La sentencia de los ERE se hará pública el martes, 19 de noviembre, a las 12:00 horas, según han confirmado fuentes del caso y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que han explicado que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha dictado una providencia en la que ha acordado citar ese día a los 21 acusados, entre los que se encuentran los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a los abogados y procuradores de todas las partes personadas.

El juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE, la primera de las 187 piezas que componen la macrocausa de los ERE, quedó visto para sentencia el 17 de diciembre de 2018, después de un año y cuatro días en los que se han celebrado 152 sesiones. Los 21 ex altos cargos imputados no hicieron uso de su derecho a última palabra, salvo los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, quienes su agradecimiento al tribunal por la forma en la que se habían desarrollado las sesiones.

El juicio queda visto para sentencia con el agradecimiento de Chaves y Griñán al tribunal
Manuel Chaves dijo entonces que no tenía “nada” que añadir a todo lo que se ha desarrollado en el juicio, salvo el reconocimiento a la “labor del tribunal y de los magistrados”, y sólo agregó que las intervenciones de todos los letrados en este juicio ha sido para él un “cúmulo de conocimientos e información” y “una experiencia vital”

Al final del juicio, la Fiscalía Anticorrupción mantuvo la acusación contra los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y contra 19 ex altos cargos más, y la retiró contra Antonio Estepa Giménez, que se enfrentaba inicialmente a una petición de diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

En su escrito de conclusiones definitivo, el Ministerio Público ha reclamado una pena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación para el ex presidente Manuel Chaves y otros seis ex altos cargos –Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Salgueiro, Francisco Del Río y Antonio Vicente Lozano– y penas de cárcel de entre seis y ocho años de prisión para los otros 15 acusados, a los que atribuye además un delito de malversación, entre ellos el ex presidente José Antonio Griñán, que se enfrenta a seis años de cárcel.
El fiscal rebajó de ocho años de prisión a seis la pena que solicitaba inicialmente para dos ex altos cargos: el ex director de IDEA Jacinto Cañete y la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina Varo.

El principal reproche de Anticorrupción a los ex presidentes y a los otros acusados sigue siendo que no tomaran a la vista de las actuaciones de la Intervención General de la Junta –que alertaban de las deficiencias en el pago de las ayudas durante una década– “decisión alguna en el ejercicio de sus funciones que pusiera freno al procedimiento” seguido por la Consejería de Empleo para la gestión presupuestaria de las ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en crisis mediante la utilización de las controvertidas transferencias de financiación del programa 31L.

Y esa pasividad, según el fiscal, tuvo lugar a pesar de que tenían “conocimiento de las irregularidades” que se recogían en los informes de la Intervención y de cuentas anuales de los auditores externos del IFA-IDEA, pese a lo cual siguieron “procediendo a la aprobación de los anteproyectos de presupuestos de los ejercicios siguientes y de sus modificaciones presupuestarias, en su caso”.