El juicio del denominado ‘caso PTA’ sigue su curso no sin sobresaltos. Esta mañana se ha desmayado en plena declaración uno de los imputados, el exdelegado municipal de Fomento, Francisco Lebrero, que tras conocer su imputación, presentó en enero de 2014 su dimisión como portavoz del PSOE en el Consistorio jerezano. Tras ser atendido por los servicios sanitarios, Lebrero. ha continuado con su intervención ante el juez. El juicio, que dirimirá responsabilidades por las supuestas irregularidades cometidas por el equipo de gobierno de Pilar Sánchez en la concesión de ayudas para la compra de suelos en el Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA), se prolongará hasta el día 30 en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz.

Las tres primeras jornadas se están dedicando a declararán los imputados y durante el procedimiento lo harán una treintena de testigos. Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción pide para la exalcaldesa siete años de cárcel y 16 de inhabilitación por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Concretamente, se acusa a Sánchez de tratar de atribuir a Tecnología e Innovación Sanitaria, S.L. “la mayor valoración o puntuación” y, en consecuencia, que obtuviera “la mayor subvención posible” para aminorar a la empresa el precio del suelo público en el PTA en 244.720 euros, lo que suponía el 40 por ciento del total.

Además de Sánchez, en este caso también están imputadas otras seis personas entre exdelegados municipales, un técnico municipal y los gerentes de la citada empresa, para los que el fiscal solicita penas de prisión que van desde los dos años y tres meses a los cinco años y medio. Además de Lebrero, también se sientan ante el juez, María del Carmen Martínez, exdelegada municipal de Medio Rural. Ambos están acusados de un presunto delito de cooperación para la prevaricación, malversación, falsedad documental y fraude en la administración. Anticorrupción solicita cuatro años y medio de cárcel y ocho de inhabilitación para Lebrero, mientras que para Martínez pide cinco años y medio de prisión y 16 de inhabilitación absoluta.

Como se recordará, Pilar Sánchez fue condenada a dos años de cárcel y al pago de una multa de 8,6 millones de euros por el ‘caso Desvío de Fondos’, que investigaba la utilización de fondos del Plan E para pagar nóminas municipales y que fue juzgado en junio de 2014. Tras conocer el fallo, que está recurrido por la exalcaldesa, ésta cursó su baja voluntaria de militancia en el PSOE y presentó su dimisión como directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales de la Junta de Andalucía.