“Éste es un proyecto único, diferente y exclusivo, de carácter muy personal por su estilo y diseño… con amplias zonas verdes, club deportivo con pista de tenis y pádel en la mejor zona de Jerez”. Así comienza el dossier presentado a los futuros compradores de una vivienda en los Altos de Croft, un residencial promocionado como el de más alto nivel de la ciudad y con servicios únicos al alcance de un selecto grupo de privilegiados. Los chalets pareados pueden alcanzar los 600.000 euros y se complementan, en teoría, con un equipamiento del que carecen el resto de urbanizaciones jerezanas y que es precisamente lo que aporta un carácter diferenciador a la promoción.

Sin embargo, esta teoría maravillosa ha comenzado a hacer aguas en la práctica a raíz de las denuncias realizadas por un grupo de compradores que están dispuestos a llevar el tema a los tribunales con el siguiente argumento: pagaron unas cantidades desorbitadas por unos servicios que brillan por su ausencia. Resultó demasiado bonito para ser cierto. Franciso Mauriño es el letrado encargado de la causa de estas familias, que se sienten estafadas por la promotora Rentas y Vitalicios S. L., que entregó las viviendas sin haber terminado la urbanización. Como explica el abogado, el plan parcial relativo a esos terrenos recogido en el PGOU exigía la entrega de los inmuebles una vez finalizadas las obras por completo, lo que incluía las calles y todo el exterior, donde también deberían haberse construido tras la oportuna cesión del suelo para uso público viviendas de VPO, zonas verdes, deportivas y de ocio.

Un solo paseo por los Altos de Croft basta para comprobar que no solo no se ha llevado a cabo lo mencionado, sino que aún existen varias naves industriales que debían haber sido derruidas. Aunque no se cumplió el plan parcial, al que este medio ha tenido acceso, antes de dar las viviendas la promotora solicitó un permiso al Ayuntamiento para fasear las obras y poder conseguir así la cédula de habitabilidad y entregar una parte, a pesar de no estar concluida la totalidad. La Delegación de Urbanismo, con Juan Pedro Crisol al frente por aquella época, dio luz verde a esta petición permitiendo que se facilitaran las llaves a los propietarios sin disponer del resto de servicios. Una circunstancia “completamente anómala”, según otras fuentes profesionales consultadas. La cuestión es que esas fases que se comprometieron a realizar para terminar el proyecto tampoco se están llevando a cabo, y el temor de los propietarios es que esas viviendas se queden “aisladas y abandonadas en mitad de una parcela”.

Como explica Mauriño, una vez que las quejas se han hecho llegar a la promotora ésta se ha comprometido a construir las pistas de pádel y tenis en un sector destinado a las viviendas de VPO, que han de levantarse por ley, lo que obviamente también constituiría una irregularidad. Todo un caos de planificación que hace desconfiar a estos dueños, que lo único que quieren es una rescisión de contrato y que les devuelvan lo invertido, porque no tienen aquello por lo que pagaron. Las fuentes profesionales consultadas van más allá y ponen el acento en la clara intención especulativa que desde un primer momento caracteriza el proceso, con la recalificación de unos terrenos que podrían haber sido utilizados para uso industrial y beneficio de todos los jerezanos y no residencial, favoreciendo a una promotora. Un solo ejemplo de los que habrá muchos. Solo la justicia dirá si con ello se han vulnerado no solo los intereses de todos los ciudadanos, sino también de los que compraron las viviendas.

La Delegación de Deportes va a remitir  a la Policía Local un informe sobre los daños causados por el vandalismo en los paneles de las pistas de pádel del complejo deportivo de La Granja. Estos ataques suponen un deterioro importante en las mencionadas instalaciones, que volverán a  requerir una inversión económica de 1.800 euros. Debido a los daños provocados y a su frecuencia, hace veinte días ocurrió lo mismo, se va a remitir el informe a los Cuerpos de Seguridad mencionados y, con competencia en la ciudad, con objeto de que se incrementen o se presten especial atención a estos casos que se encuentran generalizados.

La delegada de Deportes se ha disculpado a los usuarios de las pistas, al mismo tiempo que  ha señalado que  “hace veinte días hubo que reponer otro panel que también fue destrozado en un acto vandálico. Cada panel tiene un coste de 1.800 euros y su reposición es una gran esfuerzos para las arcas municipales”.

Al respecto, la delegada ha señalado que  “es una pena que unos pocos hagan tanto daño a muchos debido a la falta de civismo.  Cuando el gobierno actual se  hizo cargo de las instalaciones no estaban en su mejor momento pero también es verdad que  muchos arreglos y reposiciones que se realizan son destruidas por actos vandálicos y ni la ciudad ni los deportistas se lo merecen”.