El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha dicho esperar que se solucione “cuanto antes” la situación de la diputada y exalcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, citada a declarar por el Tribunal Supremo (TS) el día 22, en calidad de investigada –figura que sustituye a la de imputada tras la reforma de la LeCrim-, para interrogarla por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público. Leer noticia completa

El ‘caso Juan Holgado’ ha escrito esta jornada un capítulo más. El Juzgado de Instrucción número 1 de Jerez había citado para declarar como testigos este lunes 30 de noviembre a cuatro personas que guardaban relación o tenían que ver con el presunto homicida de Juan Holgado, asesinado ahora hace 20 años en una gasolinera de Jerez, y que resultó fallecido hace unos nueve años.  Leer noticia completa

El jerezano Antonio Fernández, implicado en el caso de los ERE irregulares que investiga la juez Mercedes Alaya, ha solicitado una pensión alimenticia de algo más de 1.800 euros mensuales para hacer frente a “sus necesidades más básicas”. El exconsejero ha alegado ante la juez que “de no contar con benevolente y graciable ayuda de ciertos próximos se vería abocado a la pura indigencia”.  Leer noticia completa

Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, se sentará mañana en el banquillo por el ya conocido como `caso Xerez´ y lo hará como imputado debido a denuncia que interpuso contra él la entidad azulina, que espera que este caso pueda marcar también el futuro de la incidencia concursal presentada por la Liga de Fútbol Profesional en los juzgados de lo mercantil de Cádiz . Leer noticia completa

Ricardo García tendrá que cumplir con sus accionistas y mostrar, para su posterior aprobación, las cuentas del Xerez CD SAD desde 2011 y hasta 2013, así como el presupuesto del club azulino de la pasada temporada. Leer noticia completa

El PSOE de Cádiz, a través del secretario de Política Institucional, Rafael Márquez, ha anunciado que “los servicios jurídicos del partido están analizando la fórmula idónea para reabrir el caso Gürtel-Jerez en el juzgado competente”. Según Márquez, “el informe de la UDEF abre un camino claro que es el depurar responsabilidades ante la gravedad del caso; actuaciones exquisitas que se tuvieron con ayuntamientos de toda España, incluido Jerez, por las empresas de Correa”.

En este sentido, el socialista ha asegurado que “el PP de Jerez no puede dejar de mirar hacia otro lado, debe dar explicaciones, no escurrir el bulto y no esconderse tras técnicos municipales”. Márquez entiende que “en el caso de que Pelayo no acuda voluntariamente ante la Audiencia Provincial, se buscarán vías judiciales, ya sea ante este órgano judicial o ante el Tribunal Supremo dada la calidad de aforada de la senadora y alcaldesa de Jerez”.

Por su parte, Miriam Alconchel ha hecho públicas pruebas documentales que se dan por cierto en el informe de la UDEF-Policía Judicial y que demuestran que presuntamente se “falsearon fechas para aprobar los contratos de las empresas de Correa por vía de urgencia, sin concurso público y sin invitación a tres empresas como marca el procedimiento administrativo local y como evidencia el hecho de que no existieran reporte de los presuntos faxes enviados a otras empresas”.

Así, la líder de los socialistas jerezanos ha mostrado públicamente el informe de la interventora municipal que marcaba los pasos del procedimiento a la contratación de Fitur 2004 en base a una consignación de 2004, prevista en los presupuestos prorrogados del año anterior “y que presuntamente se saltaron a la torera”.

“Lo llamativo del caso- añade Alconchel– es que la interventora dejaba claro que existía partida presupuestaria para atender el gasto y que se reservaría crédito; y se da la coincidencia de que el informe de intervención es del mismo día (8 de enero de 2004) en que desde el IPDC, a través de un informe, se intenta justificar la urgencia vinculándolo al Plan de Excelencia Turística aprobado 11 meses después”; “algo que demuestra el nerviosismo del PP por la adjudicación a dedo a pesar de existir una consignación presupuestaria concreta”, a juicio de Alconchel.

Igualmente, “llama la atención la irregularidad y falta de concordancia de fechas en la solicitud que se exige a las empresas en Jereyssa para justificar la inexistencia de deudas de las firmas de la trama, con registro de entrada del 4 de marzo de 2004, un mes después del evento; lo que resulta una metedura de pata gordísima”, agregó.

Es por ello por lo que la Secretaria General de los socialistas jerezanos denuncia “los continuos viajes en el tiempo del PP en este asunto, hacia delante y hacia detrás para vestir el expediente” se realizan porque “en ningún caso se justificaba la urgencia; por lo que se usó el procedimiento de negociado sin publicidad para adjudicar a sus amigos del PP”.

La juez que investiga el caso de los ERE irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, ha imputado al empresario jerezano José María Ruiz-Mateos y a uno de sus hijos, Zoilo, en relación al ERE del hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), según ha trascendido este lunes a través de diferentes medios de comunicación. De hecho, la propia Alaya ha notificado este lunes la resolución de las imputaciones y los cita a ambos a declarar el 5 de marzo.

Cabe recordar que en esta misma causa ya se encuentran imputados otros dos hijos del empresario, concretamente Pablo y Javier. Estos últimos declararon la semana pasada y aseguraron que no intervinieron directamente en el ERE del hotel Cervantes ni hicieron pagos en metálico y en dinero B al ‘conseguidor’ Juan Lanzas. La juez les imputa un delito de malversación de caudales públicos. Tras su declaración, la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de responsabilidad civil de algo más de 8,5 millones de euros a cada uno. Esa cantidad se corresponde a lo que aportó la Junta de Andalucía (6,4 millones) para el Expediente de Regulación de Empleo del hotel en cuestión, más el tercio legal previsto en estos casos.

En el ERE de este establecimiento, que era propiedad del grupo Rumasa, se habrían colado dos intrusos. El Gobierno andaluz se adhirió a la petición de fianza de la fiscalía.