La delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, acompañada de Marcos Camacho, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Jerez, ha presentado el balance de la Oficina de Intermediación Hipotecaria (OIH) que nació hace dos años, gracias al convenio firmado por los representantes de ambas instituciones, con el objetivo de apoyar a las familias con dificultades para hacer frente a las ejecuciones hipotecarias.

Isabel Paredes ha recordado que la OIH es una iniciativa pionera propuesta por el Colegio de Abogados que se ha visto reforzada como recurso “gracias a dos leyes del Gobierno central cruciales para buscar una solución alternativa a la inminente ejecución hipotecaria”: el decreto 6/2012 de medidas urgentes de  protección de deudores hipotecarios y, sobre todo, por la ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, mediante la reestructuración de la deuda y el alquiler social, y otras medidas como la dación en pago; la quita de la deuda; las cláusulas abusivas; la suspensión de los lanzamientos durante dos años a personas en exclusión social y la creación del Fondo Social de Viviendas.

En la ciudad, ha añadido Isabel Paredes “hay algunas instituciones que se encargan de la atención de personas con dificultades de vivienda que luego vienen derivadas a los Servicios Sociales, y a veces sin tiempo ya para evitar un desahucio”. La  única oficina de la ciudad “que dispone de un turno específico de oficio gratuito y donde los expedientes son tramitados por especialistas es la OIH”, ha asegurado. En este sentido, la delegada ha mencionado los nuevos perfiles de usuarios atendidos, perfiles que ha calificado de heterogéneos: parejas jóvenes con hijos a cargo; mujer separada cuyo exmarido no cumple el convenio regulador por el que se hace cargo de la hipoteca, aunque en todos los casos existe un denominador común; una situación de paro que no les permite hacer frente al pago de la hipoteca. “Son familias que necesitan respuesta adecuadas, que tienen autonomía y que no necesitan tutelaje”.

Por la OIH han pasado 1.800 familias. De ellas 454 se interesaron por los servicios de la OIH, de las que 187 cumplieron los requisitos; 15 familias se han acogido al Fondo Social de Viviendas (convenio de adhesión de 2013 con la FEMP); 146 familias solicitaron una vivienda de emergencia y 992 pidieron información general sobre vivienda. “El Fondo Social de Viviendas en un proceso lento porque deciden las oficinas centrales; hay muy buena relación con las entidades”, ha anunciado.

Ahora la OIH está dando información sobre cláusulas abusivas, atendiendo la demanda de los usuarios. “En la ciudad, nadie que ha acudido al sistema establecido ha sufrido un desahucio como propietario de vivienda. Distintos son los desahucios por alquileres, por locales o segunda vivienda. La ley1/2013 dice que si la persona propietaria se encuentra en una situación de vulnerabilidad se paraliza la ejecución hipotecaria con un informe del trabajador social que certifica esa situación; la función social de la vivienda prima, por ello además hemos incrementado las ayudas de alquiler y por primea vez hemos puesto en marcha un reglamento para las viviendas de emergencia; un reglamento que garantiza la equidad y la igualdad de oportunidades en la entrega de estas viviendas”, ha añadido.

Isabel Paredes ha afirmado que en 2011 se produjeron 300 lanzamientos, 250 en 2012 y 228 en 2013, esto significa que se han reducido en un 80 % los lanzamientos respecto a 2011. “El Juzgado no facilita los datos separados de si son locales, segundas viviendas o de alquiler”, han añadido la delegada. La dotación de la OIH fue de 50.000 euros pero solo se han gastado el 20% del presupuesto, que no llega a los 10.000 euros. La delegada ha desmentido que la OIH haya derivado personas a la PAH “todo lo contrario”  ha dicho, tras explicar que este organismo deriva su servicio, al parecer, a un letrado de El Puerto y también se pide el pago de una cuota. “En muchos casos no llegan usuarios de la PAH totalmente desorientados. Y por supuesto, la OIH es gratuita”, ha reiterado.

Marcos Camacho ha recordado que la OIH nació como un proyecto pionero en España de la mano del Ayuntamiento y del Colegio de Abogados. “La OIH es una ventana que se ha abierto a muchas familias que han visto peligrar un derecho tan esencial como la vivienda”. Los grandes números de familias interesadas revelan “la necesidad de crear una iniciativa como la OIH”, ha explicado. El decano ha comentado el funcionamiento del procedimiento. La OIH recibe al usuario en la delegación municipal, recaba la documentación y es derivado al Colegio de Abogados, si tiene interés en ello. “En ese momento entra en el turno de pro bono del Colegio de Abogados, que es voluntario, y  donde hay 45 abogados. El abogado se pone al servicio del usuario. Tras la ley de 1/2013 los bancos son más proclives a negociar. De los 95 asuntos recibidos, la solución se produce en el 50% de los casos. Entran unos 45 por año. Nuestro interés es llegar acuerdos donde la familia no pierda la vivienda”. Hay varias fórmulas: dación en pago y alquiler social. Se han producido seis daciones, 13 reestructuraciones de deuda (bajada de la hipoteca o ampliación del plazo) y se han cerrado 23 casos sin acuerdo. “Son personas que llegan con un problema inminente de embargo de subasta; ocurre también que cuando no sentamos con el banco hay avalistas y el banco tira de los avalistas; en otras casos se llegan a diferentes acuerdos particulares. Nosotros estamos muy satisfechos de prestar este servicio a la ciudad de Jerez”, ha enfatizado.

Cada vez son más los jerezanos que, dada la situación económica, tienen derecho a solicitar los servicios de una abogado de oficio de ahí a que el número de solicitudes siga creciendo un año más en el Colegio de Abogados de Jerez. Su decano, Marcos Camacho, estima que terminarán el ejercicio con un nuevo incremento del 10% que se suma al del 28% registrado en 2012 con respecto a 2011.

El panorama es complejo para la institución, que se enfrenta además a importantes retrasos en los pagos por parte de la Junta de Andalucía. En los primeros meses de 2013, la administración autonómica abonó lo adeudado del año anterior (a falta de 70.000 euros correspondientes a gastos de infraestructuras) pero a día de hoy, superado el ecuador del ejercicio, los abogados de oficio aún no han cobrado la asistencia prestada en lo que va de año. “Con la confianza puesta en el calendario de pagos de la Junta, hemos hecho el esfuerzo de recuperar la normalidad en las designaciones”, ha asegurado Camacho en la celebración del Día de la Justicia Gratuita. A pesar de los problemas, hasta junio de 2013 el número de solicitantes aumentó un 5%.

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Un mes es lo que le da de plazo el Colegio de Abogados de Jerez a la Junta de Andalucía para que dé marcha atrás en su decisión de reducir las tarifas del turno de oficio un 10%. En una asamblea celebrada entre los letrados, el decano Marcos Camacho les informó sobre la situación que se les presenta a raíz de la orden aprobada por el Gobierno andaluz que ha conllevado, como ya anunciara este medio, que los abogados del servicio de justicia gratuita comiencen a rascarse el bolsillo y asumir los costes de los procedimientos. Una coyuntura por la que, como incidió el decano, la asistencia se verá mermada y ello lógicamente perjudicará al ciudadano.

“La única conclusión a la que hemos llegado es que la Junta tiene que meditar – argumentó Camacho-. Se ha tomado una decisión sin tener en cuenta el informe negativo de los Colegios de Abogados, que consideramos que hay otras fórmulas para ahorrar que no pasen por el recorte del turno de oficio. Por ello exigiremos que se retire la orden”. Dentro de un mes, los letrados volverán a verse las caras y si la administración no ha cedido en sus pretensiones cortarán por lo sano y eliminarán el servicio del turno de oficio. Lo que aún no está claro es si se tratara de paros parciales o definitivos, pero lo cierto es que terminarán con una actividad que hoy por hoy no les sale rentable.

Por otro lado, no hay que olvidar que aún se les debe parte de sus gastos en infraestructuras del pasado año y todos los honorarios del corriente, por lo que la situación es aún más insostenible. “Se tienen que poner al día con los pagos, pero tampoco existe un compromiso firme, por lo que nosotros no garantizamos la absoluta permanencia del servicio”. Si ello finalmente sucediera y se suspendiera el turno de oficio, a pesar de que se mantuvieran los servicios mínimos, miles de jerezanos se quedarían sin la asistencia de un abogado gratuito y el sistema garantista quedaría seriamente dañado.

Han pasado ya dos años desde que Marcos Camacho se hiciera con el decanato del Colegio de Abogados, y ahora la institución que preside ha convocado unas elecciones parciales a la Junta de Gobierno para los puestos de Diputado Tercero, Cuarto y Quinto, Secretario y Bibliotecario. Todos los colegiados podrán ir a las urnas el próximo 15 de noviembre; a los ejercientes no se les exigirán requisitos previos a la hora de votar, mientras que los no ejercientes deberán llevar inscritos en el Colegio al menos un año.

En cuanto a las personas elegibles, en lo que respecta a las figuras del Diputado Tercero y el Secretario tendrán que tener una antigüedad de diez años en el desarrollo de la abogacía. Como confirmó Camacho a este medio, por el momento solamente se ha presentado una candidatura para este último puesto, abanderada por José María Rodríguez de la Milla, que podría repetir en el cargo. En lo que se refiere a la repercusión que estas elecciones tendrán en el Colegio a nivel interno, el decano explicó que la idea es continuar con la política puesta en marcha desde su incorporación, si bien “cualquier buena idea será bienvenida”.

En este sentido, mencionó como el mayor de los logros conseguidos durante su mandato la sanidad universal, que permite por fin que los abogados dispongan de los beneficios de la Seguridad Social sin tener que estar sujetos a un régimen especial como lo estaban hasta ahora, y como siguen colectivos como el de los arquitectos. Además, el Colegio acoge estos días el inicio del Máster de Abogacía, una iniciativa pionera que facilitará el ejercicio a los recién salidos de la Univeridad.

Aunque no pretenden ser agoreros, los abogados del turno de oficio de Jerez han visto cómo se cierne sobre ellos en forma de amenaza la última decisión de la Junta de Andalucía de reducirles el sueldo un 10%. Unas cifras ya ridículas según los propios perjudicados (126 euros por 24 horas de guardia), que se tornarán en unos 70 euros por realizar el mismo trabajo. Así lo ha explicado a Reporteros Jerez el decano del Colegio de Abogados, Marcos Camacho, que habla de baremos”irrisorios” y advierte de que, con esta coyuntura, la actividad de estos profesionales quedará completamente mermada.

“Están dejando sobre las espaldas de los letrados el coste de los procedimientos. Ellos mismos tienen que pagarse el viaje a Cádiz cada vez que hace falta, por ejemplo, además de otros temas burocráticos. Al final, eso recae en los profesionales y en el mismo Colegio. Están aprovechando la crisis para recortarnos“. Con estas modificaciones, según el decano un abogado de oficio cobrará 250 euros por llevar un caso de violencia de género; 265 euros por uno ordinario; 297 por un divorcio; 143 por uno de mutuo acuerdo y 80 euros por uno de faltas. “Con esto no da ni para abrir un procedimiento -se lamenta-. La administración es la que debe costearlo todo, que para eso tiene comprometido el servicio”.

Como aclaró Camacho, la reducción aún está en vías de negociación (con vistas a implantarla el próximo mes de octubre), pero ya de entrada los perjudicados se oponen a ella frontalmente; máxime teniendo en cuenta que aún se les deben las tarifas de todo lo que va de año además de un trimestre de 2011 y la mitad de otro. De momento, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha tramitado las correspondientes alegaciones. Si el recorte prosperara a pesar de ello, los letrados jerezanos no descartan ejercer medidas contundentes de presión pues, como ha subrayado su decano, no se quedarán de brazos cruzados ante lo que consideran injusto.