El juicio por el denominado ‘caso desvío de fondos’ contra la exalcaldesa de Jerez y actual directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, Pilar Sánchez, ha quedado este martes visto para sentencia. Sánchez, que cabe recordar que está acusada de un presunto delito continuado de prevaricación en concurso medial con el de fraude en subvenciones, ha vuelto a prestar declaración en esta cuarta y última sesión, y se ha ratificado en lo dicho en sesiones anteriores. También se han ratificado el interventor y el tesorero del Ayuntamiento, que han declarado otra vez a petición de la defensa de la que fuera primera edil jerezana en la pasada legislatura.

En su alegato final, el fiscal, que pide para la exalcaldesa socialista tres años de cárcel, 12 de inhabilitación especial para cargo público y una multa de 8,6 millones de euros, ha puesto en tela de juicio que, como declaró la imputada la semana pasada, informara al Gobierno de que iba a utilizar fondos del Plan E para pagar la nómina a la plantilla municipal y a las concesionarias, ni que existiese un plan formal de reintegro del dinero destinado al abono de nóminas. De la misma forma, entiende que existe la “posibilidad real de duplicidad de pagos” de algunas de las obras enmarcadas en el Plan E a causa del uso de estos fondos.

Por su parte, el abogado de Pilar Sánchez ha pedido su libre absolución, afirmando que se limitó a usar fondos públicos para cumplir “una obligación”. También ha insistido en que “el Código Penal no contempla lo que se ha enjuiciado estos días”, aludiendo en este punto a una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 2012 que, según afirma, anuló la disposición séptima del Real Decreto de 2009 por el que se regulaba el Plan E. Dicha disposición aludía al principio de la cuenta restringida, según ha detallado. Ha subrayado igualmente que nadie le advirtió de que podía estar incurriendo en un ilícito penal, pese a que ella lo preguntó “hasta la saciedad”.

Por su parte, Pilar Sánchez ha remarcado en su declaración que “a ningún alcalde de la historia le han juzgado por pagar las nóminas” y está convencida de que ella será “la única”. “No me llevé nada, no fui la beneficiaria y tampoco lesioné al Ayuntamiento”, ha afirmado, apuntando al mismo tiempo que ella no contrató a ninguno de los trabajadores a los que pagó las nóminas.

Se ha mantenido firme en que adjudicó todas las obras y cumplió con el objetivo de creación de empleo y en que las operaciones financieras para reponer las cantidades tardarían más o menos en llegar, pero “siempre se hacían”.

Finalmente, ha llamado la atención sobre el “daño”, la “inseguridad y miedo” que este caso le ha ocasionado a ella y a su familia (tiene sus cuentas embargadas y un embargo de señalamiento en su vivienda), pese a lo que tiene “plena confianza en la justicia”.