Facua Cádiz considera una salvajada el corte de suministro a más de un centenar de familias en La Barca de la Florida, en el marco de una campaña cuya puesta en marcha ha sido reconocida por la empresa suministradora de este servicio (Aqualia Jerez), y que se ampliará paulatinamente al resto del municipio.

La organización de consumidores entiende que la privación de un suministro básico como éste, aunque se efectúe de manera conforme a lo establecido por la normativa vigente, que, entre otros supuesto, contempla el corte por impago, deben de ser tratados con Responsabilidad Social, tanto por parte de la empresa, como por parte del Ayuntamiento, que hay que recordar que es el responsable, en última instancia, de la prestación del servicio en condiciones de calidad.

La asociación considera que en estos momentos de prolongada crisis económica, dónde muchas familias están teniendo serias dificultades para abonar servicios fundamentales, incluso para adquirir alimentos, los poderes públicos deben establecer medidas y mecanismos para que los suministros básicos sean un derecho de la población y no una prestación caritativa.

Particularmente, Facua Cádiz señala que el derecho al agua se encuentra reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que a través de su Resolución 64/292 exhorta a los Poderes Públicos a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento accesible y asequible para todos. La Asociación hace un llamamiento al Ayuntamiento para que frene esta campaña, y  ponga a trabajar a todas las estructuras del municipio para que ningún jerezano quede sin servicio de agua por problemas económicos, atendiendo a la máxima de que este suministro es un derecho y no un negocio.

Facua Cádiz considera que esta actuación es consecuencia de la privatización de la gestión del servicio. Según esta organización, es significativo que en el escaso tiempo transcurrido desde que la gestión del servicio pasara a manos privada se hayan registrado varias incidencias graves, como la aplicación de un impuesto del que Aguas de Jerez se encontraba exonerada (lo que supuso un incremento del coste del recibo) y el envío injustificado de notificaciones a los clientes por supuestos impagos, provocados por problemas entre la empresa prestadora y las entidades bancarias. Todo ello, a juicio de esta asociación, justifica su posicionamiento y el de otras organizaciones sociales integradas en la Plataforma Social en Defensa del Agua Pública en contra de la venta de Aguas de Jerez.

Finalmente, la asociación recuerda a los usuarios que, antes de interrumpir el suministro, la empresa debe remitirles un aviso fehaciente, por lo que, en aquellos casos en los que la empresa no haya emitido dicha comunicación, pueden denunciarla y exigirle que se les exonere de tener que abonar la cuota de rehabilitación del servicio. Asimismo, si los usuarios pueden demostrar que el corte de suministro se ha efectuado injustificadamente (por encontrarse al corriente de pago), deben, además, reclamar a la empresa el pago de los posibles daños y perjuicios que el corte les haya podido ocasionar.