Un total de 182 vecinos de la barriada de Vallesequillo II han anunciado que se movilizarán y denunciarán al Ayuntamiento por prevaricación en caso de no dar marcha atrás en la decisión de no transmitirle la propiedad de sus viviendas, “tal y como acordó en su día, y que se registró mediante la firma de un contrato”. Y es que, según apuntan, la empresa de vivienda de Jerez, Emuvijesa, les ha remitido un escrito en el que les indica a los vecinos que habrán de pagar entre  9.500 y 12.000 euros en concepto de gastos notariales e impuestos si quieren acceder a la propiedad o, en caso de no hacerlo, seguir con el alquiler de los inmuebles. 

“De nuevo el Ayuntamiento y su alcaldesa dan muestras de su afán recaudatorio. La falta de dinero municipal hace que intenten obtener dinero como sea, en esta ocasión a través de unos vecinos de una de las zonas que no es precisamente de las más pudientes de Jerez”, señala el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Flor, que ha ofrecido una rueda de prensa junto a una amplia representación de los vecinos y sus abogados.

Los vecinos se constituyeron en una plataforma en diciembre del año pasado, después de dirigirse al Consistorio “y no obtener respuesta alguna”. Su representante, Soledad Barroso, manifiesta que “se está perjudicando a una de las zonas más humildes de Jerez y que no se podía justificar de ningún modo el incumplimiento del contrato que en su día, hace 20 años, firmaron los vecinos con el Ayuntamiento” (a través de la empresa de Gestión Municipal de la Vivienda, Gemusiva). “Ante la falta de respuesta del Consistorio”, la representante vecinal señala que los residentes en esta zona de Jerez no tenían otro modo de reclamar sus derechos sino con las movilizaciones y la adopción de medidas legales.

Raúl Píriz, uno de los letrados de los vecinos, señala que la actitud del Ayuntamiento no es sino otra “cacicada”. “No solo conculca el derecho de propiedad de 182 vecinos de una barriada humilde y trabajadora, sino que pretende, en una pésima situación económica, recaudar injustamente a quienes menos tienen y, además, con el mayor de los desprecios: la imposición autoritaria y la negativa al diálogo”. En este sentido, apunta que el Ayuntamiento sigue dejando pasar el tiempo, sin que hayan tenido ninguna respuesta a sus peticiones de explicaciones.

Agrega que los 20 años se cumplieron en junio de 2013, momento en que el Ayuntamiento ya debiera haber dejado de cobrarles el alquiler. “No obstante, ha seguido haciéndolo cuatro meses más”.