Apenas hora y media ha durado un pleno intenso en el que, no obstante, el resultado estaba cantado de antemano: el gobierno ha aprobado con la abstención de los grupos de la oposición el Estatuto Jurídico que regulará las relaciones del Ayuntamiento matriz con las Entidades Locales Autónomas. La única novedad que ha deparado la sesión plenaria es que el periodo de exposición pública para presentar alegaciones se ampliará de 30 a 60 días, que es justo lo que han argumentado los distintos partidos para abstenerse en la votación: no aportarán nada definitivo, en tanto en cuanto no se diriman las alegaciones que todos ellos interpondrán. Manuel Bertolet, alcalde de Torrecera, ha sido el primero en intervenir haciendo una pequeña concesión al ejecutivo al subrayar que “es la primera vez que se plantea un documento de estas características, y eso hay que reconocerlo”.

Más allá de este comentario, ha mostrado sus reticencias sobre un estatuto que considera que no está lo suficientemente consensuado, así como sus dudas con respecto a que se pueda garantizar que los convenios que luego se firme con cada entidad en el marco de este documento se lleven finalmente a cabo. En lo que se refiere al primer punto, la alcaldesa le ha recordado que el pleno de aprobación se ha celebrado hoy y no más adelante, como algunos pedían, porque así lo votó la mayoría de las pedanías afectadas. Alejandro López, alcalde de La Barca, ha sido el segundo en intervenir con un discurso sin sorpresas, dadas sus siglas populares, animando a todos los presentes a votar a favor de la iniciativa con la que ha afirmado que las ELAs “avanzarán después de 33 años”. Seguidamente le ha tocado el turno a la delegada de Medio Rural, Susana Sánchez, que ha expuesto las ‘bondades’ del estatuto más que el documento en sí, destacando que con él “los pueblos podrán participar en los ingresos municipales del Ayuntamiento, los alcaldes tendrán voz y voto y los ciudadanos de la zona rural se convertirán en ciudadanos de primera”.

“Partíamos de unas relaciones con convenios caducados cuando llegamos al gobierno. Los alcaldes nos pidieron un estatuto que recogiera la financiación, la regulación de las relaciones con el Ayuntamiento matriz y la integración de los pueblos, y es lo que hemos plasmado”. Joaquín del Valle, portavoz de Izquierda Unida, ha transmitido la opinión de su partido al respecto criticando “la falta de claridad y la concentración de competencias”, al tiempo que ha lamentado que se recoja específicamente en la iniciativa la existencia de elementos de control por parte del gobierno jerezano, de lo que también se han quejado otros partidos. José Ramón Alonso, concejal de Foro Ciudadano, ha calificado el estatuto como “una nueva operación de cirugía estética” de los populares, aludiendo a su ‘sospechosa’ coincidencia en el tiempo con el Proyecto de Ley de Reforma Local del Gobierno central. “Esto es un nuevo brindis al sol, porque lo que quieren es destruir el municipalismo. Queremos comprobar que no se trata de otro lavado de cara”.

LOS CONCEJALES SE PIERDEN EN LA ANÉCDOTA

El último de los grupos de la oposición en intervenir ha sido el PSOE, que por boca de Francisco Lebrero ha censurado la “arbitrariedad” y los “eufemismos” aparecidos en el documento, como el que “el Ayuntamiento velará por el uso equitativo y prudente de las ELAs”, poniendo en tela de juicio el significado real de esos adjetivos y señalando el mecanismo controlador que esconde la sentencia, lo que “demuestra una falta de confianza y de lealtad institucional”. El momento más tenso de la sesión se ha producido cuando la delegada de Medio Rural, en su réplica, ha acusado a la oposición de “asustar” a los ciudadanos con la venida de la Reforma Local, recordando un capítulo de su niñez en el que le prohibieron subir a un autobús porque era vecina de una barriada rural, algo que según ella dejará de suceder en virtud de estos cambios. Del Valle ha mostrado entonces su indignación al respecto, apuntando con énfasis a que “aquí no venimos a contar nuestra vida”, y mencionando algún episodio del franquismo.

A pesar de que los alcaldes pedáneos hicieron un amago final de volver a intervenir, la alcaldesa clausuró rápidamente la sesión una vez que se recogieron los votos afirmativos de los populares, con lo que la iniciativa seguirá adelante con la abstención de la oposición, a la espera de que se resuelvan las alegaciones pertinentes.