La Unidad de del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la comunidad autónoma ha instruido diligencias por delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental contra tres personas vinculadas a operadoras dedicadas a la explotación de máquinas recreativas y de azar y que habrían podido defraudar más de un millón de euros. Los agentes han actuado a petición del Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos de la Delegación del Gobierno en Cádiz ante la información que obraba en su poder sobre el presunto fraude a Hacienda en el que estaría incurriendo esta organización, dejando de abonar las tasas fiscales por la instalación y explotación de máquinas recreativas en establecimientos públicos de la provincia de Cádiz.

 El fraude en el pago de estas tasas fiscales sobre el juego fue realizado por varias empresas que operaban en la zona de la Campiña de Jerez y la cantidad defraudada superaría el millón de euros. Los tres imputados por la Policía son el contable, el administrador de derecho (testaferro) y el administrado de hecho de una las empresas investigadas.

El informe emitido por la Agencia Tributaria, a petición de esta Unidad policial adscrita a la Junta, alertó de las irregularidades que se venían produciendo desde el año 2009 en el pago de este impuesto y que, contabilizadas por periodos impositivos, superaban los 120.000 euros, lo que suponía que había delito fiscal.

TESTAFERRO COMO ADMINISTRADOR ÚNICO

Posteriores investigaciones determinaron que la persona que aparecía como administrador único de las empresas era un testaferro que desconocía todo lo relacionado con las empresas operadoras dedicadas a este tipo de explotación, puesto que carecía de los conocimientos mínimos como para actuar como administrador único de una empresa de este tipo. Detrás del testaferro, que había adquirido la empresa en escritura notarial careciendo prácticamente de recursos económicos, se encontraba un empresario que era conocedor del funcionamiento de estas empresas en el ramo de las máquinas recreativas y de azar.

Las investigaciones policiales determinaron que la compraventa de la empresa originaria, que fue puesta a nombre del testaferro, fue realizada por el empresario que permanecía en la sombra. Este imputado efectuó los pagos generados por la compraventa y, a través de un tercero, formalizaba toda la documentación referente a las máquinas recreativas, presentado la misma en el Servicio de Juegos. De hecho, el testaferro negó que dichos documentos hubiesen sido firmados realmente por él.

Al tener conocimiento de la imputación y amparándose en el Código Penal que permite la regularización de la situación defraudatoria, los imputados han aportado avales suficientes para hacer frente a la deuda generada con la Hacienda Pública, aunque otro de los investigados abonó la deuda contraída efectuando diversos pagos en efectivo. Las diligencias policiales instruidas con las tres imputaciones han sido remitidas a la autoridad judicial competente.