La candidata del Partido Socialista a la Alcaldía de Jerez, Mamen Sánchez, ha resaltado las numerosas ocasiones en que el gobierno municipal de María José García-Pelayo ha utilizado durante los últimos años los procedimientos negociados sin publicidad para la adjudicación de obras, servicios y suministros, un procedimiento que, aunque es legal, no está abierto a todas las empresas, esto es solo participan en ellos a las que invita el propio Ayuntamiento, una de la cual es la adjudicataria finalmente. Y según los propios datos facilitados por el Ayuntamiento, en 2013 el Consistorio adjudicó 14 de las 29 obras utilizando un procedimiento negociado con aquellas empresas a las que previamente había seleccionado;  en 2014 fueron dos las ocasiones en que procedió de este modo. 

En cuanto a la adjudicación de servicios y suministros, en 2013 lo hizo en una decena de veces (de 24), y en 2014, seis de 14. En total, de las 80 adjudicaciones llevadas a cabo en estos dos años, 32 fueron por el procedimiento negociado sin publicidad, esto es, un 40 %.

Estas adjudicaciones suman más de 19 millones de euros, una cantidad que para Mamen Sánchez es “suficientemente importante como para que se haga empleo de ella con absoluta transparencia, dando opciones al mayor número de empresas que sea posible”.

La candidata adelantó que si llega a ser alcaldesa de Jerez en junio, siguiendo con las líneas de “absoluta transparencia municipal” que viene proponiendo, solo usará este tipo de procedimientos “en excepciones muy justificadas”, con el fin de que más empresas tengan oportunidad de presentarse a este tipo de licitaciones. “Abrirlo a nuevas firmas significará una mayor competencia entre ellas y que el Ayuntamiento de Jerez se vea favorecido, ya que podrá contratar a un precio más bajo, se ahorrará un dinero que luego se invertirá en las muchas necesidades que padece en la actualidad esta ciudad”.

Mamen Sánchez se remitió a la Ley de Contratos del Secxtor Público, inspirada en la libertad de acceso a las licitaciones, la publicidad, la transparencia y la no discriminación e igualdad de tratao entre los candidatos. “Todo ello significará una más eficiente utilización de los fondos públicos y la salvaguarda de la libre competencia”.