La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha recibido la visita institucional del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín. Una oportunidad para celebrar un encuentro de trabajo sobre los principales asuntos de interés en la provincia que competen a ambas administraciones y para que la presidenta de la Diputación hiciera partícipe al vicepresidente del Gobierno andaluz de las demandas que los municipios le han hecho llegar de cara a hacer frente al complicado contexto socioeconómico y sanitario actual.

Irene García ha ejercido como portavoz del sentir mayoritario de los ayuntamientos y le ha trasladado la preocupación que existe por la situación a la vez que la predisposición a colaborar para revertirla: “Todos los ayuntamientos están dispuestos a colaborar”, ha señalado, a la vez que ha valorado su papel, “no hay ningún ayuntamiento que durante este tiempo no haya actuado con lealtad pese a la escasez de recursos”. También ha añadido que para conseguir que las medidas que se adopten tengan la mayor efectividad posible “necesitamos más información y más coordinación desde un trato de deferencia y apoyo institucional”.

En este sentido, Irene García ha expresado que el paro es la principal preocupación de los ayuntamientos, agravado por el COVID-19, con datos “malos sin paliativos” que justifican, en su opinión, “una mirada especial con esta provincia, inmersa en una inmensa sangría en materia de desempleo”. Por ello, le ha recordado al vicepresidente de la Junta la reivindicación de la Diputación de que el Gobierno andaluz ponga en circulación fondos que hagan realidad un plan de empleo que disponga de la misma cantidad que la Diputación destina a este fin y bajo la misma fórmula “sin cofinanciación de los ayuntamientos para que no haya desigualdad para los que no pueden aportar su parte”, en alusión a otras acciones de carácter autonómico como el Plan Aire.

Con respecto a la respuesta coordinada a la crisis sanitaria, la presidenta de la Diputación también ha traslado a Marín la reivindicación de las administraciones locales de una mayor seguridad jurídica“para que podamos llevar a cabo iniciativas que están más allá de nuestras competencias”. Irene García ha explicado que en muchos casos tienen problemas para acometer ciertas medidas necesarias para atender las necesidades de la ciudadanía en estos difíciles momentos y se ven limitadas al no tratarse de competencias propias, situación que ha ejemplificado con las ayudas a un sector que está sufriendo muy duramente las restricciones, como es el del comercio y la hostelería. Al respecto, ha defendido que se les amplíen las competencias para medidas de este tipo, justificadas por esta situación extraordinaria, y se les dote de recursos para aplicarlas, siguiendo el modelo adoptado por otras autonomías. “Tendemos la mano para colaborar en todo aquello que se considere que podamos agilizar”, ha ofrecido.

La presidenta ha finalizado su intervención con el agradecimiento al vicepresidente por su visita y por escuchar estas peticiones y se ha mostrado convencida de que “la unidad de acción de todas las administraciones y la colaboración leal en el espacio que a cada uno nos ocupa es fundamental”.