Después de que se conociese la amenaza de huelga, la delegada de Educación y Juventud, Lidia Menacho, ha confirmado que el Consistorio realizará antes de que termine la semana el abono pendiente a Respuestas Auxiliares, concesionaria del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales, “tal como estaba previsto”. La delegada ha querido, así, lanzar un mensaje de tranquilidad a la comunidad educativa ante el mencionado anuncio de posibles nuevos paros, y ha destacado “el esfuerzo realizado por el Consistorio por atender todos los abonos, atendiendo el orden de prelación de pagos que marca la ley”.

Lidia Menacho señala que “estamos al día con la empresa, este mes ha habido un problema técnico con la factura y ése ha sido el motivo por el que no se ha podido llevar antes a Junta de Gobierno Local, pero ya está solucionado y no hay motivo para ningún tipo de incertidumbre respecto a una nueva huelga de limpieza de colegios. Espero que podría realizarse el ingreso incluso mañana al haberse ya realizado la operación bancaria”.

La delegada ya explicó que la Junta de Gobierno local del viernes 14 de diciembre reconoció varias facturas, entre las que se encuentran las de la empresa Respuestas Auxiliares, que debían haber sido elevadas con anterioridad a la Junta de Gobierno local pero como contenían un problema técnico de facturación se ha retrasado su reconocimiento de deuda, “un hecho del que es ajeno el Ayuntamiento y del que las empleadas tienen conocimiento”.

La edil concluye recordando que el pasado  mes de noviembre el Ayuntamiento abonó 662.000 euros a la empresa Respuestas Auxiliares, “cumpliendo con el compromiso de estar al día”.

Las trabajadoras de Respuestas Auxiliares, la concesionaria de la limpiezan en los colegios públicos y las dependencias municipales, aún no han cobrado media nómina del mes de noviembre y no tienen noticia alguna de la paga extra, que debrían cobrar mañana. Por eso, la perspectiva de una nueva huelga en los colegios vuelve a hacerse presente poco más de un mes después de que se desconvocaran definitivamente los últimos paros indefinidos que dejaron sin clase a 7.000 niños en toda la ciudad por la falta de salubridad de los centros escolares.

Como las vacaciones están a la vuelta de la esquina, las empleadas esperarán hasta el regreso a clase en enero para emprender movilizaciones, siempre y cuando no haya llegado el dinero a sus cuentas bancarias. “Ahora no nos podemos echar a la calle”, indican representantes de la plantilla. Si no cobran durante las fiestas, en el mes de enero ya les deberían casi tres nóminas: la mitad de noviembre, diciembre y la extra navideña. Desde el comité de empresa se preguntan “¿cuándo se va a solucionar esto de una vez?”

La plantilla ya ha celebrado una asamblea para estudiar la situación. “Respuestas Auxiliares nos dice que no hay dinero. Como el Ayuntamiento no le paga todas las facturas, ellos tienen que seguir aportando para la Seguridad Social y las cantidades no llegan”, indican desde el comité.

De momento no tienen prevista ninguna movilización en la calle aunque sí acudirán el lunes a Cádiz para protestar junto con otros compañeros del sector de actividades diversas “por los recortes y las modificaciones que quieren hacer en nuestros convenios”, indican.

José María Bellido y Luis Suárez llevan desde principios de semana acudiendo cada mañana a las oficinas que tiene la empresa Brassica en el Praque Tecnológico Agroindustrial de Jerez (PTA). Pero no lo hacen para trabajar. Ya les gustaría. Llegan a las nueve y permanecen junto a la entrada principal hasta poco ates de comer. Y aseguran que seguirán haciéndolo hasta que consigan lo que buscan.

Lo que buscan es simplemente que les paguen lo que la empresa les adeuda. En el caso de Bellido son dos mensualidades, lo correspondiente a todo el tiempo que estuvo trabajando para Brassica, según él mismo asegura. En el de Suárez, algo más. Él tuvo algo más de ‘suerte’. Cuenta que empezó a trabajar allá por el mes de marzo y los primeros meses cobró en fecha. “Los problemas empezaron en julio, con el primer retraso”, asegura. A partir de entonces, nada, hasta acumular las tres mensualidades que, según dice, le adeudan.

Ninguno de ellos forman parte de la plantilla de la empresa. Quizá por eso no dudan en acudir cada mañana allí. “No tenemos nada que perder y estamos ya desesperados”, cuentan. Pero, pese a ello, apuntan que no son los unicos afectados por los impagos. Ni mucho menos: “Aquí en Jerez nos han dicho ex compañeros que también les deben, pero deben tener miedo de protestar. Y seguro que hay muchos más en España”.

No les falta razón respecto a esto último. La prensa se ha hecho eco en las últimas semanas de protestas de trabajadores de Brassica en otros puntos de la geografía nacional como Granada y Aragón. Los casos son muy similares a los de Bellido y Suárez.

Ambos relatan que marcharon a trabajar a Getafe cuando fueron contratados por la empresa para el “empaquetado de bandejas de comida para Renfe”. El desplazamiento y el alojamieno corrió de su cuenta, por lo que, tal como aseguran, “todo esto nos ha acabado costando dinero”. En el caso de Bellido se da la circunstancia de que su pareja también trabajaba para Brassica. Ahora, ninguno de ellos tiene empleo ni cobra prestación por desempleo, por lo que necesitan el dinero “con urgencia”.

LA EMPRESA

Brassica Group, que ha recibido importates ayudas públicas, se vende en su propia web como un grupo “de capital cien por cien español” de alimentación especializado en catering de empresas yen servicios especializados de alimentación. Presente en diferentes puntos de España, asegura qe cuenta con más de 250 centros de trabajo, donde trabaja para “unos 50.000 usuarios”. Entre sus divisiones se encuentran atención domiciliaria, empresas, hospitales, hoteles, residencias, colegios (da servicio de comedor escolar a alrededor de una treintena de Cádiz, además de en otras provincias)… Y también presume de colaborar con el Ministeriod e Defensa, a través, por ejemplo, de la gestión integral de las cocinas y comedores de acuartelamientos y bases militares “dentro y fuera de España”; incluso en “misiones de alto riesgo”.

Cerró 2011 con una facturación de 28 millones de euros y preveía cerrar 2012 con una de 41 millones “en contratos ya formalizados”, según reza en la misma web.

PRECEDENTES Y EL CASO ZONA FRANCA

Como consejero delegado de la compañía figura Manuel García Gallardo, un viejo conocido de la abogacía que figura como imputado en el denominado caso Quality Food. En el mismo también está como imputado Miguel Osuna, ex delegado de la mencionada Zona Franca, por posible malversación de caudales públicos.

Cabe reseñar a este respecto que Quality Food destituyó en el año 2004 al entonces presidente de la compañía, el mismo Manuel García Gallardo, ahora consejero delegado de Bressica Group. Según se recoge en diferentes medios de comunicación, la decisión estuvo provocada por presuntas irregularidades con la desaparición de 2,7 millones de euros y la presunta existencia de una caja B para pagos de comisiones, hechos que dieron lugar a denuncias de la Zona Franca.

La Abogacía del Estado ha afirmado haber encontrado pruebas ahora de que el Osuna “participó en el delito” y que fue, de hecho, “el responsable principal”.

Reporteros Jerez ha ofrecido a Manuel García Gallardo la posibilidad de que ofreciese su versión de la denuncia de los trabajadores, pero éste declinó amablemente la invitación a través de un trabajador alegando que estaba reunido. El periodista dejó a éste un teléfono de contacto, pero hasta el momento no ha recibido ninguna llamada.

Todas las asociaciones que representan a las alrededor de 19.000 personas con discapacidad que hay en la ciudad y la comarca se unieron ayer para dar la voz de alarma por la situación de pérdida de derechos y de disminución de la atención a la que les empujan los recortes y los impagos de la administración.

Estas entidades, casi una decena que suman entre todas cerca de 300 trabajadores y más de 100 voluntarios y atienden directamente a unas 1.000 personas, denuncia que desde hace ya años -”porque la situación no es nueva y ya arrastramos el problema desde 2008″- soportan una deuda acumulada por parte de las distintas administraciones de más de dos millones de euros. Una deuda que ya es insostenible y que de no mediar soluciones puede poner en jaque la continuidad de sus servicios.

Tras un cartel con el lema ‘Sos Discapacidad. No hay nada que celebrar’, el Defensor de la Ciudadanía,Francisco Reinoso, fue el encargado de leer el manifiesto en el que estas asociaciones aseguran que “se han encendido todas las alarmas” por la crítica situación que atraviesan. Las asociaciones que firman esta denuncia son Adifi (Asociación de personas con discapacidad física), Afanas, Afemen (Asociación de familiares y personas con enfermedad mental), Agdem (Asociación gaditana de esclerosis múltiple), Afa-Alzheimer La Merced, Asmelt (Asociación de solidaridad con los discapacitados psíquicos), Aspanido (Asociación de padres de niños con síndrome de Down) y Fundación Aspace Sur y Upace, dedicadas a la atención integral de personas con parálisis cerebral y trastornos afines. Junto a ellas las asociaciones de la zona rural, que dejaron claro que su situación es aún “más complicada y agónica”.

Fue el gerente de Afemen, Blas García, el que dejó claro que se ha hecho un esfuerzo conjunto de todas las asociaciones para crear una plataforma con una sola voz en defensa de los derechos de todas las personas con alguna discapacidad. Y lo hacen para defender los derechos del colectivo porque, como dijo la representante de Aspanido, Juana Zarzuela, “la discapacidad llegó tarde al Estado de Bienestar y ha sido la primera en salir”.

Todas estas entidades denunciaron que vienen sufriendo una pérdida progresiva de plazas en los distintos servicios concertados para discapacitados, tanto por las que no se renuevan al quedar libres, como de las previstas a corto plazo y ya habilitadas. Y recalcan que los recortes e impagos atentan directamente contra los derechos humanos. “Son logros irrenunciables que deben ser mantenidos a toda costa”, apuntaron.

Recordaron además que el impacto de la crisis económica y de empleo es mucho mayor en las personas con discapacidad y sus familias, por el mayor coste que supone para la economía doméstica la atención a este colectivo. “La crisis económica y social no puede servir de coartada o pretexto para reducir los apoyos y recursos que necesitan estas personas para poder mantenerse en la comunidad con un nivel de vida digno”, reza el manifiesto leído ayer.

Pusieron de relieve que son entidades que prestan servicios que debe cubrir la Administración,  ”que si los gestionara ella misma resultarían menos gravosos”. Y dejaron claro que los atrasos en los pagos hacen que esta labor asistencial corra un claro peligro de colapso, sobre todo en el ámbito de empleo, con la posible desaparición de entidades, por falta de financiación, lo que conllevaría un aumento de la exclusión social.

Tampoco dudaron en apuntar que “la crisis no puede servir de coartada para reducir los apoyos y recursos que necesitan estas personas para mantenerse en la comunidad con un nivel de vida digno”. Pero eso va a ocurrir si no hay solución porque los recortes repercuten precarizando los servicios que ofertan y poniendo en duda su propia continuidad”.

Por todo ello, Flaviano Valencia de Afanas dejaba claro que “la Administración tiene que priorizar cuáles son sus gastos. No es igual invertir en infraestructuras, que sí, que es importante y genera puestos de trabajo, pero es que las asociaciones que nos dedicamos a la labor asistencial también creamos empleo y además en Jerez estamos atendiendo a unas 1.000 personas. El poco dinero que tienen las administraciones tienen que saber distribuirlo”.

De ahí que acabaran celebrando el Día de la Discapacidad pidiendo un gran pacto de Estado para evitar el desmantelamiento de este sistema, y que se habilite un mecanismo extraordinario que dé fondos para saldar la deuda con estas asociaciones.

Críticas de Adifi al acto de ayer

Por su parte, la polémica del día estuvo en la convocatoria del propio acto de lectura del manifiesto, ya que una de las organizaciones firmantes, Adifi (discapacidad física), reprochó que no se había escogido un lugar adecuado para ello ya que se trataba de un local no adaptado al que no pudieron acceder. Su presidenta, María del Carmen Menacho, apuntó que “nos hemos visto coaccionados, porque queríamos hablar y no hemos podido”, y pidió sensibilidad dentro del propio colectivo hacia este tipo de situaciones.

Lo que hasta ahora no era más que una simple amenaza se puede tornar muy pronto en realidad si la Junta de Andalucía no cumple sus compromisos con los abogados jerezanos. Tras una concurrida asamblea a la que asistieron más de 100 letrados, los profesionales que ejercen el turno de oficio han decidido lanzar un ultimátum a la administración autonómica para que les abone todos los atrasos: es decir, lo correspondiente al año vigente. El plazo, como ha explicado el decano del Colegio de Abogados, Marcos Camacho, expira el viernes. Si antes del día 1 no han cobrado, restringirán el servicio de tal forma que solo asistirán a los ciudadanos un día a la semana, frente a los cinco laborables de la actualidad.

“Si la Junta no responde al comunicado que vamos a remitirle -argumentó el decano-, adecuaremos la prestación del servicio a los fondos recibidos, por lo que asistiremos solo un día o unas horas. Hay que recordar que no nos han pagado nada en todo el año”. El montante total de la deuda supera el millón de euros, lo que a juicio de los interesados justifica esta medida e incluso una más drástica que no dudarán en adoptar si el 15 de enero persisten los impagos. “Si en esa fecha seguimos sin cobrar, estaremos imposibilitados para prestar el servicio”. O, lo que es lo mismo, los jerezanos se quedarán sin justicia gratuita nada más empiece el año.

Camacho quiso puntualizar, no obstante, que los letrados garantizarán la asistencia al detenido, “paguen o no paguen”. En el resto de los casos, los ciudadanos sin recursos o con presupuesto limitado se verán despojados del derecho de tutela judicial efectiva. “El ambiente entre los compañeros está muy caldeado -justificaba el titular del Colegio-. De hecho, hemos llegado a un acuerdo intermedio porque había algunos que querían tomar decisiones más drásticas. La verdad es que a nosotros nos duele no asistir a todos los ciudadanos”. Aunque el peor de los escenarios no llegue a cumplirse, el simple hecho de que los abogados del turno de oficio reduzcan a un día el servicio implicará que se ralenticen los procesos hasta el punto de que la mera designación de letrado suponga una espera de seis meses, cuando lo habitual es que no supere los 30 días.

La céntrica peluquería de Pedro Vázquez ha sido escenario de una curiosa acción reivindicativa puesta en marcha por el comité de empresa de Onda Jerez, en protesta por la situación de inestabilidad e impagos que sufre la plantilla. El delegado sindical Fulgencio Arias, acompañado de otros representantes de los trabajadores, se ha rapado la cabeza “Al 2″ y promete hacerlo “al 0″ para que a los profesionales “no les tomen el pelo”. Como ha explicado a este medio, la razón de esta iniciativa no es otra que la falta de cobro de la nómina de octubre, a pesar de que el resto de la plantilla municipal sí ha percibido sus salarios, lo que considera el personal de la radio televisión pública una discriminación en toda regla.

“Nos deben octubre y los demás sí han cobrado, ya que ellos son trabajadores de primera y nosotros de regional preferente. La alcaldesa ha advertido que ahora se avecina un periodo difícil, por lo que nos tememos que no cobremos hasta diciembre”. Junto a ello, ha denunciado la “falta de gestión” de la cadena, argumentando que a pesar de que la subvención se agotó en mayo no se ha tenido en cuenta el plan de viabilidad presentado por la plantilla ni se han adoptado medidas para paliar la situación económica. Además, alude a la existencia de “censura” a nivel de contenidos, sin olvidar la incertidumbre en la que viven los profesionales desde que hace un año se pusiera en marcha el concurso de acreedores y planee sobre ellos el despido más o menos inminente del 60% del personal.

De momento, se encuentran a la espera del pronunciamiento de la jueza que podría abrir un periodo de consultas, o bien la fase de liquidación en cuyo caso amenazan con raparse todos los miembros del comité al cero. “Estamos cansados de que nos tomen el pelo. Hoy he puesto la máquina al 2, porque tengo una pequeña esperanza, pero si en diciembre se liquida la empresa nos cortaremos al 0″. Arias quiso aprovechar este acto para reivindicar al pequeño comercio, motivo por el cual escogieron esta peluquería de barrio para realizar su protesta.

“Somos sindicalistas y apoyamos al pequeño comercio que sustenta la economía. Son ellos los que aguantan y tiran para adelante, por lo que hacemos una defensa acérrima de los autónomos”. Como se recordará, ésta es la segunda de una serie de originales iniciativas que inició el comité hace unos días, cuando pidieron limosna a las puertas del Ayuntamiento. Todo parece indicar que durante los próximos meses continuarán con este tipo de reivindicaciones, con la esperanza de que se adopte una solución definitiva que satisfaga a las partes. Por el momento, este horizonte se presenta muy lejano.

La delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, ha denunciado “el nuevo incumplimiento” de la Junta de Andalucía del convenio y la adenda del servicio de ayuda a domicilio tras conocer la resolución correspondiente a los meses de septiembre y octubre en la que se recoge que se ingresará finalmente 596.499 euros para pagar este servicio, en lugar de los 829.984 euros que venía ingresando. “A estas fechas del año desconocemos qué cantidad va transferir durante el segundo semestre por la prestación del servicio. En el primer semestre del año transfirieron 2.489.954 euros en tres pagos de 829.984 euros, y ahora en este semestre han realizado una única transferencia de 596.499 euros perteneciente a los meses de julio y agosto el pasado 20 octubre, desconociéndose cuándo se realizará el pago de esta segunda transferencia correspondiente a los meses de septiembre y octubre, cuya resolución supone una disminución del 28 por ciento, es decir 239.000 euros menos; además la previsión para el segundo semestre asciende a 2.800.000 euros”, ha explicado.

En un comunicado, el Ayuntamiento apunta que ya trasladó la situación en la que se encuentra el servicio de ayuda a domicilio “por los retrasos en los pagos con la denuncia del convenio firmado con la Administración autonómica para la prestación del servicio, sin obtener respuesta a esta denuncia del convenio por parte de la Consejería Salud y Bienestar Social a pesar de la insistencia a través del envío de dos escritos más sobre las misma. Paredes ha insistido en poner de manifiesto la voluntad del Ayuntamiento de colaborar con la Consejería para lograr una solución definitiva al conflicto”.

Isabel Paredes ha subrayado que “por segunda vez la Junta incumple con el pago de la cantidad prevista, ya que también transfirió 596.499 euros para abonar los meses de julio y agosto, y no los 829.984 euros previstos”. La delegada ha insistido en la obligación de la Junta de Andalucía de cumplir con lo establecido y transferir el dinero de los pagos en los meses señalados en el convenio para hacer frente al pago de las nóminas pendientes de los trabajadores de ayuda a domicilio “y solucionar de una vez por todas la actual situación de penuria financiera del servicio”, recordando que la resolución llega tarde y con la cantidad recortada.

Paredes ha reiterado que el pago debería haberse realizado a principios de septiembre y por un importe de 829.984 euros. “Los convenios se firman  para ser cumplidos y si la cuantía a transferir efectiva debe hacerse bien en un solo pago en el primer mes de dicho período (semestres) o de forma fraccionada en tres pagos, en los meses de enero, marzo y mayo, así como de julio, septiembre y noviembre, se debe  hacer porque si no se perjudica la prestación del servicio “, ha incidido.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha remitido un escrito al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en el que le solicita que se consensue un paquete de medidas de auxilio financiero para las corporaciones locales, diputaciones provinciales y colectivos sociales, dada la disponibilidad económica con la que cuenta la Junta tras el acuerdo logrado con Gobierno de la Nación para acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Recuerda en su escrito que mediante este acuerdo alcanzado con el Ministerio de Hacienda para que la administración autonómica pueda acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico, la Junta podrá recibir unos 4.960 millones de euros, “lo que sumados a los 5.228 millones ya abonados por el Estado a esta Comunidad, supone una importante ayuda a la grave situación financiera de nuestra comunidad”.

María José García-Pelayo considera importante para Andalucía  “el clima de entendimiento entre el Gobierno de la nación y la Junta”  y en este sentido afirma “que se debe avanzar en el diálogo y el consenso entre todas las administraciones”.

Y dentro de esta vía de diálogo, la alcaldesa subraya que “la lealtad institucional demostrada por el Gobierno de la nación con la Junta de Andalucía debe ahora tener su continuidad hacia los ayuntamientos andaluces y urge que el gobierno andaluz atienda la situación de asfixia económica que soportan los ayuntamientos y diputaciones andaluzas, motivada en gran medida tanto por la asunción de competencias impropias como por los impagos especialmente en políticas sociales por parte del gobierno autonómico”.

“SERVICIOS IMPROPIOS”

Entre los servicios “impropios” que están desarrollando las entidades locales “sin que la Junta de Andalucía haya transferido la financiación comprometida”, la alcaldesa cita en su escrito  “los de ayuda a domicilio del Plan Concertado, los equipos de tratamiento familiar, programas de refuerzo a la Ley de Dependencia, los convenios para reforzar temas de inmigración, la gestión de residencias de acogidas de menores, guarderías, residencias de mayores, de personas con alzhéimer, centros de drogodependencia, residencias de personas con inmigración o los programas de envejecimiento activo, o el desarrollo de la Ley de Dependencia, entre otros”.

Igualmente prioritario, considera la alcaldesa,  “es el momento crítico que están atravesando los colectivos sociales cuya importante e insustituible labor también peligra por las deudas que se mantienen con ellos”, por lo que solicita que, “dada la disponibilidad económica con la que cuenta la Junta tras el anticipo de la Administración General del Estado, atienda a estas deudas pendientes con la Diputación provincial de Cádiz, ayuntamientos de la provincia, entidades y demás colectivos sociales”.

Centenares de trabajadores, residentes y familiares de internos de la residencia de ancianos Suite La Marquesa se han echado hoy a la calle para protestar por los impagos que están afectando a este geriátrico ya no solo en lo que al salario de la plantilla se refiere, sino también en el abastecimiento de productos de primera necesidad o de limpieza para el cuidado de los usuarios.

Por ese motivo, hoy han recorrido en manifestación el tramo comprendido de la avenida de Arcos entre las calles Torrealháquime y Rotonda de la Granja entre gritos de “Los abuelos pagan por qué tú no” o “No es humano mirar hacia otro lado”, y han provocado un buen atasco en la circulación en una arteria principal y a una hora punta.

Según denuncia la central sindical UGT, los empleados sufriendo retrasos en el cobro de sus salarios desde hace dos años, recrudenciéndose la situación en los últimos seis meses, ya que en ese periodo apenas han recibido ni un euro. Desde el comité de empresa recalcan que se han mantenido reuniones periódicas con el gerente de la empresa “recibiendo solo promesas, y planteando incluso la venta del geriátrico a una entidad solvente para que la plantilla fuera subrogada, pero sin que sepamos si esa solución va para adelante o si finalmente esto seguirá hundiéndose”.

Pese a todo, y a que faltan ya muchos productos, los trabajadores han querido trasladar a la opinión pública y familiares de usuarios que “aún teniendo que desarrollar su tarea diaria en precario, la calidad asistencial de los residentes está garantizada”. Así lo han ratificado algunos de los familiares presentes hoy en la manifestación, que admiten que los ancianos están bien atendidos, pero que muestran su preocupación por “esta incertidumbre y por lo que puede pasar si esta situación va a más”.

Por parte de UGT ya se plantean convocar paros parciales de la plantilla, así como una nueva manifestación por el centro de la ciudad si continúan sin cobrar.

Geriátricos Urbanos, S.L. es propietaria de otra residencia de iguales características en Algeciras en la que también mantiene un retraso de cinco meses en el pago de los salarios.

El 90% de la plantilla de los bomberos fuera de servicio del Parque de Jerez, más todos los efectivos de guardia, secundó en la tarde de ayer una manifestación auspiciada por el movimiento 15-M que congregó a decenas de ciudadanos en una marcha por una de las arterias de la ciudad. La cita tuvo lugar en la rotonda del Catavino coincidiendo con la acampada llevada a cabo por los funcionarios a las puertas del Parque, como una muestra de solidaridad con los bomberos afectados por los impagos. Éstos, por su parte, no dudaron en sumarse a la comitiva, cortando el tráfico en la citada intersección.

La manifestación fue una de las muchas programadas por el Movimiento 15-M para protestar contra el sistema, bajo el lema ‘Global Noise, no debemos no pagamos’. En lo que se refiere a los bomberos, con este gesto han recordado la difícil situación en la que se encuentran después de que el Consorcio Provincial haya iniciado el expediente de expulsión del Ayuntamiento de Jerez por moroso. Los funcionarios no solo no han percibido la nómina de septiembre, sino que el futuro se les presenta incierto; por ello, y a pesar de que existe un compromiso firme de liquidarles los sueldos pendientes el 29 de octubre, continuarán con las movilizaciones previstas hasta que su situación se aclare.

Aunque el calendario de protestas es extenso, los afectados van a supeditar las acciones a seguir a la reunión que mantendrán con la alcaldesa, María José García-Pelayo, la semana próxima. Como ellos mismos prevén, lo más probable es que la regidora les exprese su deseo de no escindirse del Consorcio. Para que ello se produzca, como se recordará, el Ayuntamiento deberá presentar un plan de pagos antes del 1 de noviembre con el que comenzar a saldar su deuda.