La sección octava de la  Audiencia Provincial de Cádiz condena a Pedro Pacheco, como exdelegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez, y al que fue gerente municipal de Urbanismo, Luis Cruz de Sola, a la pena -cada uno-  de 1 año y 2 meses de prisión por un delito de fraude a la administración, y a la pena de 8 meses de prisión por un delito de falsedad en documento mercantil, y otro tercer delito de prevaricación, todos ellos por su autoría en las irregularidades en la financiación de las reformas de la casa de la Hermandad del Rocío de Jerez en la aldea almonteña. Leer noticia completa

El Xerez DFC sigue a la espera. El club jerezano se acerca a su primer año de vida y, a pesar de haber obtenido el respaldo de las instituciones, aún no ha podio verse las caras con Eduardo Herrera, presidente de la Federación Andaluza de Fútbol. Leer noticia completa

La exalcaldesa socialista de Jerez y actual directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales de la Consejería de Educación, Pilar Sánchez, declaró este martes durante el juicio del ‘caso asesores’ que “jamás se pactaban contratos en el ámbito de la Alcaldía”, pues llegaban a su mesa “hechos y supervisados”, con “la propuesta hecha con su consignación presupuestaria y dando fe de que estaban ajustados a derecho”.

Durante una hora de declaración, Sánchez, que está acusada de un delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental por cinco presuntos casos de ‘enchufismo’ en la contratación de asesores y personal de confianza, negó cualquier relación “de amistad o personal” con los cinco contratados, que también se sientan en el banquillo de los acusados junto a un técnico del Serjil -agencia de colocación dependiente del Ayuntamiento- que participó en la preselección de tres de los cinco contratos.

La exalcaldesa, que no ha contestado a las preguntas de la acusación popular que ejerce el también exalcalde jerezano Pedro Pacheco, dejó claro que no intervino “de ninguna manera en ningún proceso de selección” y que cuando los contratos llegaban a su mesa comprobaba que tuvieran consignación presupuestaria por parte de la Intervención y el visto bueno del secretario general del Ayuntamiento.

Asimismo, Sánchez insistió en que “no llamé nunca ni a ningún técnico ni a ningún delegado para contratar a nadie” y recordó que en 2005, cuando llegó a la Alcaldía -hasta 2007 gobernó en coalición con Pacheco por el pacto PSOE-PSA- “cada tres o seis meses tenía que dar continuidad a 500 contratos de personal eventual de la anterior etapa de la persona que me acusa”.

En este sentido, defendió que las firmas diarias de contrataciones en su mesa eran “numerosísimas” y que “no tenía que dudar que aquello no estuviese ajustado a la ley” ni “nunca tuve un informe en contra” que le advirtiera de lo contrario, ya que “si lo hubiera visto no hubiera firmado”.

Respecto a los dos contratos de “alta dirección” para personal de confianza firmados en 2005 y 2006 para Francisco Gil y Rosario Cano -también imputados por esta causa-, la exalcaldesa aseguró que ambos tenían “toda la capacidad y la solvencia” para desarrollar su trabajo y que ambos eran funcionarios (de otras administraciones públicas) y, por tanto, “no contraté a ningún parado para venir al Ayuntamiento”.

Sobre los tres contratos laborales suscritos a través de una preselección en el Serjil, aseguró que tanto la que luego sería la exdelegada municipal de Medio Ambiente África Becerra, contratada en este caso como “técnico de Medio Ambiente”, como Rubén Pérez, contratado como delineante, ambos imputados y militantes del PSOE, formaban parte de “otra familia” del PSOE ”con otras sensibilidades”.

Respecto al tercero, el de Dolores Caravaca, también procesada, explicó que “no era una persona significativa en el partido” y precisó que no tenía con ella una “relación personal”.

En la vista de este martes, que se reanudó con la declaración de Sánchez al mediodía después de que el tribunal rechazara las cuestiones previas de las defensas tras varios recesos, declararon también cuatro de los otros seis imputados, entre ellos José María Martínez, el técnico municipal del Serjil que participó en la preselección de los contratos y firmó los expedientes “por orden de la jefa de departamento”.

En este sentido, negó que recibiera “presiones” para realizar sus funciones de preselección y aseguró que la única relación “profesional” que mantenía entonces era con su superiora, descartando que hubiera ejercido cualquier función como “directivo” ni percibiera un “sobresueldo” por su cometido.

La vista se ha reanudado este miércoles con la declaración de los dos imputados pendientes de declarar ante el tribunal, Francisco Gil y Rosario Cano, quienes se beneficiaron de contratos de alta dirección, y los testigos, entre los que estaba citado el exalcalde Pedro Pacheco. Sin embargo, Pacheco no ha declarado porque tanto defensa como acusación (su propio abogado) han renunciado a ello

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado la sanción de 22.000 euros que la Comisión Nacional de la Competencia impuso a COAG Cádiz por un supuesto acuerdo de precios alcanzado entre productores de uva y bodegas dentro del Plan Estratégico para el Marco de Jerez. Así lo confirma la organización en un comunicado, en el que también muestra su satisfacción por la anulación de la sanción. Como se recordará, en octubre de 2011 la CNC le impuso una sanción de 22.000 euros por considerarla responsable de “una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por haber llevado a cabo una práctica concertada para fijar los precios de la uva y el mosto contraria a dichos artículos”. Leer noticia completa

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Jerez acogerá en la jornada de hoy  la toma de posesión del nuevo fiscal jefe de la Fiscalía de Área de Jerez. Como se recordará, Francisco García Cantero fue designado el pasado 7 de junio por el Consejo Fiscal, tras dos días de deliberaciones y una lucha encarnizada por la plaza con la fiscal antidroga Marián González Roldán. Leer noticia completa

Casi 300.000 personas vieron a través de la pequeña pantalla el partido que enfrentó el pasado sábado al Xerez contra el Elche. En concreto, fueron 296.000 las personas que se plantaron delante del televisor a eso de las nueve y media de la noche para ver Marca TV, lo que supone un 1,7 % de la audiencia (según los datos ofrecidos por el periodista de Marca TV, Miguel Lartategui). La cifra puede ser positiva si se compara con el otro partido de Segunda que ofreció el canal deportivo (Almería-Mirandés, 243.000 espectadores y un 1,6%), pero se queda un tanto ridícula si se coloca en una balanza junto a las audiencias del Real Oviedo-Real Madrid C. Y es que el partido de Segunda División B fue visto por 428.000 televidentes, o lo que es lo mismo el 2,7 % de la audiencia.

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La Audiencia Provincial de Jerez acoge el inicio del juicio por el crimen de Francisco C. B., el joven de 21 años que perdió la vida en Las Tablas tras una disputa por una trituradora de marihuana. Aunque se esperaba la declaración del acusado, Adrián S. F., la demora en la constitución del jurado popular ha provocado que finalmente su testimonio sea aplazado a la sesión del martes. Como ha confirmado a este medio el abogado de la acusación particular, Álvaro Cosano, una vez establecido el tribunal solo ha dado tiempo a las alegaciones previas de las partes, esto es, Fiscalía, defensa y acusación.

Cada una de ellas se ha retificado en su petición inicial. Así, el fiscal ha trasladado su intención de solicitar 16 años de prisión por un presunto delito de asesinato, atenuado por la confesión del procesado a la Policía. Cosano, por su parte, eleva a 20 años la petición de cárcel, mientras que la defensa pide entre 5 y 7 años con la concurrencia de cuatro atenuantes: obcecación, confesión del delito, drogadicción y problemas psíquicos en el momento de los hechos.

Mañana, como se ha adelantado, tendrá lugar el plato fuerte con la comparecencia de Adrián que irá seguida de los testigos que supuestamente contemplaron el trágico suceso. Como se recordará, Francisco murió el 15 de octubre de 2010 a raíz de una disputa con el procesado por una trituradora de marihuana. Según la calificación del fiscal, el que era su amigo le propinó presuntamente al menos ocho puñaladas y luego se entregó a la Policía.

Hace casi dos años que Francisco C. B. perdió la vida a la edad de 21 años tras una disputa con un amigo en la barriada rural de Las Tablas. La Audiencia Provincial de Jerez acoge desde este lunes el juicio con jurado popular en el que se sentará en el banquillo el otro chico, Adrián S. F., acusado de un presunto delito de asesinato y por el que la Fiscalía solicita 16 años de prisión. En la calificación del Ministerio, a la que este medio ha tenido acceso, se cuenta cómo la noche del 15 de octubre de 2010 ambos jóvenes mantuvieron una acalorada discusión por la pertenencia de una trituradora de marihuana. Durante la trifulca llegaron a agredirse mutuamente, tras lo que el imputado se marchó a su casa. Al poco tiempo, la víctima se presentó allí reclamando a gritos el artefacto (siempre según el fiscal) y profiriendo expresiones intimidatorias al procesado desde el exterior de la vivienda.

Éste llamó entonces por teléfono a un amigo que acudió junto a otro joven e intentó calmar los ánimos, a lo que le siguió el padre del propio Adrián que se puso a discutir con Francisco. Mientras esto sucedía su hijo, que había permanecido dentro, cogió un cuchillo carnicero de 31 centímetros de longitud y “con la intención de causarle la muerte” salió al exterior de la casa y propinó al menos ocho puñaladas a la víctima. En vista de lo ocurrido, los otros dos amigos lo auxiliaron y llevaron al Hospital del SAS, sin que los médicos pudieran hacer nada por salvarle la vida.

El presunto agresor, por su parte, se trasladó a casa de un conocido y desde allí llamó a la Policía, explicando lo sucedido. Los agentes llegaron al momento y detuvieron al procesado, que continúa en prisión desde el día siguiente al trágico desenlace. Como ya se ha mencionado, el fiscal pide por ello un presunto delito de asesinato con el atenuante de confesión y la pena de 16 años de cárcel, además de una indemnización para los padres del fallecido de 180.000 euros.