el Ayuntamiento no tuvo otra opción que desplegar sus facultades ante este tipo de situaciones, actuación que siempre se llevó a cabo en todo momento dentro de la legalidad vigente como tratará de acreditar el próximo día 31 de enero en el Juzgado de lo Social”, sentencia el comunicado.