Las secciones sindicales de CC OO, UGT, ATMJ y CTP, que representan al 53% de la plantilla municipal, se reunieron este lunes con Antonio Maíllo, director general de Administración Local de la Junta de Andalucía, por su competencia en las directrices técnicas que rigen las relaciones entre la entidad autonómica y las administraciones locales. En este sentido, los sindicatos pusieron en su conocimiento “las gravísimas irregularidades que está llevando a cabo el Gobierno municipal en materia de personal mediante actuaciones absolutamente arbitrarias amparadas en informes, a nuestro entender, confeccionados a tal fin”, resaltan en un comunicado. Tal como insisten, se trata de informes que “benefician directamente al que lo suscribe y en otros incluso llegan a contradecirse entre ellos, según convenga aplicar un criterio o el contrario en los diversos expedientes”. Por eso acusan al ejecutivo de “arbitrariedad”, e insisten en subrayar que “la gravedad es de tal magnitud que de estas actividades pudieran derivarse acciones penales, cuestión que está siendo estudiada por parte de estas secciones sindicales”.

Por otro lado, destacan que durante la reunión “se nos confirmó lo que ya sospechábamos, que la alcaldesa mintió cuando afirmó públicamente que la RPT municipal se había consensuado con la Junta de Andalucía, extremo que negó taxativamente Maíllo”. Una circunstancia ante la que el responsable de esta Dirección General de la Junta, se comprometió a facilitar cuanta información y documentación se le requiriera.

Maillo, según los representantes sindicales, también “reconoció que cuando llegaron a su conocimiento algunas de nuestras denuncias  ante la Delegación Provincial sobre los extremos ilegales de la RPT, ya habían transcurrido los plazos legales para interponer los oportunos recursos ante los órganos jurisdiccionales competentes”. A tenor de lo cual, no han ocultado su sorpresa  al “comprobar cómo la Junta de Andalucía desconoce la  realidad de las actuaciones que se están llevando de aplicación de la RPT, sobre todo porque la que le remite el Ayuntamiento es  intencionadamente parcial, sesgada y manipulada, con  patente incumplimiento de la obligación de transparencia”.

Las secciones sindicales citadas concluyen al respecto que “la obstinada realidad del día a día en la gestión de recursos humanos, nos obliga a seguir denunciando las arbitrariedades de sus decisiones”.