“No vamos a permitir ninguna reducción ni discriminación para nuestros agricultores en la distribución de las ayudas de la PAC”. Así de rotunda se ha mostrado hoy la diputada socialista Mamen Sánchez tras conocer que lo que el Ministerio ofrece a Andalucía supone una pérdida de entre 458 millones y 724 millones de euros para los próximos siete años en el volumen de ayuda respecto a lo que reciben nuestros agricultores y ganaderos en la actualidad.

“Esperemos que el Ministro recapacite de cara a la Conferencia Sectorial de la próxima semana y sea sensible con su tierra en el reparto de las ayudas”, añade Sánchez. Según la diputada, “la  nueva PAC no tiene en cuenta la realidad del campo gaditano y de las explotaciones agrarias y ganaderas, y prima más los intereses territoriales y sectoriales”. “Hay que poner el valor a quien verdaderamente trabaja en el campo y vive de él, a aquellos agricultores y ganaderos que proporcionan alimento a los ciudadanos, que venden los productos que cultivan y no a quienes solo van en busca de subvenciones”, ha apostillado.

Por todo ello, los socialistas apuestan por definir al “agricultor activo”; es decir, todo aquel que tenga derecho a recibir las ayudas, ya que, según el documento  que el Ministerio ha enviado a las comunidades autónomas, recibirían ayudas  “todos aquellos que pudieran justificar un diez por ciento de ingresos sobre el total de lo que perciben”. Mamen Sánchez pone un  ejemplo: “Si  un agricultor  recibe una ayuda de 6.000 euros, solo tendría que justificar 600 euros de venta de producto, algo inaceptable, porque solo beneficiaría a los caza primas, aquellos que únicamente buscan las subvenciones pero que ni producen nada ni generan empleo”.

Asegura que el PSOE va a proponer que se valore la contribución de la actividad agraria a la generación de empleo a efectos de cobrar las ayudas y excluir a quienes no contribuyan al mismo. Asimismo, el secretario de agricultura del PSOE de Jerez, Rafael Martín señala que “la propuesta del ministro Arias Cañete sobre financiación del Desarrollo Rural para Andalucía en el nuevo período supone una reducción arbitraria e inasumible para nuestro sector agrario”.

Conviene recordar- señala Martín- que en el período anterior 2007-13, con un Gobierno Socialista en Madrid, Andalucía consiguió que se tuvieran en cuenta factores como la población rural o el desempleo en las zonas rurales para la fijación del reparto, lo que significó que Andalucía recibiera el 26,5 % de los fondos nacionales, o lo que es lo mismo, más de 2.100 millones de euros para dicho período. “Siete años después- continúa Martín- con un ministro Andaluz y con un Gobierno del PP se quieren obviar estos criterios para favorecer a otras Comunidades y castigar a Andalucía, proponiendo una financiación que nos situaría con un 20 % de los fondos nacionales, o sea, más de 500 millones de euros menos, y favoreciendo a Comunidades como Castilla León (430 millones más), Castilla La Mancha (100 millones más) o Extremadura 140 millones más).”

Para el socialista  “se quiere así obviar que la población ocupada agraria en Andalucía es del 7,8 %, doblando la media nacional (4,2%), o que la renta agraria de Andalucía sea el 32,7% de la renta agraria española. “Atacar al sector agrario andaluz es atacar nuestro sector productivo más importante y es atacar nuestra cohesión territorial”, concluye.

El PSOE de Andalucía ha exigido al ministro Arias Cañete, como cuestión irrenunciable, el mantenimiento de la ficha financiera de las ayudas directas percibidas por los agricultores y ganaderos andaluces en 2007-2013 y el total de las ayudas que percibe la comunidad autónoma en concepto de desarrollo rural.