El obispado de Asidonia-Jerez ha querido desmentir, mediante un comunicado, la información publicada en algunos medios de comunicación, ya que “no existe constancia de ningún tipo sobre la posible imputación de ningún sacerdote o religioso que desempeñe en la actualidad su labor en el territorio de esta Iglesia diocesana como ha sido publicado en el día de hoy (por ayer)”. Leer noticia completa

Pilar Sánchez, exalcaldesa de Jerez, ha salido en libertad con cargos tras declarar durante unos diez minutos en la Comisaría Provincial de Cádiz, al implicarla en supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación, entre ellas Mercajerez. Sánchez ha declarado que desconocía la gestión de los cursos de formación, que controlaba, según ha especificado, el gerente de la sociedad.

Pilar Sánchez ha explicado a Efe que ha sido citada a declarar esta mañana en la Comisaría Provincial de Cádiz para “testificar” en el caso, aunque fuentes policiales han señalado que está “imputada” en la investigación, en la que se prevén entre setenta y noventa detenciones en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería.

La exalcaldesa socialista ha señalado que, en el ámbito de Jerez, se están investigando supuestas irregularidades en unos cursos de formación que solicitó Mercajerez, una entidad que ella presidía como regidora de la ciudad gaditana.

“Mercajerez es una sociedad mixta, cincuenta por ciento privada y cincuenta por ciento municipal. La presidencia la ejerce el alcalde o alcaldesa de la ciudad pero las competencias las desarrolla y ejerce la gerencia y la vicepresidencia”, ha apuntado Sánchez. La exalcaldesa ha explicado que en ningún momento ha sido detenida, como aseguraba a primera hora de la mañana El Confidencial sino que ha testificado durante ocho minutos para explicar este organigrama y señalar que desconocía los asuntos relativos a estos cursos de formación que se están investigando.

“Aquí todo acaba en el alcalde”, se ha quejado Pilar Sánchez, condenada a dos años de prisión por desviar fondos del Plan E para el pago de gastos corrientes municipales y recientemente juzgada por supuestas irregularidades en la adjudicación de una ayuda a una empresa.