La secretaria general del  PSOE en la provincia, Irene García, ha pedido a la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, que “por dignidad política” cese de manera fulminante a todos los concejales y delegados de su gobierno que han participado en la elaboración del ERE, que pida perdón a los jerezanos y que presente su dimisión. García ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa junto a la secretaria general del PSOE-A de Jerez, Miriam Alconchel, tras mantener un encuentro con los representantes sindicales del Ayuntamiento (UGT, CC OO, CTP y Asociación de Técnicos Municipales) para valorar y analizar todo lo acontecido tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha declarado “no justado a derecho” el Expediente de Regulación de Empleo. García ha mostrado su preocupación por la “cacería política” que han sufrido los trabajadores afectados y por todo lo que ello conlleva para la ciudad y la provincia.

En este sentido, la socialista ha criticado que la alcaldesa, María José García-Pelayo, no haya mantenido aún un encuentro con los sindicatos “después de haber sufrido varios varapalos judiciales que le quitan la razón”, asegurando que “lo que queda claro es que aquella cacería política que inició el PP, con un brazo ejecutor de la mano de Antonio Saldaña, supone una forma de actuar absolutamente indiscriminada, inmoral e ilegal”.  “Pero, sobre todo, -apunta- ha supuesto un auténtico calvario a las 260 personas y familias jerezanas a las que se les ha sometido a un juicio, basándose en la rumorología para criticar y desvirtuar la labor profesional de los trabajadores, algo que no es ético, ni serio, ni legítimo por parte de una persona que precisamente tiene que velar por los intereses generales de la ciudad”.

Por ello, la secretaria provincial ha reafirmado la petición del PSOE de que se readmita de forma inmediata a todos los trabajadores despedidos, calificando de “lamentable” que el gobierno del PP continúe “por un camino donde se le tumba por partida doble sus argumentos”, lo que supone “una auténtica burla a los ciudadanos que la alcaldesa intente eludir toda clase de responsabilidades derivadas de la sentencia y, por tanto, muestra a las claras la actitud menos democrática y moral por parte de una representante política”. Asimismo, ha tachado de “agravio” y de una “ofensa de primera magnitud que no solo no respete y acate una decisión judicial, sino que al mismo tiempo quiera engañar a los ciudadanos diciendo que el fallo del TSJA es una sentencia declarativa”. Al respecto, ha aclarado que, en términos jurídicos, “todas las sentencias constatan unos hechos, lo ajustan a los preceptos legales que determinan la normativa y se ejecutan. Lo que ocurre es que no hay voluntad de ejecutar”.