Todas las asociaciones que representan a las alrededor de 19.000 personas con discapacidad que hay en la ciudad y la comarca se unieron ayer para dar la voz de alarma por la situación de pérdida de derechos y de disminución de la atención a la que les empujan los recortes y los impagos de la administración.

Estas entidades, casi una decena que suman entre todas cerca de 300 trabajadores y más de 100 voluntarios y atienden directamente a unas 1.000 personas, denuncia que desde hace ya años -”porque la situación no es nueva y ya arrastramos el problema desde 2008″- soportan una deuda acumulada por parte de las distintas administraciones de más de dos millones de euros. Una deuda que ya es insostenible y que de no mediar soluciones puede poner en jaque la continuidad de sus servicios.

Tras un cartel con el lema ‘Sos Discapacidad. No hay nada que celebrar’, el Defensor de la Ciudadanía,Francisco Reinoso, fue el encargado de leer el manifiesto en el que estas asociaciones aseguran que “se han encendido todas las alarmas” por la crítica situación que atraviesan. Las asociaciones que firman esta denuncia son Adifi (Asociación de personas con discapacidad física), Afanas, Afemen (Asociación de familiares y personas con enfermedad mental), Agdem (Asociación gaditana de esclerosis múltiple), Afa-Alzheimer La Merced, Asmelt (Asociación de solidaridad con los discapacitados psíquicos), Aspanido (Asociación de padres de niños con síndrome de Down) y Fundación Aspace Sur y Upace, dedicadas a la atención integral de personas con parálisis cerebral y trastornos afines. Junto a ellas las asociaciones de la zona rural, que dejaron claro que su situación es aún “más complicada y agónica”.

Fue el gerente de Afemen, Blas García, el que dejó claro que se ha hecho un esfuerzo conjunto de todas las asociaciones para crear una plataforma con una sola voz en defensa de los derechos de todas las personas con alguna discapacidad. Y lo hacen para defender los derechos del colectivo porque, como dijo la representante de Aspanido, Juana Zarzuela, “la discapacidad llegó tarde al Estado de Bienestar y ha sido la primera en salir”.

Todas estas entidades denunciaron que vienen sufriendo una pérdida progresiva de plazas en los distintos servicios concertados para discapacitados, tanto por las que no se renuevan al quedar libres, como de las previstas a corto plazo y ya habilitadas. Y recalcan que los recortes e impagos atentan directamente contra los derechos humanos. “Son logros irrenunciables que deben ser mantenidos a toda costa”, apuntaron.

Recordaron además que el impacto de la crisis económica y de empleo es mucho mayor en las personas con discapacidad y sus familias, por el mayor coste que supone para la economía doméstica la atención a este colectivo. “La crisis económica y social no puede servir de coartada o pretexto para reducir los apoyos y recursos que necesitan estas personas para poder mantenerse en la comunidad con un nivel de vida digno”, reza el manifiesto leído ayer.

Pusieron de relieve que son entidades que prestan servicios que debe cubrir la Administración,  ”que si los gestionara ella misma resultarían menos gravosos”. Y dejaron claro que los atrasos en los pagos hacen que esta labor asistencial corra un claro peligro de colapso, sobre todo en el ámbito de empleo, con la posible desaparición de entidades, por falta de financiación, lo que conllevaría un aumento de la exclusión social.

Tampoco dudaron en apuntar que “la crisis no puede servir de coartada para reducir los apoyos y recursos que necesitan estas personas para mantenerse en la comunidad con un nivel de vida digno”. Pero eso va a ocurrir si no hay solución porque los recortes repercuten precarizando los servicios que ofertan y poniendo en duda su propia continuidad”.

Por todo ello, Flaviano Valencia de Afanas dejaba claro que “la Administración tiene que priorizar cuáles son sus gastos. No es igual invertir en infraestructuras, que sí, que es importante y genera puestos de trabajo, pero es que las asociaciones que nos dedicamos a la labor asistencial también creamos empleo y además en Jerez estamos atendiendo a unas 1.000 personas. El poco dinero que tienen las administraciones tienen que saber distribuirlo”.

De ahí que acabaran celebrando el Día de la Discapacidad pidiendo un gran pacto de Estado para evitar el desmantelamiento de este sistema, y que se habilite un mecanismo extraordinario que dé fondos para saldar la deuda con estas asociaciones.

Críticas de Adifi al acto de ayer

Por su parte, la polémica del día estuvo en la convocatoria del propio acto de lectura del manifiesto, ya que una de las organizaciones firmantes, Adifi (discapacidad física), reprochó que no se había escogido un lugar adecuado para ello ya que se trataba de un local no adaptado al que no pudieron acceder. Su presidenta, María del Carmen Menacho, apuntó que “nos hemos visto coaccionados, porque queríamos hablar y no hemos podido”, y pidió sensibilidad dentro del propio colectivo hacia este tipo de situaciones.