UPyD Jerez, en referencia a la sentencia del TSJA sobre el ERE municipal, lamenta que “una nueva irresponsabilidad por parte del equipo de gobierno de la ciudad suponga otra deuda para los jerezanos, ya bastante ahogados por la mala gestión de todos los que han gobernado en la ciudad”.

El coordinador local de la formación magenta, Francisco Jesús Espinosa, se pregunta “de qué sirve determinar criterios objetivos de despido basados en la evaluación continua como la competencia técnica, la formación, experiencia y polivalencia si a la hora de aplicarlos se hace con una total arbitrariedad como dice literalmente la sentencia del TSJA”. Desde UPyD Jerez quiere recordársele al gobierno municipal que “esta arbitrariedad es sumamente grave pues el artículo 9.3 de la Constitución Española prohíbe expresamente la arbitrariedad por parte de los poderes públicos” y considera especialmente preocupante “la inexistencia de informes escritos, así como la falta de valoración académica o curricular”.

Para UPyD, esto “se encuadra dentro de una política de total falta de transparencia por parte del Ayuntamiento” y consideran “que los ciudadanos deberían tener acceso con mayor facilidad a todos los gastos que desde el consistorio se hacen, así como a su forma de actuar”.  Lo cierto es que el Ayuntamiento de Jerez se encuentra, según Transparencia Internacional, entre los veinte municipios de mayor tamaño con menor transparencia en España.

Espinosa considera que “es lamentable que sean los jerezanos de nuevo quien deban pagar el pato de la mala actuación de sus gobernantes”. Las indemnizaciones por los despidos, que en un principio quedaban fijadas en 20 días de salario por año trabajado, pasarían a 45 días  debido a la arbitrariedad con la que se llevó a cabo la aplicación de los criterios.

Además, si bien desde UPyD comprenden la desmedida magnitud de los costes laborales y la preocupación del gobierno municipal por reducirlos, animan igualmente al consistorio a observar otras maneras de reducir costes como “un estudio sobre eficiencia energética, utilización más frecuente de procedimientos de concurrencia competitiva, así como un control mucho más estricto de las entidades financieras dependientes”. Además, “un estudio en profundidad sobre los contratos de prestación de servicios parece crucial sobre todo si tenemos en cuenta que para la realización del ERE se contrató con Deloitte con un coste de más de 50000 euros sin que ello haya garantizado la correcta puesta en práctica del expediente de regulación”.