La decisión de la Junta de Andalucía de cerrar todos los registros civiles de la comunidad ha levantado ampollas entre el funcionariado, que por boca del Sindicato Profesional de la Justicia de Jerez ha criticado duramente una medida “unilateral” y “perjudicial para los ciudadanos”. Según el colectivo, la decisión fue adoptada el pasado 23 de enero sin tener en cuenta la oposición de todas las organizaciones sindicales, alegando motivos económicos. Una justificación que no terminan de entender los afectados, que argumentan que el coste de este servicio ya estaba presupuestado con 2,3 millones de euros. Una vez que se ha suprimido, han preguntado a la administración cuál será el destino de esa partida “pero no han sabido o no han querido contestar”.

Una circunstancia que ha indignado al SPJ, que lamenta el “notable perjuicio” que esta reducción causará a los usuarios. En esta línea, señalan a las personas de la tercerda edad como las afectadas, alegando que deberán aguardar colas de horas durante la mañana para la expedición de certificaciones de fe de vida, una gestión que en la tarde se realiza en cinco minutos. También sufrirán un revés aquellos que por motivos laborales no puedan acudir al registro en horario mañanero y, en general, todos los que soliciten cualquier tipo de trámite, pues las esperas se auguran largas. Los ciudadanos, no obstante, no serán los únicos perjudicados ya que el sindicato asegura que la iniciativa conllevará un aumento de la sobrecarga de trabajo del personal.

“De nada han servido las decenas de informes realizados por jueces y secretarios judiciales de toda Andalucía, solicitando que no se procediera a esta medida pues se estaba prestando un servicio modélico”, se lamentan. “Además, conllevará una inevitable dilación y retraso en la gestión de temas importantes como la averiguación de datos registrales en el caso de los bebés robados”. Junto a todo ello, tampoco olvidan el nuevo recorte de retribuciones que supondrá para el personal, que ya en 2013 afronta otra reducción del 5% en el salario con lo que se eleva a un 20% menos lo que percibirán cada mes. “La Junta pone así su granito de arena en la carrera por desmantelar un servicio público y que culminará el Gobierno central con la privatización de los registros”, sentencian.