El refrán de a perro flaco todo son pulgas podría venirle como anillo al dedo a una institución que desafortunadamente no ha parado de recibir envites durante el último año. Los impagos, atrasos y recortes económicos, unidos a la aparición de normas restrictivas han provocado que el Colegio de Abogados soporte a duras penas el reto de seguir prestando un servicio de calidad y comprometido con los ciudadanos, con los escasos mimbres de los que dispone en la actualidad. Ahora, para colmo, un anteproyecto de ley relativo a los servicios profesionales que se debatirá en junio en el Consejo de Ministros ha supuesto la puntilla para el colectivo, ya que contempla nada menos que la desaparición de los Colegios de Abogados, limitando su existencia a uno por comunidad más excepcionalmente otro en algunas provincias. Así lo ha contado a Reporteros Jerez el decano jerezano, Marcos Camacho, explicando que esta norma se hará extensiva a otras profesiones colegiadas como las de arquitectos o farmacéuticos. Las consecuencias si el anteproyecto de ley sale adelante, según él, podrían resultar devastadoras especialmente para los ciudadanos. “Nosotros procuramos la cercanía de la Justicia y con esto la persona que quisiera un abogado gratuito dentro del turno de oficio tendría que desplazarse al colegio que estuviera más cerca, por ejemplo en Málaga o Granada. Tampoco tendríamos el control de los profesionales como existe ahora, ya que los decanos nos preocupamos de que sean honrados y cumplan con la deontología. En definitiva, nos parece un disparate”. Aunque el Gobierno aduce motivos de “competitividad” para extinguir los colegios, Camacho supone que detrás de todo ello se esconde una mera intención económica de reducir gastos, aunque lo gordo recaería entonces sobre los hombros de la administración autonómica. “Lo que no cuesta nada, empezará a costar dinero a la administración, que tendrá que habilitar oficinas de proximidad en las provincias con unos servicios adecuados para facilitar los trámites con el fin de que los beneficiarios de la justicia gratuita, que además tienen pocos recursos, no tengan que desplazarse a otras ciudades”. Así las cosas, y a la espera de un nuevo pago de la Junta de Andalucía, los abogados jerezanos permanecerán alertas ante una situación que, en el caso de materializarse finalmente, consideran que podría atentar contra los derechos de los ciudadanos y ante la que no se quedarán de brazos cruzados.