El Ayuntamiento de Jerez ha dado un nuevo paso en la privatización del servicio público de aguas al sacar a concurso el pliego de prescripciones que regula la concesión de Ajemsa. La intención del gobierno local es ceder la gestión municipal de aguas durante 25 años por un importe de 80 millones de euros. Por ese motivo, la Coordinadora en Defensa de la Gestión Pública del Agua en Jerez y el movimiento  ciudadano 15-M organizan durante esta semana una serie de actos para denunciar los riesgos que a su juicio conllevará la privatización y la necesidad de contar con un servicio cien por cien público.

Así, desde el pasado sábado hasta el 8 de septiembre hay programadas varias actividades. El primer sábado del mes se repartieron folletos informativos en el centro de Jerez, actividad que se extenderá durante toda la semana por diversas partes de la ciudad. Hoy miércoles 5 a las 19.00 horas en la Plaza del Arenal se organizará una charla sobre la gestión pública del agua a la vez que se hará un taller para preparar el pasacalles previsto para el día 8. El sábado 8 de septiembre, desde las 12.00 horas hasta las 14.00, habrá un pasacalles por la calle Larga y una jornada ciudadana de debate, donde los organizadores informarán sobre la privatización, las posibles consecuencias, las alternativas, etc.

La coordinadora quiere denunciar de nuevo que la privatización del servicio público de aguas es exclusivamente una operación financiera que tiene por objeto ceder un servicio de calidad, básico para la ciudadanía y rentable, a cambio de una cantidad de dinero que solo servirán para cubrir parte de la deuda que posee el Ayuntamiento. Por experiencias en otros municipios, como subraya el colectivo, este tipo de operaciones al final resultan más costosas para la ciudadanía y el erario público, pues a la subida del precio del agua se une la devaluación del servicio.

Un servicio de aguas que, además de ser de primer nivel y básico para la ciudadanía, puede ser viable y rentable desde la gestión pública, por lo que la coordinadora solicita al Ayuntamiento la retirada definitiva de la propuesta y la apertura de una proceso de diálogo y debate con los diversos agentes sociales y económicos de la ciudad para encontrar una salida.