A falta de que se celebre el juicio correspondiente, si es que el juez lo considera oportuno y fija una fecha, la Fiscalía ya se ha pronunciado en el conocido como caso del desvío de fondos. Y lo ha hecho solicitando tres años de prisión para la ex alcaldesa Pilar Sánchez y una multa de 8,6 millones de euros, cantidad que coincide con el dinero supuestamente desviado el Ayuntamiento la pasada legislatura, cuando la mencionada Pilar Sánchez era la primera edil.

Cabe recordar que el caso en cuestión juzga si se cometió delito, entre septiembre de 2010 y mayo de 2011, al destinar al pago de nóminas de la plantilla municipal dinero que dio el Estado (cuentas restringidas) para obras del Plan E en la ciudad. Según parece, el gobierno local fue reponiendo ese dinero, pero no todo, causando un importante desfase de tesorería.

La defensa de Pilar Sánchez ya ha anunciado en diferentes medios que presentará recurso, ya que asegura que el 70% de los fondos del Estado se destinaron a las obras del mencionado Plan E. Considera, por tanto, que se estaría, en todo caso, ante un problema de justificación de subvenciones, no un delito penal.