La delegada de Medio Rural, Susana Sánchez, ha explicado que las competencias de las ELA’s que se han incluido en los convenios económicos elaborados en el marco del nuevo Estatuto Jurídico, y que no vienen recogidas en la normativa andaluza, provienen de anteriores convenios suscritos desde los años 80 por las ELA’s y que se han respetado, firmándose los últimos en la legislatura anterior, concretamente en el año 2009. En respuesta a las  declaraciones de la Federación Española de Entidades Locales Menores, (FEEM), sobre este asunto, Susana Sánchez ha vuelto a reiterar que el estatuto es un instrumento justo y objetivo que por primera vez garantiza la participación de las ELA´s en los ingresos del Gobierno central, la Junta y el Ayuntamiento.

La delegada de Medio Rural ha rechazado las declaraciones hechas por esta entidad, al considerar “que están basadas en el insulto y en la descalificación personal, mostrando un absoluto desconocimiento sobre las acusaciones que hace sobre la gestión del Gobierno municipal, por lo que ha pedido al presidente de la Federación que se informe bien y contraste bien los datos antes de emitir juicios dirigiéndose al Ayuntamiento, como ha hecho esta Federación en otras ocasiones en las que se le ha atendido”.

Susana Sánchez ha vuelto a subrayar que se ha aplicado una fórmula matemática objetiva en estos convenios y que, por tanto, no hay cabida para arbitrariedades o interpretaciones: “ahora hay un marco jurídico común para todos y unos convenios acordes a lo que decida cada entidad”.

Asimismo, ha insistido en que la propuesta se les remitió a los alcaldes pedáneos a finales de diciembre al objeto de que la estudien y realicen las aportaciones que estimen oportunas. En este sentido, ha recordado que la alcaldesa, María José García-Pelayo, mantendrá mañana martes un encuentro con estos alcaldes para conocer sus opiniones al respecto.

También ha recordado al presidente de la FEEM que el nuevo Estatuto Jurídico garantiza que las ELA’s no tendrán menos ingresos de los que perciben hasta ahora, y que establece un sistema económico equilibrado y justo que va a permitir tanto al Ayuntamiento como a las ELA, en el ejercicio de sus competencias, la prestación de los servicios que les corresponden sin alterar la necesaria igualdad de beneficios y cargas entre todos los vecinos del municipio, con independencia del lugar de residencia.