La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a ocho personas, entre ellas cinco médicos y una farmacéutica, tras desmantelar en Jerez un consultorio médico ilegal que estafó decenas de miles de euros al Servicio Andaluz de Salud al cargar irregularmente miles de medicamentos.

El consultorio médico ilegal se presentaba como una asociación sin ánimo de lucro que supuestamente se dedicaba a fomentar el bienestar entre los vecinos de la barriada “La Constancia”, de Jerez. Las investigaciones, que han llevado a la Guardia Civil a poner a disposición judicial al presidente de la asociación, a su esposa, a una farmacéutica y a cinco facultativos de medicina familiar, se iniciaron a instancias de la Fiscalía de Jerez.

La Fiscalía pidió a la Guardia Civil que investigara una denuncia presentada por la Inspección de Farmacia de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Cádiz, que había detectado unas supuestas irregularidades en la retirada masiva de medicamentos que se habían cargado sobre tres usuarios, en lo que parecía, en un primer momento, un fraude de casi 20.000 euros.

Las diligencias puestas en marcha tras esta denuncia, en lo que la Guardia Civil ha denominado operación “Pharmakis”, permitieron descubrir que los medicamentos habían sido cargados a tarjetas de usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), por edad o por condiciones físicas, no podían haberse desplazado a las farmacias en las que se obtuvieron y que incluso podrían haber fallecido si hubiesen ingerido esas cantidades.

Por ejemplo a una usuaria que había retirado ocho envases de un medicamento que tomaba por prescripción médica se le cargaron en su tarjeta un total de 96 envases, (lo que supuso un cargo irregular de 2.100 euros); a otro usuario se le cargaron en su tarjeta un total de 109 envases de otro medicamento, cuando sólo había retirado doce (con lo que se hizo un cargo ilícito de casi 2.250 euros).

A la tarjeta de la Seguridad Social de otra mujer cargaron veintisiete envases de un medicamento de muy alto coste y que debía ser administrado por un facultativo y ser conservado a entre 2 y 8 grados centígrados, cuando la usuaria sólo había retirado 6 envases, con lo que se facturó irregularmente 15.250 euros.

Los agentes constataron que este fraude sólo se podía llevar a cabo con la colaboración de farmacéuticos que expendieran los fármacos y de facultativos que cargaran estas enormes cantidades de medicamentos a determinadas tarjetas de usuarios.

Así localizaron el foco de la estafa en la citada asociación de la barriada de La Constancia Jerez, que funcionaba como un verdadero consultorio médico donde, según ha explicado la Guardia Civil, se almacenaban y expendían enormes cantidades de medicinas y material sanitario, y donde se realizaban curas y otras actividades sanitarias sin las mínimas condiciones higiénicas y por personal que o no tenía la titulación necesaria para realizarlas o, si la tenían, carecían de contrato alguno.

En el registro en el domicilio del presidente de esta asociación de Jerez y en el propio consultorio se encontraron 210 tarjetas sanitarias, entre ellas varias de personas ya fallecidas. Tanto la vivienda como la asociación era “verdaderos almacenes de farmacia”, donde sin las más mínimas garantías de conservación se almacenaban medicamentos caducados que se llevaban a casa de usuarios para ser consumidos por estos, medicamentos contra el cáncer, morfina, psicotrópicos, medicamentos indicados para el rechazo de trasplantes y que deben ser administrados por personal debidamente cualificado, píldoras abortivas, entre otros.

La operación ha sido coordinada por el juzgado de instrucción número 4 de Jerez, a cuya disposición han pasado los detenidos e investigados acusados de delitos Contra la Salud Pública, delitos de estafa al SAS, Intrusismo Profesional y Falsificación de documentos.