Ésta ha sido una mañana fructífera para el Grupo de Cobre de Jerez de la Guardia Civil, que ha realizado inspecciones simultáneas en cinco chatarrerías del municipio dentro de su plan de actuación y prevención contra el robo de este material, que se ha saldado con 27 intervenciones en toda la provincia. Reporteros Jerez ha acompañado a los agentes en una de ellas, llevada a cabo en la chatarrería Puente del Duque del polígono industrial de El Portal, adonde han acudido en colaboración con el Seprona para supervisar la mercancía adquirida por si hallaran alguna irregularidad. Como ha explicado el portavoz de la Comandancia, Manuel González, el objetivo de este tipo de controles no es otro que comprobar si las cantidades de cobre que se han comprado están registradas como es debido, pues de lo contrario se han de requisar para determinar si su origen es ilícito.

El procedimiento es sencillo: los funcionarios toman muestras de la mercancía susceptible de ser robada, basándose en que no aparezca en el registro, e investigan si existe una denuncia que se pueda relacionar con ella. Luego se coteja adecuadamente, y en el supuesto de que el resultado sea positivo se procede a la detención, por un presunto delito de receptación (compra de material robado a sabiendas). No obstante, la Guardia Civil quiere dejar claro que normalmente los chatarreros suelen incurrir en infracciones administrativas que tienen que ver con el almacenaje o el incorrecto uso de residuos sólidos, pero son menores las ocasiones en las que se les llegan a imputar estos delitos.

Algunos, incluso, colaboran con la Benemérita en la resolución de los casos. “Nosotros realizamos estas inspecciones, que son como un tipo de presión indirecta, para evitar que caigan en la tentación. Si toda la mercancía está registrada con detalle, no tiene por qué haber nada sospechoso”. Ellos son solo el eslabón de una cadena que culmina con la detención de los ladrones, lógicamente, pero en la que también hay que tener en cuenta a la parte afectada: si no se interpone una denuncia o llega tarde, la persecución de estos delitos es mucho más complicada. “Los jueces suelen tratarlos como meros robos, cuando detrás hay más. Si las empresas o el ayuntamiento no se personan como acusación particular, es más difícil resolverlo todo”.

PERJUICIO SOCIAL

Y es que aparte del perjuicio obvio que suponen para los afectados, en el caso del robo de alumbrado público conlleva un gasto extra para los contribuyentes, pues no solo hay que reponer el cobre sustraído sino también volver a facilitar el suministro. Un dinero, en definitiva, que pagamos todos. Ésta es precisamente una de las vertientes más de moda entre los cacos en el último año, pues les resulta relativamente fácil hacerse con el materal de las pocetillas o el alumbrado público, que incluso llegan a robar a plena luz del día. Las ganancias tampoco desmerecen, pues el kilo de cobre oscila en el mercado en la actualidad entre los 5 y los 8 euros, un valor que se ha triplicado en pocos años.

Todo este movimiento es el que ha propiciado la aparición del citado grupo, que lleva operando un lustro en la zona con unos resultados determinantes. Gracias a ello, sus miembros aseguran que al menos en las chatarrerías la actividad ilegal se ha reducido radicalmente, debido a la presión continua que ejercen con las inspecciones. Otra cuestión muy distinta es la captura de los que cometen los robos, puesto que mientras el cobre se siga revalorizando de ese modo será muy complicado poner coto al delito. En estos momentos, el mercado chino es el que más paga por este metal, utilizado para todo tipo de artículos electrónicos.

Las 27 inspecciones a nivel provincial han culminado con la identificación de 44 personas, el levantamiento de 188 infracciones administrativas, la detención de dos individuos en Arcos relacionada con el robo de cobre y la intervención de 82.000 kilos de este material.