La Fiscalía Anticorrupción advierte “irregularidades” en dos contratos que el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) adjudicó a la red de corrupción Gürtel en el año 2004 con motivo de su presencia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y cuyos pagos fueron aprobados por la actual alcaldesa y candidata a la reelección, María José García-Pelayo (PP).

Así consta en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que Anticorrupción sostiene que García-Pelayo, que en el momento de los hechos era regidora y presidenta del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez (IPDC), “aprobó” el 4 de agosto de 2004 “el pago de la factura” correspondiente a estos contratos “con el fin de favorecer los intereses de los adjudicatarios” y eludiendo los “requisitos” establecidos en Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

En concreto, las fiscales del ‘caso Gürtel’, Concha Sabadell y Concha Nicolás, atribuyen a la alcaldesa de Jerez la aprobación de un pago de 162.806,37 euros a la empresa Special Events, propiedad de Francisco Correa, por el montaje y gestión del ‘stand’ de la ciudad en Fitur 2004 y de otro por importe de 141.364,56 euros a la sociedad Teleanuncio por labores de “publicidad y propaganda”.

El juez José de la Mata también investiga otros dos contratos, uno de 39.366,92 y otro de 11.855,08 euros, adjudicados a la compañía Down Town Consulting por la organización de dos espectáculos en el marco de esta feria: una exhibición ecuestre que se celebró en la plaza Mayor de Madrid y una muestra de flamenco que tuvo lugar en los jardines de Cecilio Rodríguez.

“EMPRESAS PREVIAMENTE CONVENIDAS”

Las representantes del Ministerio Público señalan que la investigación ha puesto de manifiesto “la comisión de distintas irregularidades no sólo en la adjudicación sino también en la ejecución y pago” de estos contratos con el fin de que fueran concedidos a “empresas previamente convenidas” y ejecutados “en la forma más adecuada a sus intereses”.

En esta pieza separada del ‘caso Gürtel’ están imputados por un delito continuado de prevaricación los presuntos cerebros de la red, Francisco Correa y Pablo Crespo; Isidro Cuberos, exjefe de prensa del exsecretario general del PP Javier Arenas, el director del IPDC, José Agüera; la funcionaria Lourdes Montenegro y los empleados de la red Gürtel Isabel Jordán y Javier Nombela.

La mención a García-Pelayo aparece en un informe en el que la Fiscalía Anticorrupción se opone al archivo de la causa solicitada por las defensas de Agüera y Montenegro argumentando que el plazo de prescripción del delito continuado de prevaricación sería de 15 años y no de diez, como argumentaron los recurrentes.

“NUMEROSAS IRREGULARIDADES”

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, remitió a comienzos de marzo un informe al juez Pablo Ruz, anterior instructor del ‘caso Gürtel’, en el que advertía de que estos contratos, que ascendieron a un total de 214.029,37 euros, presentaban “numerosas irregularidades”.

Según la Fiscalía, los firmantes de los contratos cometieron hasta seis irregularidades, entre ellas “la utilización indebida del procedimiento de urgencia para garantizar la adjudicación a las empresas preseleccionadas, la adopción de resoluciones por órganos incompetentes para ello y la participación del personal de las finales adjudicatarias en la elaboración de las cláusulas particulares administrativas y técnicas”.

Además, habrían llevado a cabo “la confección y presentación de documentación incorporada al expediente en fecha posterior a la que se hizo constar en el mismo, la adjudicación y ejecución de los contratos sin la constitución de las garantías establecidas y el abino de las facturas referidas a estos contratos y la modificación de algunas de ellas incumpliendo las condiciones establecidas en los expedientes de contratación”.