No ha faltado ni uno. Todos los grupos políticos de la oposición y los sindicatos con representación municipal han protagonizado una comparecencia conjunta en la que han expresado su absoluta satisfacción con la sentencia que tumba el ERE del Ayuntamiento, al tiempo que han cargado sin piedad contra un gobierno al que acusan de haber realizado “una caza de brujas política con dinero público”. Todos ellos han trasladado un discurso parecido con un claro mensaje común: la exigencia de que sean readmitidos todos los afectados y la dimisión del gobierno local por haber llevado a cabo un Expediente de Regulación de Empleo que no se ajusta a Derecho.

Los primeros en alzar su voz han sido los representantes de las organizaciones sindicales, empezando por Lola Vázquez, de CC OO, que ha puesto el acento en que “el pueblo no puede seguir pagando con dinero público los errores del partido que lo gobierna”. Así, son contrarios a que el Ayuntamiento abogue por indemnizar a los perjudicados en vez de readmitirlos, que es una de las posibilidades que plantea el fallo judicial. “Entendemos que ha sido un despido político”, ha incidido Alfonso Cárdenas, delegado de UGT, en la misma línea de lo expresado por los representantes de CGT, la ATM y CTP. El delegado de este último colectivo, Juan Manuel García Hurtado, ha cifrado en alrededor de 30 millones de euros los que tendría que desembolsar el Consistorio si se acoge a las indemnizaciones, y “todo por una cabezonería e incompetencia”.

El plato fuerte de la comparecencia, sin duda alguna, ha corrido a cargo de los líderes de la oposición que han pedido sin ambages la dimisión del ejecutivo. “Esta sentencia supone un mazazo sin precedentes para la derecha -ha apuntado Pedro Pacheco-. La Justicia no es un cachondeo y ha demostrado que el gobierno actuó sin escrúpulos y a sabiendas de que estaba haciendo una purga política. Este gobierno está ya deslegitimado”. De esta forma, se ha preguntado qué sucederá ahora con todo el dinero que se desembolsó a Deloitte, la empresa encargada de gestionar el ERE, al igual que Miriam Alconchel, secretaria local del PSOE, que ha calificado todo el proceso como “una persecución política del gobierno”.

“Con el dinero público no se pueden cometer fechorías ni pagar indemnizaciones. Tendrán que responder ante todo este gasto”. El concejal de IU, Joaquín del Valle, ha adelantado que la readmisión de los 260 despedidos será solicitada mañana viernes en el Pleno municipal, en un acto de “defensa” de toda la ciudadanía. “Éste no es un problema de ellos, es de todos los ciudadanos, de la administración pública. Están saqueando la ciudad  y no van a pagar indemnizaciones con nuestro dinero”. Como ya se ha publicado, el Ayuntamiento tiene cinco días para tomar una determinación que pase por readmitir a los despedidos, o bien indemnizarlos. Sea de un modo u otro, los sindicatos han puntualizado que la ejecución de la sentencia seguirá adelante, independientemente de que la administración recurra el fallo.