REPORTEROS JEREZ ha avanzado esta mañana que la Guardia Civil y la Policía Nacional habían llevado a cabo una importante operación conjunta que había culminado pasadas las siete de la mañana con la detención de alrededor de veinte personas en diferentes zonas de Jerez por su implicación en el robo de cobro. Esta tarde, en una rueda de prensa, ambos Cuerpos han ofrecido una rueda de prensa conjunta en la que se han  ofrecido más detalles de la misma.

Así, han informado de que la bautizada como ‘operación Fema-Cooper’ ha permitido detener y poner a disposición judicial a concretamente 19 personas, a las que se considera integrantes de un grupo “perfectamente organizado y jerarquizado” responsable del robo de una gran cantidad del cableado de alumbrado público del Ayuntamiento de Jerez, y que habría llegado a dejar sin servicio a un 30% de la ciudad. Esto habría implicado que más de 80.000 ciudadanos se han podido ver afectados por la falta de alumbrado público a causa de eso. De la misma forma, se imputado al propietario de una chatarrería de La Barca de la Florida como presunto autor de un delito de receptación.

La operación tuvo lugar tras un intercambio de información entre el Grupo de Patrimonio de la Policía Nacional de Jerez y el Grupo Cobre de la Guardia Civil de Jerez para esclarecer la autoría de la sustracción del cableado del alumbrado público de la ciudad, llegando a la conclusión de que ambas unidades se encuentran trabajando en la misma línea de investigación, por lo que se optó por realizar un operativo conjunto y coordinado que permitiese la detención de lo que parecía ser “un grupo organizado, muy activo y con una gran capacidad de movimiento”.

La investigación permitió identificar a los responsables de una serie de ventas de cable de cobre que despertaron las sospechas de los mismos, coincidiendo el material robado con la venta realizada. Una vez cotejado el cable e identificado por parte de los técnicos del alumbrado público, se procedió a centrar las investigaciones en este grupo de personas aunque sin descartar otras líneas de investigación.

Con las pesquisas ya avanzadas, se localizaron los domicilios de los investigados, se conoció su rutina, forma de operar, movimientos diarios, el rol que cada uno de los investigados desempeñaba “en lo que se demostró ser una organización perfectamente estructurada con el único fin de delinquir”, y localizando los establecimientos donde habían realizado las ventas del material robado.

En uno de estos locales habían realizado la mayoría de las transacciones, “siendo totalmente presumible que tenían conocimiento del origen ilícito de la mercancía y, por lo tanto, que su responsable podría ser autor de un delito de receptación, mientras que los responsables de los demás establecimientos habrían cometido diversas infracciones administrativas”.

VIOLENCIA, COACCIONES Y AMENAZAS

Los ahora detenidos poseen un amplio historial delictivo y, según los responsables de la operación, no dudaban en emplear la violencia, las coacciones y las amenazas sobre los empleados de los establecimientos, si las transacciones no se realizaban a su satisfacción.

En las primeras horas de este miércoles, se procedió por parte de los agentes de unidades de control de masas a realizar  un dispositivo de cierre sobre las barriadas donde residen los detenidos, todo ello para garantizar la seguridad de los agentes que realizarían las detenciones y en evitación de fugas o altercados. De esta manera se llevaron a cabo las 19 detenciones.

También se llevó a cabo la detención del responsable de la chatarrería investigada como responsable de un delito de receptación, interviniéndose 6.000 kilogramos de cable de cobre procedente del alumbrado público de la localidad y esclareciendo 61 robos de este material, que había llegado a dejar sin luz al 30% de las calles de la localidad.

Este tipo delictivo está ocasionando graves perjuicios a las instituciones de todos los ámbitos, puesto que la valoración de los daños va más allá del valor de los cables que se han cortado, ya que para poner de nuevo en servicio estas instalaciones se requiere la contratación de empresas especializadas, peticiones de material, abono de indemnizaciones a los usuarios afectados, etc. Además, en ocasiones, para reponer un corte de unos metros de cable es necesario reponer líneas enteras, que algunas veces son de kilómetros.

Además del perjuicio económico y social que este tipo de hechos delictivos suponen, éstos conllevan un gran peligro para la vida de los autores, puesto que el material que manipulan soporta corrientes de alta tensión de miles de voltios, no siendo extraño que se produzcan lesiones que en ocasiones suponen la muerte para quienes manipulan este material.