Hace apenas una semana que el Ayuntamiento presentó ante el TSJA un recurso de aclaración sobre la sentencia dictada en torno al ERE municipal y la respuesta ha sido prácticamente inmediata: el fallo es extensivo absolutamente a todos los trabajadores despedidos. Esto implica que el Consistorio está obligado o bien a readmitir o bien a indemnizar a los 260 perjudicados y no solo a los menores de 59 años, que era lo que se preguntaba el gobierno local en un principio. A pesar de que la sentencia era cristalina en este sentido, el ejecutivo decidió solicitar una aclaración amparándose en un punto en el que el juez reconocía que el criterio de edad a la hora de decidir a quiénes afectarían los despidos sí se ajustó a Derecho. Ahora, el Alto Tribunal se ha reafirmado en su fallo inicial por lo que al Ayuntamiento no le quedará otra que tomar una determinación sobre la totalidad de los afectados por el Expediente de Regulación de Empleo, al haberse tratado de una demanda colectiva.

Una noticia que ha sido confirmada por la propia alcaldesa, María José García-Pelayo, que no obstante ha puntualizado que la sentencia no se hará efectiva hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso de casación interpuesto por el Consistorio. Como se recordará, al margen de la citada solicitud de aclaración la administración local había optado también por recurrir el fallo del TSJA que declaraba que los despidos no se habían ajustado a Derecho, exigiendo la readmisión o indemnización de los perjudicados. “Hemos interpuesto el recurso de casación porque estamos convencidos de que el ERE se hizo correctamente, y defendemos esta actuación”, ha insistido la regidora, argumentando que solo cuando el Supremo desestime el recurso ratificando el fallo del tribunal andaluz, en el que caso de que lo haga, el ejecutivo tomará cartas en el asunto para ponerlo en práctica.

En ese momento será cuando el gobierno opte por indemnizar a los 260 afectados, pues la alcaldesa ha vuelto a dejar claro que no contemplan su readmisión. Otro punto que García-Pelayo ha querido matizar es el carácter “declarativo y no ejecutivo” de la sentencia. Es decir, en el caso de que finalmente las indemnizaciones se vayan a hacer efectivas, cada trabajador deberá interponer una demanda a título individual en el Juzgado de lo Social, con el fin de que el juez declare su despido improcedente y solo entonces se puedan tramitar las mismas. Como confirmaron fuentes municipales, el montante total de estas cuantías se elevaría a 7 millones de euros, lo que unido a los 5 ya desembolsados por este concepto alcanzaría los 12 millones.

Poco más de dos horas ha durado un Pleno municipal tenso que ha girado prácticamente en torno a un único tema: la sentencia que declara “no ajustados a Derecho” los despidos llevados a cabo en el marco del ERE del Ayuntamiento. Se ha tratado de una sesión monotemática gracias a la decisión de los grupos de la oposición de retirar todas sus propuestas, ruegos y preguntas en tanto en cuanto no se debatiera el asunto del Expediente de Regulación de Empleo, como así lo solicitaron al inicio del Pleno con carácter de urgencia. El gobierno, que sí aceptó ese debate, optó por dejarlo para el final lo que ha propiciado que el resto de partidos no haya participado en la sesión y se hayan dirimido con celeridad los demás asuntos a tratar.

Una actitud de la oposición que no ha pasado desapercibida por el ejecutivo, que les ha acusado de “preocuparse únicamente por los 260 trabajadores del ERE y no por los problemas de los 215.000 ciudadanos”. Ya metidos en materia, María José García-Pelayo se ha referido por fin a la sentencia del TSJA insistiendo, como ya hiciera ayer su primer teniente de alcaldesa, en que el alto tribunal “no tumba ni declara nulo” un Expediente que “seguirá su curso”. “Ustedes están trasladando un mensaje a la ciudadanía que no es verdad -ha reprochado al resto de grupos-. En todo caso el TSJA no nos ha dado la razón a ninguno, ni a los sindicatos que pedían la nulidad ni a nosotros. No se nos ha condenado, solo se estima la demanda parcialmente por lo que el ERE sigue existiendo y pediremos aclaraciones de algunos extremos que no quedan claros en la sentencia”.

De esta forma, la primera edil repite el discurso de Antonio Saldaña centrando su objetivo en determinar si los despidos pueden seguir adelante en lo que respecta a los mayores de 59 años, ya que en algún punto del fallo el juez reconoce que el criterio de edad sí se ajusta a Derecho. Por lo demás, los populares siguen sin bajarse del burro y ya han dejado clara su intención de no readmitir a los afectados, planteándose en todo caso la indemnización, que es una de las posibilidades a las que pueden acogerse legalmente. Prueba de ello es que la moción presentada al alimón por PSOE, Foro Ciudadano e Izquierda Unida que exigía la readmisión de los despedidos ha sido rechazada de plano en virtud de la mayoría absoluta del PP, que también ha hecho caso omiso a la petición de dimisión del ejecutivo.

“LEVANTAR LA CIUDAD NO SE HACE DE UN DÍA PARA OTRO”

“No nos hemos planteado la dimisión del gobierno ni el cese de los técnicos que participaron en la tramitación del ERE. Gobernar significa tomar decisiones y las seguiremos tomando. Estamos por levantar la ciudad y eso no se hace de un día para otro, pero lo conseguiremos”. En esta línea, la alcaldesa ha pedido a los socialistas que “no exijan dimisiones con tanta ligereza, pues ustedes no son los mejores precisamente en tramitar EREs”, en clara referencia al caso que ha salpicado a la Junta de Andalucía. “Dicen que no es justo que los ciudadanos vayan a pagar las indemnizaciones; ¿acaso es justo que hayan pagado 1.300.000 euros al año por los asesores del PSOE o que hayan soportado durante 18 años un Circuito de Velocidad que da pérdidas?”.

La oposición, por su parte, se ha reiterado en la exigencia de que sean readmitidos los 260 trabajadores perjudicados y de que el gobierno dimita por haber llevado a cabo unos despidos que no se ajustan a Derecho. “La sentencia es clara y supone un bofetón para el gobierno -concluye el concejal de IU Joaquín del Valle-. Lo más grave es la arbitrariedad a la hora de seguir los criterios en la que se ha incurrido según el juez; por ello, deben hacer un ejercicio de reflexión y rectificar”. Pedro Pacheco, líder de Foro Ciudadano, está convencido de que esta sentencia “pasará factura en las urnas” a los populares, al tiempo que ha anunciado que sus abogados están estudiando si el ERE podría conllevar consecuencias patrimoniales y penales para el gobierno. La secretaria local del PSOE, Miriam Alconchel, ha criticado que el ejecutivo “siga sacando pecho solo por el hecho de que los despidos no son nulos”, acusándole de “no buscar el interés general sino el suyo propio”.

El Gobierno valora la sentencia del TSJA from Ayuntamiento de Jerez on Vimeo.

Una amplia representación del gobierno en la que no estaba incluida la primera edil ha salido a la palestra para pronunciarse sobre la sentencia del TSJA, en la que el alto tribunal dictamina que los despidos realizados en el marco del ERE municipal no se ajustaron a Derecho. El primer teniente de alcaldesa, Antonio Saldaña, ha sido el encargado de trasladar el sentir del ejecutivo cuya valoración del fallo  no es tan negativa como se podría presuponer en un principio. Lo que el concejal ha subrayado una y otra vez es que “el TSJA no ha declarado la nulidad de los despidos y por lo tanto no tumba el ERE, lo que significa que seguirá adelante“. Como ya publicara Reporteros Jerez, efectivamente en la sentencia el juez no los declara nulos pero sí condena al Ayuntamiento a indemnizar o readmitir a todos y cada uno de los trabajadores afectados, justificándolo en que el Expediente no se ajusta a Derecho.

Dentro de la amplia argumentación esgrimida por el magistrado en el fallo, al que este medio ha tenido acceso, se destaca la “subjetividad” y “arbitrariedad” de las que asegura que se valió el ejecutivo para determinar a quién iban a afectar esos despidos. En concreto, el juez explica que a la hora de tramitar el ERE se siguieron dos criterios: el del número y edad de los despedidos y el de evaluación. En lo que respecta al primero de ellos, el proceder de la administración sí se ajustó a Derecho extinguiendo los contratos de los mayores de 59 años, cuyo número se elevaba a 125. Sin embargo, en el apartado de evaluación el magistrado critica que se realizara una criba bajo la “valoración personal y subjetiva” del delegado o técnico de turno, sin pedir los currículum, formación específica, titulación o tiempo de prestación del servicio de los empleados.

Por ello, concluye que el Ayuntamiento “no actuó de buena fe” y siguió una “arbitrariedad que adquiere mayor gravedad desde su condición de administración pública”, lo que fundamenta que se declare que el despido colectivo no se ajustó a Derecho. En lo que se refiere a la nulidad solicitada por los demandantes, el juez la desestima argumentando que se siguieron durante el proceso todos los pasos y tiempos legalmente establecidos, aportándose la documentación requerida en estos casos y llevándose a cabo la correspondiente negociación con los sindicatos. Es por ello que la demanda se estima “parcialmente”, puesto que si bien no se declara la nulidad sí se exige la indemnización o readmisión por despido no ajustado a Derecho, que era la medida que solicitaban los perjudicados de forma subsidiaria.

El gobierno, por su parte, se aferra a ese punto en el que se hace referencia a que el criterio de número y edad sí se ajustó a Derecho y entiende que, en último caso, esa obligación de readmisión o indemnización se extendería solo a los afectados que no alcancen los 59 años. “Ante esta tesitura -ha puntualizado Saldaña-, solicitaremos al tribunal una aclaración sobre el alcance de la sentencia: a qué trabajadores afectará y a cuántos. Cuando conteste el TSJA, se valorarán las opciones a seguir”. De esta forma, el primer teniente de alcaldesa ni siquiera ha concretado si recurrirán o no el fallo, aunque sí ha avanzado que “el Ayuntamiento no se puede permitir ese coste de personal”, ante las preguntas de si optarán por la readmisión o las indemnizaciones. En cuanto a estas últimas, además, ha informado de que la cantidad total sería bastante menos cuantiosa de la que se pagó en su momento, que alcanzó los 5.300.000 euros.

No ha faltado ni uno. Todos los grupos políticos de la oposición y los sindicatos con representación municipal han protagonizado una comparecencia conjunta en la que han expresado su absoluta satisfacción con la sentencia que tumba el ERE del Ayuntamiento, al tiempo que han cargado sin piedad contra un gobierno al que acusan de haber realizado “una caza de brujas política con dinero público”. Todos ellos han trasladado un discurso parecido con un claro mensaje común: la exigencia de que sean readmitidos todos los afectados y la dimisión del gobierno local por haber llevado a cabo un Expediente de Regulación de Empleo que no se ajusta a Derecho.

Los primeros en alzar su voz han sido los representantes de las organizaciones sindicales, empezando por Lola Vázquez, de CC OO, que ha puesto el acento en que “el pueblo no puede seguir pagando con dinero público los errores del partido que lo gobierna”. Así, son contrarios a que el Ayuntamiento abogue por indemnizar a los perjudicados en vez de readmitirlos, que es una de las posibilidades que plantea el fallo judicial. “Entendemos que ha sido un despido político”, ha incidido Alfonso Cárdenas, delegado de UGT, en la misma línea de lo expresado por los representantes de CGT, la ATM y CTP. El delegado de este último colectivo, Juan Manuel García Hurtado, ha cifrado en alrededor de 30 millones de euros los que tendría que desembolsar el Consistorio si se acoge a las indemnizaciones, y “todo por una cabezonería e incompetencia”.

El plato fuerte de la comparecencia, sin duda alguna, ha corrido a cargo de los líderes de la oposición que han pedido sin ambages la dimisión del ejecutivo. “Esta sentencia supone un mazazo sin precedentes para la derecha -ha apuntado Pedro Pacheco-. La Justicia no es un cachondeo y ha demostrado que el gobierno actuó sin escrúpulos y a sabiendas de que estaba haciendo una purga política. Este gobierno está ya deslegitimado”. De esta forma, se ha preguntado qué sucederá ahora con todo el dinero que se desembolsó a Deloitte, la empresa encargada de gestionar el ERE, al igual que Miriam Alconchel, secretaria local del PSOE, que ha calificado todo el proceso como “una persecución política del gobierno”.

“Con el dinero público no se pueden cometer fechorías ni pagar indemnizaciones. Tendrán que responder ante todo este gasto”. El concejal de IU, Joaquín del Valle, ha adelantado que la readmisión de los 260 despedidos será solicitada mañana viernes en el Pleno municipal, en un acto de “defensa” de toda la ciudadanía. “Éste no es un problema de ellos, es de todos los ciudadanos, de la administración pública. Están saqueando la ciudad  y no van a pagar indemnizaciones con nuestro dinero”. Como ya se ha publicado, el Ayuntamiento tiene cinco días para tomar una determinación que pase por readmitir a los despedidos, o bien indemnizarlos. Sea de un modo u otro, los sindicatos han puntualizado que la ejecución de la sentencia seguirá adelante, independientemente de que la administración recurra el fallo.

Si desde el mes de agosto no para de hablarse de los perjudicados por el ERE municipal, en estos días la noticia se ha vuelto aún más candente una vez que se les ha puesto rostro y nombre y han comenzado ya a recibir las cartas de despido y las correspodientes indemnizaciones. Desde ayer, la Delegación municipal de Recursos es un no parar de ir y venir de damnificados por el Expediente de Regulación de Empleo que acuden a recoger sus cheques como prueba fehaciente de que el proceso es irreversible y a partir del 12 de septiembre dejarán de prestar sus servicios en el Consistorio. Esta mañana se han vivido momentos de verdadera tensión cuando decenas de afectados han guardado cola y han ido siendo llamados a voz en grito, “como si de la carnicería se tratara”.

En este sentido la indignación era total, puesto que los presentes sentían que el proceso se está llevando a cabo con una falta de humanidad patente, sin tener en cuenta a los perjudicados ni la situación concreta de cada uno de ellos. “No hemos recibido ningún tipo de información -se quejaba una de las afectadas, Paqui Perdigones-, y Jerez tiene que saber cómo nos están echando y por qué. No sabemos qué criterios han seguido y para colmo nos están tratando como borregos. Si yo quiero llorar y desahogarme, al menos que nos dejen un despacho para eso y no nos liquiden aquí en medio”.

Paqui entró en la Delegación de Participación Ciudadana en 2001, y se lamenta de que hayan incluido su nombre en la lista ‘negra’ y no el de otros compañeros con bastante menos antigüedad. “Esto ha sido una caza de brujas”, asegura, argumentando que en su caso todo viene porque trabajó durante un tiempo para el grupo municipal socialista. En la misma línea se expresó Pilar Lebrón, otra de las perjudicadas, que confirmó que llegará hasta el final junto con Paqui en la batalla legal contra el Ayuntamiento.

“En mi expediente reza que soy soltera y no tengo hijos a mi cargo, cuando en realidad estoy casada y tengo dos hijos -declara-. Yo trabajo en el Ayuntamiento de El Torno y entre dos personas lo hacemos absolutamente todo; no sé qué va a ocurrir a partir de ahora, puesto que una sola no dará abasto”. Éstos son solo dos ejemplos de los 260 que conforman el ERE municipal, y que no hay que olvidar que continuará engordando con los más de 100 despedidos que se incluirán en el procedimiento de recortes de las empresas municipales.