El juicio por el ‘caso de los Asesores’ contra Pedro Pacheco, José López y Manuel Cobacho ha quedado visto para sentencia después de una última sesión extensa en la que cada parte ha expuesto sus conclusiones y alegato final. Llamativa aunque esperada ha sido ha sido la reducción de penas solicitada por la Fiscalía, que ha pasado de pedir 17,8 años de cárcel y 28 de inhabilitación para el exalcalde, a 6 y 10 respectivamente. En lo que se refiere a los otros dos procesados, ha fijado su petición en 4,5 años de cárcel para ambos y 8 de inhabilitación para López y 7 para Cobacho. Los delitos imputados, no obstante, siguen siendo los mismos: presunta prevaricación, malversación y falsedad documental, con la salvedad de que se han sustituido los tres de cada tipo atribuidos a Pacheco y los dos a López por uno solo pero continuado. La fiscal Anticorrupción, Virginia Alonso, ha protagonizado un dilatado discurso centrado en la presunta impunidad con la que los acusados, especialmente el líder de Foro Ciudadano, hacían y deshacían como creían conveniente dentro del ámbito municipal.

“Ante la evidencia de que López y Cobacho no habían sido designados como asesores por el pleno, acordaron aprovecharse de la condición de vicepresidente de Speed Festival y Emusujesa de Pacheco para ganar dinero con cargo al erario público... Nadie puede hacer lo que le dé la gana en el ámbito de lo público”. En este sentido, Alonso incidió en que el pleno era el único legitimado para llevar a cabo el nombramiento de asesores, fijando un número concreto de éstos que ya había sido ocupado por otras personas con anterioridad a la contratación de los dos colaboradores de Pacheco. En cuanto a los contratos en sí, recordó que en uno de los casos solo fue verbal, algo que “está prohibido en la administracion”, sin olvidar que ninguno de ellos se atuvo a los requisitos de concurrencia y publicidad “que son vinculantes siempre, cuando se trata de brazos ejecutores de la administración local”.

Igualmente mencionó la peculiaridad de que no tuvieran una fecha de expiración, dado que se trataba en teoría de trabajos de asesoramiento concretos, destacando las cantidades astronómicas que se pagaron (32.407, 74.580 y 99.856 euros en cada contrato) por una labor que nunca quedó acreditada. “No sabemos qué se hizo, ni los presupuestos ni qué costaba nada”, sentenció. Tras su alocución llegó el turno de Juan Pedro Cosano, abogado del Ayuntamiento como acusación particular, que detalló la reducción de penas solicitada que ya había anunciado el día anterior pasando de 18 a 4,5 años de cárcel para Pacheco y 8 de inhabilitación; 2 años y 3 meses de prisión para López y Cobacho y 5 años de inhabilitación también para los dos. En lo que respecta a sus conclusiones, tras alabar el informe de la fiscal y adherirse al mismo, hizo hincapié en la ilegitimidad de los contratos, asegurando incluso que “aunque hubieran sido legales, se habría prevaricado ante la evidencia de no cumplirlos”.

IMPUNIDAD Y ALEJAMIENTO DEL MARCO LEGAL

“Los contratos fueron contrarios al interés público, no idóneos y carentes de objeto. Su única causa fue el enriquecimiento de los adjudicatarios”. Asimismo, resaltó que su celebración se produjo dejando a un lado los requisito legales “en un claro desprecio a los intereses generales”, puesto que no solo se pasó por el alto el nombramiento del pleno sino también los consejos de administración de las empresas, a las que había que haber dado traslado de las contrataciones. “Durante años ha habido en Jerez mucha sensación de impunidad que tiene que acabar”, concluyó, al tiempo que ironizó sobre las reuniones de trabajo “celebradas en los bares” de las que algunos testigos habían hablado. Felipe Meléndez, letrado de Pacheco, fue el tercero en exponer su informe final incidiendo como es lógico en la libre absolución de sus representados, al igual que los abogados de López y Cobacho.

Lo primero que hizo la defensa del exalcalde fue establecer el evidente paralelismo con el ‘caso de los Asesores’ en el que está imputada la exalcaldesa, Pilar Sánchez, declarando no comprender la actuación de la Fiscalía, que en este último procedimiento ha pedido el archivo de actuaciones contra la antigua edil. Del mismo modo criticó el hecho de que Alonso haya reducido la petición notablemente a mitad de juicio, cuando las razones esgrimidas “ya existían durante la calificación”. En cualquier caso, el letrado centró su discurso en la legitimidad otorgada a Pacheco para nombrar asesores en virtud del documento de desarrollo del acuerdo plenario presentado ayer, insistiendo en la libertad o discrecionalidad de contenido que caracteriza el contrato de un asesor. “Se pueden haber equivocado en las formas del contrato pero no en el contenido, igual que ocurre con los asesores de la señora Sánchez”. 

Aquí radica precisamente el quid de la cuestión planteada por Meléndez, que va en la línea de lo declarado por el catedrático Rivero cuando ayer afirmaba que “se pudo incurrir en irregularidades pero no se contravino una sola norma”. “Estamos en todo caso ante unas infracciones administrativas -apuntó el abogado-… Si la materialización del contrato no es conforme a la legislación, habrá que preguntárselo a quien lo redactó. Se está criminalizando algo que debería haber ido a otro orden jurisdiccional”. Así, insinuó (aportando un cierto matiz cómico en su parrafada final) que todo se debía a una clara intención con tintes políticos: “Todo esto me recuerda a la canción de Lola Flores titulada cómo me las maravillaría yo… En este caso, cómo me las maravillaría para condenar a Pacheco”.