El empresario jerezano José María Ruiz Mateos se encuentra desde este martes por la mañana en situación de busca y captura al no comparecer, de forma injustificada, en un juicio en Valladolid. Tanto él como su hijo José María Ruiz Mateos Rivero y una supuesta testaferro tenían que responder de dos delitos fiscales cometidos en 2009 y cuya cuantía superaría los ocho millones de euros. La ausencia del empresario ha obligado a suspender el proceso, con la conformidad de todas las partes, toda vez que es absolutamente imprescindible que el procesado asista al juicio cuando la pena solicitada para él supera los dos años, como es este el caso. La vista ha quedado pospuesta para el 20 de octubre

Las correspondientes órdenes de busca y captura han sido libradas por el juez Álvaro de Aza Barazón. El magistrado ha adoptado esa medida a pesar de que el letrado del fundador de Grupo Rumasa alegara motivos médicos para excusar su incomparecencia y asegurara que de madrugada su cliente ha tenido que ser ingresado de urgencia en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. El juzgador sin embargo no considera justificada la ausencia del empresario, máxime cuando desde que el pasado viernes comunicó su indisposición ha estado poniendo trabas a que un forense de Madrid acudiera a su domicilio para someterle a un reconocimiento, según ha advertido el acusador público.

La medida de busca y detención quedaría en suspenso si finalmente acredita que su ingreso hospitalario de urgencia está perfectamente justificado. Expuesto a una condena de 10 años El empresario y uno de sus hijos debían responder por dos delitos fiscales que superarían los ocho millones de eurosRuiz Mateos y su hijo del mismo nombre se exponen cada uno a una condena de diez años de prisión, frente a los ocho años que el Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por la Agencia Estatal Tributaria, solicitan para la mujer imputada, Encarnación Solana Contreras, así como al desembolso entre los tres de multas que globalmente se elevan a los 126 millones de euros, según informaron fuentes jurídicas.

En su escrito de calificación provisional, las acusaciones imputan a los Ruiz Mateos la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública, con utilización de persona interpuesta y de especial gravedad, atendiendo al importe defraudado, y solicitan para cada uno de los dos procesados cinco años de prisión por cada delito y el pago de multas de 18 millones por la defraudación correspondiente al Impuesto de Sociedades y otros 29 millones por la defraudación relativa al IVA. La tercera imputada, en calidad de cooperadora necesaria, se expone a dos penas de cuatro años por cada uno de ambos delitos y al pago de multas por importe de 12 y 20 millones por la defraudación del Impuesto de Sociedades y del IVA, respectivamente.