La Asamblea Local del PSOE-A de Jerez, la primera que celebra la nueva Ejecutiva que lidera Miriam Alconchel, aprobó este sábado varias resoluciones en defensa del mantenimiento del empleo en el Ayuntamiento de Jerez,  contra la privatización de Ajemsa y contra la reforma local que el gobierno del PP va a poner en marcha para restar competencias y democracia a los ayuntamientos, además de una resolución de apoyo al Decreto aprobado por el gobierno andaluz sobre los desahucios, otra en apoyo de los antiguos trabajadores de Williams & Humbert  y sobre las obras de la carretera de La Barca.

En concreto, la resolución que hace referencia al empleo es un pronunciamiento en contra del ERE aplicado por el gobierno del PP en el Ayuntamiento de Jerez, en la que se solicita la readmisión de los despidos tras la sentencia del TSJA que declara “no ajustado a derecho” el despido colectivo que ha afectado a 260 trabajadores municipales. Se trata, por tanto, de una defensa por el mantenimiento del empleo público y en contra de la aplicación de nuevos despidos en las empresas municipales. En la misma resolución se solicita la dimisión de la alcaldesa y de los delegados municipales que han participado en la elaboración y aplicación del ERE.

En relación con las políticas que el PP está emprendiendo en la administración local, la Asamblea también se ha pronunciado en contra de la reforma local que el gobierno central va a poner en marcha, por cuanto supone restar competencias y participación democrática a los ayuntamientos, sin obviar que esta reforma supone una agresión a la autonomía municipal, conlleva la desaparición de muchos municipios y Entidades Locales Autónomas (ELAs) y abre la puerta a la privatización de servicios públicos, lo que provocaría la destrucción de más empleo en el sector público.

Una reforma perjudicial

El PSOE-A de Jerez considera que esta reforma es lesiva para los intereses de los ciudadanos, porque no sólo resta democracia y participación sino que pone en peligro el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad, por lo que se solicita la retirada por parte del gobierno del Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local y propone abrir un proceso de negociación de todos los grupos parlamentarios y la FEMP, para abordar la reforma de las leyes que regulan el mundo local fortaleciendo la autonomía local, sus competencias y garantizando su financiación, además de los derechos sociales de los ciudadanos.

En relación con la defensa de lo servicios públicos, la asamblea se ha pronunciado en contra de la privatización de empresas municipales, como es el caso de Ajemsa, y ha mostrado su más firme oposición a este proceso que se materializado hace escasos días por parte del gobierno municipal del PP. En la resolución aprobada al respeto se ha puesto de manifiesto también un apoyo explícito a la plataforma y a los colectivos ciudadanos que se han manifestado en contra de la privatización del ciclo integral del agua. El PSOE ha mostrado su firme compromiso de rescatar la concesión del ciclo integral del agua para que vuelva a ser de carácter público cuando gobierne.

Apoyo a las medidas de Andalucía contra los desahucios

La asamblea ha mostrado también su apoyo a la decisión adoptada por el gobierno andaluz en relación a las viviendas vacías de bancos e inmobiliarias para garantizar el cumplimiento de la función social de la vivienda para las familias con menos recursos que están siendo víctimas de desahucios. En este sentido se va a trasladar el apoyo del PSOE jerezano al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados y del Senado para hacer posible el debate en ambas Cámaras de las propuestas recogidas en la Iniciativa Legislativa Popular, promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, para implantar la dación en pago retroactiva y paralizar las ejecuciones hipotecarias, además de solicitar que se incopore como enmienda el  Decreto del Gobierno andaluz referido anteriormente. Esta resolución, que responde a la preocupación del PSOE por el drama social de los desahucios, se completa con la creación de una gabinete jurídico de asesoramiento para los ciudadanos afectados y la petición para que se cree un parque público de alquiler social.

Por último, la asamblea ha mostrado su apoyo a la ejecución de la prolongación de la carretera de La Barca A-2003, en el tramo que va desde Las Aguilillas y Venta Las Cuevas, para que se mantenga el compromiso de las actuaciones previstas en el primer proyecto por parte de la empresa constructora, debido a que si no se acometen esas obras no se eliminaran los puntos de peligrosidad en esa vía.

La asamblea ha manifestado también su apoyo a los antiguos trabajadores de la bodega Williams & Humbert, en la que se solicita a la Consejería de Economía, Innovación y Empleo la actualización de las retribuciones pendientes con este colectivo.