El 12 de noviembre está marcado en rojo en el calendario de la Asociación de Mujeres por la Igualdad y el Progreso, de la barriada de Torresoto. Este colectivo lleva años dirimiendo un conflicto ya enquistado con la asociación de vecinos del barrio por el uso del local de la plaza Hermana María Dolores. La reciente sentencia le da la razón a los denunciantes y la ejecución provisional dicta que las mujeres deben abandonar las instalaciones antes de la fatídica fecha, aunque ya está en trámite un nuevo recurso.

Sus rostros revelan total incredulidad y preocupación ante esta situación: “No nos pueden echar, hacemos algo bueno aquí”, aseguran Segundi Delgado (secretaria) y Antonia Vega (vicepresidenta). No pretenden disfrutar en exclusiva el espacioso local -con más de 400 metros cuadrados, escenario, patio, cocina y baños recientemente renovados- sino que apuestan por compartirlo con éste y otros colectivos si es necesario. “Queremos sentarnos con el Ayuntamiento y solucionar este problema de una vez por todas”, insisten. El local pertenece a la Obra Social de Cajasol pero ésta ha cedido su gestión al Ayuntamiento. Según aseguran, han solicitado reuniones al actual equipo de gobierno en repetidas ocasiones y últimamente han optado por enviar una petición cada semana, y ya van siete.

Actualmente, medio centenar de mujeres forma parte de la asociación, que trabaja por la mejora del barrio, la educación de los niños y, debido a la crisis económica, la subsistencia de muchas familias. “Nos hemos unido al Banco de Alimentos y repartimos miles de kilos cada mes a más de 50 familias. Tenemos una larga lista de espera”, explican. Zambombas solidarias y reparto de juguetes a los niños sin recursos, participación en colectas de alimentos y ayudas puntuales completan su labor benéfica. “Cuando un vecino necesita una cama nueva y no puede comprarla, la buscamos. A una vecina se le quemó la cocina y allí fuimos 30 mujeres a ayudar”, detallan.

El colectivo denunciante -la Asociación de Vecinos Torresoto-Hijuela de las Coles- está constituido desde 1972, con estas  mismas mujeres integradas en su organización. En 2006 decidieron separarse y constituirse como entidad aparte. Cuando empezó el conflicto, solicitaron un local municipal y llevan cuatro años esperando su concesión, porque, según argumentan “antes tenía que resolverse el proceso judicial”.

Aunque son conscientes que las sentencias hay que cumplirlas, de momento no han recogido nada y mantienen su actividad habitual. “No queremos irnos, tenemos ya nuestro calendario anual de actividades y a principios de cada mes repartimos alimentos a mucha gente que lo necesita, no solo del barrio”, explican las responsables mientras enseñan el almacén donde guardan la ayuda solidaria. “Como mujeres nos sentimos impotentes, es machismo”, concluyen.