El Ministerio de Fomento ha encargado a FCC, Sacyr y API, a través de “contratos de emergencia”, que se encarguen del mantenimiento de los dos tramos de la autopista AP-7 y de la AP-4 Sevilla-Cádiz a partir del próximo 1 de enero, fecha en que las vías concluyen su contrato de concesión con Abertis, vuelven al Estado y eliminan el cobro de peaje.

Fomento ha tenido que recurrir a encomiendas “de emergencia” ante el recurso que Abertis, actual concesionaria de las vías y de su mantenimiento, ha interpuesto contra el contrato que el ministerio licitó en noviembre para buscar una empresa que realizara la conservación de las autopistas a partir del próximo año. Así, ante la imposibilidad de tener resuelto y adjudicado este contrato para Año Nuevo, el pasado 4 de diciembre Fomento resolvió encargarlo a través de contratos declarados de “emergencia”, según informaron a Europa Press en fuentes oficiales del ministerio.

En concreto, se encomendó a API Movilidad los trabajos de conservación de la AP-4 Sevilla Cádiz, mientras que Sacyr se hará cargo del mantenimiento del tramo de la AP-7 entre Tarragona y Valencia, y Matisa, filial de FCC, el correspondiente al trazado de esta autopista entre Valencia y Alicante. Los contratos incluyen los trabajos de demolición de las playas y casetas de peaje de las autopistas y su conservación en tanto se resuelve y entra en vigor el contrato recurrido.

Abertis ha recurrido el procedimiento de contratación de las empresas que asumirán el mantenimiento de las autopistas por el desacuerdo que mantiene con el ministerio sobre el número de trabajadores actualmente encargados de estos trabajos que deben subrogarse en el nuevo contrato.

Según Abertis, “existen ciertas discrepancias” entre el listado de trabajadores susceptibles de subrrogarse propuesto por Fomento y el planteado por el grupo controlado por Atlantia y ACS. “La compañía mantiene su postura de que todas las personas propuestas al Ministerio son subrogables y, por ello, decidió impugnar los pliegos del contrato de mantenimiento”, según explicaron fuentes de Abertis.

Este grupo alcanzó recientemente un acuerdo con sus sindicatos para aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE) para 136 trabajadores de las dos autopistas. Se trata del personal encargado del cobro de los peajes, alrededor del 45,3% de la plantilla total, toda vez que se esperaba que los relacionados con el mantenimiento de la infraestructura se subrogaran en el nuevo contrato de conservación que firme Fomento.

El ministerio logró luz verde del Consejo de Ministros en agosto para sacar a concurso las labores de conservación de estas dos autopistas que vuelven al Estado, un trabajo estimado en 153 millones de euros.

Se trata de la segunda ocasión en que dos vías de pago revertirán al Estado y dejarán de cobrar peaje por concluir su contrato de concesión, después de que hace justo un año ya ocurriera en el caso de la AP-1 Burgos-Armiñón. En ese caso, Fomento acordó con Itínere, la concesionaria de la vía, que se siguiera encargando de su mantenimiento hasta que se resolvió el nuevo contrato, dado que se licitó con una ajustada antelación.