La magistrada del juzgado de instrucción número 3 ha emitido un auto en el que acuerda la apertura de juicio oral contra la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, y otros seis imputados por la contratación supuestamente irregular de cinco asesores en el Ayuntamiento.

Tal como ha informado hoy la Cadena Ser, finalmente la exprimera edil y exsecretaria general del PSOE tendrá que sentarse en el banquillo y responder de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.

Hay que recordar que la jueza ha tomado esta decisión al finalizar la fase de instrucción en la que la Fiscalía, en dos ocasiones, ha pedido el archivo de la causa al no ver indicios de delito.

Así, fue en noviembre de 2011 cuando la Fiscalía se pronunció por primera vez instando al sobreseimiento de la causa. En el auto del fiscal se reflejaba entonces que Pilar Sánchez “no participó en el proceso de selección como consta en las actuaciones, siendo las áreas mencionadas del Ayuntamiento las que demandan un puesto de trabajo, las que una vez realizada una preselección por parte del Serjil a través de Recursos Humanos, las que deciden la contratación”.

En este sentido, el fiscal matiza que “aunque hubiera participado, para que hubiera incurrido en un delito de prevaricación debería haber adoptado una resolución contraria a Derecho”. Por eso, el fiscal advierte que la ”mera irregularidad administrativa” o la ”discordancia interpretativa” de las normas ”no es bastante”.

De nuevo el pasado mes de noviembre la Fiscalía emitió otro auto ratificando aquellas mismas tesis y recomendando el sobreseimiento de la causa.

Pese a todo, la juez ha optado por seguir adelante con el caso y ordenar la celebración de un juicio que podría celebrarse en unos seis meses y en el que Pacheco se ha personado ya como acusación particular.

De hecho, hay que destacar además que al auto de la jueza se añade el escrito de acusación presentado por el abogado de Pacheco, que solicita para la exalcaldesa 23 años y 10 meses de cárcel por además de 20 años de inhabilitación en cargo y empleo público.