La Consejería de Justicia e Interior ha hecho efectivo un nuevo pago de 788.926 euros a los consejos andaluces de abogados y procuradores para sufragar la asistencia jurídica gratuita que prestan estos profesionales en la provincia de Cádiz, abono con el que comienza a dar cumplimiento al compromiso de los plazos de pagos acordado por la Consejería y el Consejo Andaluz de Abogados el pasado mes de noviembre.

Este abono corresponde a las cuotas pendientes del primer y segundo trimestre de 2013, de los cuales 205.142 euros se han destinado al pago de los procuradores y 583.784 euros al de los letrados y se refieren a los servicios prestados y certificados por los respectivos colegios profesionales de la provincia de Cádiz.

Con este nuevo pago, el importe abonado en esta provincia desde 2013 se acerca a los siete millones de euros por la prestación de este servicio, lo cual ha permitido rebajar el volumen de los pagos pendientes por la prestación de este servicio y los plazos de abono.

El delegado del Gobierno andaluz, Fernando López Gil, ha manifestado que este abono “demuestra el compromiso con la justicia gratuita y el cumplimiento del acuerdo alcanzado con los abogados para avanzar en el abono de este servicio fundamental para la ciudadanía y garantizar así su prestación en la compleja coyuntura económica y presupuestaria actual, tal como viene realizando desde que comenzó la legislatura”. Al respecto, ha recordado el acuerdo alcanzado por el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, con los responsables de los colegios de abogados andaluces  acordaron en noviembre un nuevo plazo de pagos para la asistencia jurídica gratuita con el objetivo de liquidar todos los servicios prestados y certificados de 2013 realizados por estos profesionales.

En virtud de ese acuerdo, la Consejería de Justicia e Interior sigue abonando mensualmente diversas cuantías de este servicio y se compromete a sufragar en los próximos tres meses los citados servicios prestados que quedan pendientes del año pasado. Con este nuevo pago que acaba de realizar la Junta, el importe abonado en el último año alcanza los 40 millones de euros por la prestación de este servicio, lo cual ha permitido rebajar el volumen de los pagos pendientes por la prestación de este servicio y sus plazos de abono.

El delegado del Gobierno ha insistido en destacar “el gran esfuerzo que realizan los más de 8.000 letrados y procuradores andaluces en la prestación de la asistencia jurídica gratuita, y resalta su dedicación y compromiso por el sostenimiento de este servicio esencial para garantizar el principio de igualdad de la ciudadanía ante la Justicia”.

Según el delegado, el respaldo económico al programa de asistencia jurídica gratuita es una prioridad del Gobierno andaluz y forma parte de las políticas sociales y de igualdad que viene defendiendo frente a los recortes y la austeridad impuestos por la crisis, todo ello con el objetivo de garantizar este servicio de representación letrada en procesos judiciales a la ciudadanía que no dispone de recursos económicos suficientes para su defensa ante los tribunales.

La Justicia Gratuita es un derecho básico por el que la Junta de Andalucía hace frente a los gastos que genera el turno de oficio, que es la defensa y representación gratuita; el turno de guardia, que es la asistencia letrada al detenido; y los gastos de funcionamiento de los colegios por la prestación del servicio.