El Gobierno municipal deja claro que “no se ha contratado a dedo a la empresa Deloitte y que, tanto en el procedimiento de contratación para el expediente de regulación de empleo (ERE) como en el procedimiento de contratación para la defensa del Ayuntamiento contra las demandas individuales de despidos derivadas del ERE municipal, se han seguido los procedimientos legales y administrativos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público”.

Por tanto, los servicios jurídicos del Ayuntamiento presentarán de forma inmediata una querella contra la candidata del PSOE, Mamen Sánchez, por las acusaciones vertidas en relación a la contratación de la empresa Deloitte ya que se está acusando al Ayuntamiento de contratación ilegal.

El Gobierno aclara también  que no se ha producido ninguna investigación por parte de la Junta de Andalucía sino tan sólo una aclaración de lo aprobado en Junta de Gobierno Local en el uso de las competencias que tiene el organismo autonómico. De esta manera, con fecha 2 de marzo, la delegación del Gobierno en Cádiz solicitó una ampliación de información a la aprobación en Junta de Gobierno Local del acuerdo de  inicio de expediente de contratación del servicio de dirección letrada de los procedimientos individuales de despidos derivados del despido colectivo en el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento remitió el pasado 23 de marzo el expediente completo de la aprobación de este servicio a la Junta de Andalucía quedando igualmente a “su disposición para cualquier aclaración o ampliación que fuera precisa”, en aras de la transparencia que caracteriza al gobierno municipal.

El Ejecutivo rechaza tajantemente que se trate de una investigación por parte de la Junta y aclara que “se trata de un procedimiento habitual por parte de la Junta de Andalucía quien, en el ejercicio de sus competencias, puede solicitar más información sobre determinados puntos aprobados por el gobierno municipal. De hecho, no es la primera vez que la delegación del Gobierno en Cádiz solicita al Ayuntamiento que se le aclaren determinados puntos de la Junta de Gobierno Local al igual que ocurre con otros ayuntamientos”.

De hecho, en esta legislatura la Junta de Andalucía ha solicitado aclaraciones en siete asuntos y en ningún caso ha habido impugnación. De esta manera se ha pedido información de la RPT en 2012 y 2013, en Febrero 2013 información sobre aplicación de complementos personales transitorios, en mayo 2013 información sobre la emisión de determinados informes jurídicos, en junio 2013 información sobre resoluciones de concursos para provisiones de puestos por libre designación, en junio de 2013 información sobre reconocimiento de grado personal consolidado a tres funcionarios y en noviembre 2013 información sobre acuerdo de asignación temporal de funciones.

El Ejecutivo incide, por tanto, en que desde el PSOE “se tergiversa y confunden las informaciones ya que, tanto en el procedimiento de contratación del servicio legal en el despido colectivo como en las demandas individuales se realizaron de acuerdo al procedimiento legal y administrativo recogido en la Ley de Contratos del Sector Público”. Por tanto, pide a Mamen Sánchez que “se deje de intereses partidistas y cuente la verdad a los jerezanos, porque si alguien tiene que darles explicaciones de su gestión es el PSOE”.

El Gobierno recuerda que en el caso del despido colectivo se tramitó en 2012 mediante procedimiento de contratación abierto al que se presentaron cuatro ofertas, Alfonso Jiménez, J&A Garrigues, SLP, Deloitte, Abogados Pricewaterhouse y Coopers, S.L.  La Mesa de Contratación adjudicó provisionalmente el servicio a Garrigues y al renunciar esta empresa, se procedió a la adjudicación definitiva a la segunda empresa con la oferta más ventajosa, que fue Deloitte.

En el caso de la contratación del servicio de dirección letrada de los procedimientos individuales de despidos derivados del ERE municipal, la Junta de Gobierno Local aprobó la adjudicación a Deloitte por procedimiento negociado sin publicidad, cumpliendo lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. En virtud de su artículo 170, que establece los requisitos para ello, esta firma de abogados es la que tiene la mejor capacitación ya que había tramitado tanto el expediente de despido colectivo como la defensa ante el TSJA y el Tribunal Supremo. En consecuencia, y según el citado artículo 170, se justifica la adjudicación a esta empresa, tanto por su especial conocimiento técnico como por el corto plazo existente entre la presentación de las demandas individuales y la celebración de los 226 juicios señalados.