El candidato del Partido Popular al Parlamento andaluz y secretario general del PP de Cádiz, Antonio Saldaña, ha denunciado, junto a la vicesecretaria de Políticas Sociales e Igualdad del PP local, Isabel Paredes, que “la Junta de la socialista Susana Díaz ha recortado en Jerez el 50% del salario social en un año”.

Saldaña ha explicado que en el año 2014 el gobierno andaluz de los socialistas quitó de un plumazo casi dos millones de euros en la aportación económica para pagar el salario social de los jerezanos que peor lo estaban pasando. Concretamente, en 2013 la aportación de la Junta fue de 3.531.826 euros (1.784 expedientes), mientras que el año pasado esta cantidad se redujo hasta los 1.785.928 euros (907 expedientes), “y estamos hablando –ha comentado-, de lo que supone el único medio de vida para muchas familias jerezanas y andaluzas, un salario que oscila entre los 600 y los 90 euros, despendiendo de las valoraciones, que son el único ingreso para las familias más necesitadas”.

El candidato popular ha señalado que además de la reducción a la mitad del dinero para los salarios sociales, hay en Jerez unas 2.000 personas (unas 6.000 en la provincia) que cumplen todos los requisitos necesarios, pero que están esperando a que la Junta de Andalucía resuelva el expediente y les pague esta ayuda económica vital para sus familias, “y lo que está haciendo la Junta es dilatar el proceso para no tener que pagar. Esto es una demostración más de que el gobierno de los socialistas desprecia a Jerez en todos los sentidos”, ha dicho.

Ante la falta de atención y negligencia de la Junta, el secretario general del PP provincial ha apuntado que son los ayuntamientos como los de Jerez, gobernados por el PP, los que con un gran esfuerzo están haciéndose cargo de las políticas sociales que la Junta de Andalucía ha abandonado, a pesar de ser de su competencia. En este sentido, ha destacado que “con el gobierno de García-Pelayo, en Jerez hemos multiplicado por tres el presupuesto municipal para Bienestar Social y, además, lo hemos ejecutado al 100%”.

Para Saldaña, los ayuntamientos no pueden estar asumiendo competencias impropias, “por lo que exigimos a la Junta de Andalucía que cumpla con la ley, que tramite los expedientes y que pague el salario social y todo lo que debe en materia de política social, que es prioritario”.

En relación a este asunto, el dirigente popular ha afirmado que el PSOE tiene todas las políticas sociales paralizadas y, para colmo de males, también ha dejado tirados a las organizaciones del tercer sector, que son las que están supliendo la dejadez del gobierno andaluz de Susana Díaz en materia social, “y aun así les han cortado el grifo, por lo que peor no se puede hacer. Lo que es evidente es que algunos predican el socialismo y el comunismo de salón y de hacer política detrás de las pancartas, y otros nos dedicamos a resolver a los problemas de los ciudadanos. No es una cuestión de ideología, sino de gestión y de voluntad”.

En cuanto a lo que va a hacer el PP cuando gobierne en Andalucía, Saldaña ha explicado que con Juanma Moreno de presidente de la Junta se acabará el populismo y las políticas sociales de boquilla: “Nuestra propuesta es hacer lo que es justo, cumplir lo que determina la ley, gestionar de manera eficiente, reconociendo a las personas con dificultades, agilizando los trámites y cumpliendo en tiempo y forma. CUMPLIR”.

Por todo ello, el candidato del PP al Parlamento andaluz ha animado a los jerezanos a apoyar la gestión y la solución de los problemas bajo los principios de solidaridad, equidad y eficiencia, por encima de las ideologías y los discursos vacíos.

Por su parte, Isabel Paredes ha manifestado que la Junta de Andalucía es el gobierno autonómico “que menos gasta en Dependencia, que menos gasta en Educación y que menos gasta en Sanidad”, por lo que está claro que lo que falla en Andalucía es un gobierno socialista que lleva más de 30 años paralizando a Andalucía.

El concejal del grupo socialista José Manuel Jiménez ha pedido al equipo de gobierno que facilite la solicitud y tramitación del salario social a través de los centros cívicos,  para lo que reclama la presencia en dichos centros municipales de la persona que lo gestiona, y no “como actualmente se realiza”, obligando a las personas demandantes a solicitarlo y entregar la documentación requerida en las dependencias centrales del Ayuntamiento, en la calle California, en el polígono San Benito.

Este servicio ya se prestaba anteriormente, “pero el equipo de gobierno de García-Pelayo lo suprimió, sin ofrecer ningún tipo de explicaciones”. “Además de destinar recursos económicos para paliar la situación en que se encuentran miles de familias jerezanas, es preciso añadir facilidades a quienes precisan de estos servicios, que ya tienen bastante con las dificultades económicas de su día a día como para que se le planteen también problemas a la hora de llevar a cabo los trámites administrativos”, comenta Jiménez.

El concejal socialista recuerda que Jerez tiene 35.000 desempleados, una de las tasas más elevadas de toda España desde un punto de vista porcentual, una situación “que exige un enorme esfuerzo por parte del Ayuntamiento, un esfuerzo que no se está haciendo”. “No nos extraña puesto que la política del PP en toda España está clara: cuadrar las cuentas, aunque para ellos haya que realizar los más dolorosos recortes en materias como Sanidad, Educación o Servicios Sociales”.

Jiménez prosiguió diciendo que, en este caso, no se trata de hacer un gran desembolso, sino simplemente de modificar la pauta de trabajo de una sola persona, con el objetivo de redundar en beneficio de miles. “Estamos hablando de una cuestión de actitud, de una cuestión que no es otra cosa sino creer en este tipo de políticas. Y es muy evidente que Pelayo y su gobierno municipal no están por la labor”.

Unas 900 familias jerezanas esperan a día de hoy la resolución de sus solicitudes para recibir el salario social, un trámite que se puede tramitar desde el Ayuntamiento (también desde la administración autonómica) y que resuelve la Junta de Andalucía. “Si la Junta no tardara hasta 15 meses en responder, no habría lista de espera”, asegura la delegada de Políticas Sociales, Isabel Paredes. Según ha explicado en rueda de prensa, “quedan expedientes por resolver del año 2012″.

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