La Comisión de Pleno de Presidencia celebrada este martes en el Ayuntamiento ha dictaminado favorablemente una proposición del PP que insta a la Junta de Andalucía a la desafectación de las vías pecuarias que pasan por los hábitats rurales diseminados del término municipal de Jerez y que tendrá que ser aprobada en el próximo Pleno.

En concreto, la proposición pide la desafectación en los núcleos clasificados en el Plan General de Ordenación Urbana como hábitats rurales diseminados, esto es, Cuartillo Oeste, Gibalbín, Las Tablas, Baldío Gallardo, El Mojo, Repastaderos-Las Pachecas, Puente de la Guareña, Rajamancera-Cañada del León y las barriadas rurales del municipio.

Igualmente, la proposición pide a la Junta de Andalucía que, en el caso de que no se pudiese llevar a cabo la desafectación total, la vía pecuaria quede reducida a su tamaño actual al paso por estas barriadas rurales, permitiendo la ‘huella pecuaria’ y que no se exija en ningún caso el trazado alternativo para poder llevar a cabo la legalización de las viviendas en ellas situadas, tras la aprobación definitiva de los correspondientes planes especiales.

Esta petición viene fundamentada en “la necesidad tanto de llevar a cabo la regularización de los actuales asentamientos tradicionales de gran magnitud y con un alto grado de consolidación y equipamiento, situados en el dominio público de vías pecuarias como el mantener la continuidad de la vía pecuaria, reconociendo la red de vías pecuarias del término municipal como patrimonio común al servicio del conjunto de los ciudadanos y su bienestar”.

La proposición también recuerda que ya existen antecedentes de desafectación por lo que “vistos los antecedentes y dándose las mismas circunstancias urbanísticas en otros hábitats rurales diseminados que en su día tuvo en cuenta la Junta de Andalucía” se pide la desafectación de las vías pecuarias en “aras del desarrollo socieconómico del medio rural de Jerez y del bienestar de sus vecinos y vecinas”.

La Comisión también ha dictaminado favorablemente una proposición del grupo municipal popular relativa a implementar medidas que no castiguen el tipo de consumo de la agricultura de regadío. Por ello se pide “al Gobierno de la nación a establecer una tarifa eléctrica basada en el carácter estacional de la agricultura de regadío y de gran parte de la agroindustria española” con las siguientes medidas: facturar por la potencia real utilizada; aplicar un IVA reducido a los agricultores de regadío y exención del impuesto de electricidad; permitir realizar dos modificaciones de la potencia contratada en el plazo de 12 meses; posibilitar los contratos de temporada de forma flexible y modificar la normativa para la producción de energía distribuida para autoconsumo en el medio rural.