Un auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Cádiz ha vuelto a dar la razón al grupo municipal socialista en la demanda interpuesta contra el nombramiento de José Manuel Díez Pemartín en el consejo de la sociedad que gestiona los Montes de Propios (Ememsa), declarando nulas todas las decisiones adoptadas en el seno de esta sociedad desde el 31 de octubre de 2011, fecha en la que se hace efectiva su incorporación. El auto judicial ratifica y amplía la denuncia interpuesta en su día por el grupo socialista, en la que advertía sobre la presunta ilegalidad de este nombramiento por parte del PP.
Así lo han anunciado los socialistas a través de un comunicado, en el que recuerdan que en su día denunciaron fraude de ley en el otorgamiento de poderes durante el nombramiento del nuevo consejero, argumentando que los populares llevaron a cabo en solitario una modificación de los estatutos de esta sociedad para suprimir al gerente y crear la figura de “apoderado” retribuido, pese a no contar con el quórum necesario en el consejo de administración.
Para ello, como insisten, el ejecutivo local recurrió a un fraude de ley utilizando la figura de poder cuyo uso solo se contempla para causas muy específicas, otorgando amplios poderes a un consejero, lo que en la práctica lo convierte en un apoderado. Estos poderes le facultaban para realizar actividades mercantiles de todo tipo, administrar los recursos y bienes de la empresa y gestionar el personal mediante contrataciones, retribuciones, convenios, ceses y sanciones, entre otras muchas facultades. Todo ello dándose la circunstancia de que se trata de una persona privada y externa al Ayuntamiento, que “suplanta las funciones que son propias de los trabajadores y técnicos municipales y sin que medie ningún tipo de relación laboral con Ememsa”.
Por estas razones, para el grupo socialista la sentencia mencionada “es un ejemplo más de cómo está actuando el gobierno del PP en esta ciudad, a golpe de improvisación y de ilegalidades, con lo que queda demostrado que son los tribunales los que lo ponen en su sitio ante la falta de diálogo, la prepotencia y la soberbia con la que está actuando la señora García-Pelayo a lo largo de la legislatura”.
Por su parte, el gobierno municipal se ha apresurado a asegurar que ya ha recurrido la sentencia al considerar que “el fallo no es coherente con los fundamentos de la sentencia”. El recurso incide en que la figura del otorgamiento de poderes a un consejero de una sociedad está previsto en la Ley de Sociedades, “siendo perfectamente legítimo y utilizado continuamente en el tráfico mercantil”. “Es una situación en la que concurren dos normas a aplicar, pero que no persigue un resultado prohibido y que además deja en manos de la sociedad la capacidad de auto organización para que pueda decidir si nombra un consejero delegado o un apoderado e incluso podría llegar a simultanearlas”, señalan fuentes municipales.
Por otro lado, el mismo gobierno local afirma que el consejero apoderado de Ememsa no ha utilizado sus poderes y que “a pesar de no cobrar nada por su labor está realizando un excelente trabajo que ha permitido pasar de casi un millón de euros de pérdidas a una previsión de beneficios para este año”.
También dice que se está a la espera del recurso interpuesto ante la Audiencia Provincial por el que se solicita la revocación de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil y declarando ajustado a derecho el otorgamiento de poderes al consejero de Ememsa, pero que “en caso de no producirse dicha revocación se acatara lo que diga la autoridad judicial”.
El gobierno municipal ha explicado, por otro lado, que el Juzgado de lo Mercantil ha emitido un auto aclarando la sentencia dictada el pasado 31 de mayo de2012 apetición de la parte demandante, en este caso el PSOE. En el mismo apunta que dice que “es un auto aclaratorio que no añade nada nuevo a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil en mayo”.