Aunque ya no quedaban dudas al respecto, los afectados por el ERE municipal han sido informados de manera oficial de que el TSJA ya tiene en sus manos la comunicación del Ayuntamiento en la que transmite su decisión de optar por indemnizar y no por readmitir a las 260 personas despedidas. Así lo han sabido esta misma mañana, como ha confirmado a este medio Antonio Ortega, que representa al Colectivo de Trabajadores Progresistas en el procedimiento. Según el letrado, la administración local emitió el correspondiente escrito el 2 de abril junto con su petición de aclaración, antes de saber por tanto si finalmente la sentencia debía hacerse extensiva o no a la totalidad de los perjudicados, como así ha sido. Como explica Ortega, el Consistorio se pronunció trasladando su intención de indemnizar porque si no lo hubiera hecho, una vez transcurrido el plazo impuesto por el Alto Tribunal automáticamente se hubiera visto obligado a readmitir a los despedidos. Leer noticia completa

Una mujer divorciada y su hija de doce años se enfrentan este lunes a la amenaza de un desahucio, y allí, en el bloque 11 de la barriada de La Vid, están citados a los 11 de la mañana todos los ciudadanos que quieran acercarse para tratar de evitarlo en una nueva movilización de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Jerez (PAH).

Así, para intentar frenar este nuevo desahucio, los integrantes de esta plataforma van a concentrarse en el lugar desde primeras horas de la mañana. A la protesta también van a acudir representantes de los partidos políticos, según cuenta el portavoz de la PAH de Jerez, Lorenzo Barba.

Tal como narran, no ha habido forma de llegar a una solución dialogada con la juez que emititó el auto, a la que le han presentado hasta cuatro escritos que no ha aceptado. De hecho, hasta el viernes al mediodía el lanzamiento seguía señalado, y solo les había instado a esperar para ver si había alguna novedad por la carta que le han remitido al banco donde tiene la hipoteca esta familia.

El portavoz de la PAH de Jerez recalca que en este caso la deuda de propietaria ronda los 70.000 euros, y es que hace un año que dejó de pagar la hipoteca ya que su ex marido no le pasa manutención y con la prestación de 400 euros no puede hacer frente más que al pago de luz y agua.

Además, Barba insiste en que existen cláusulas abusivas, por eso lamenta que la jueza no haya atendido sus escritos ni haya tenido en cuenta la última sentencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo que permite a un juez parar un desahucio cuando se dan esas circunstancias.

La secretaria general del PSOE-A de Jerez y portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Miriam Alconchel, ha advertido en rueda de prensa del “elevado coste” que va a suponer para las arcas municipales el recurso que el gobierno municipal va a presentar al Tribunal Supremo contra la sentencia del ERE y ha acusado a la alcaldesa, María José García-Pelayo, de “derrochar dinero público para dilatar un proceso ilegal y arbitrario”.

Ha asegurado que, con este recurso, la alcaldesa “vuelve a dar una patada adelante y juega a la confusión y al despiste, aunque  lo más grave es que está jugando con los sentimientos de los trabajadores afectados por el ERE, prolongando su sufrimiento y el de sus familias”. Ha denunciado, no obstante,  que la alcaldesa “siga  en sus trece para consumar los despidos de un ERE que el Alto Tribunal Andaluz ha dicho que es  no ajustado a derecho y arbitrario”, por lo que ha insistido que el Grupo Municipal Socialista va a seguir “defendiendo la readmisión de los trabajadores despedidos”.

Al respecto, Alconchel ha explicado que “la sentencia es lo bastante explícita y deja abierta la vía a dos opciones: la readmisión o la indemnización”. Pero, ante todo, ha señalado que “el fallo judicial está cargado de argumentos que podrían certificar la nulidad de un procedimiento al asegurar que se actuó con mala fe y que los despidos se hicieron de forma arbitraria, sin criterio, sin tener en cuenta su formación, sin cualificación, ni antigüedad y sin tener en cuenta su experiencia”.

“El TSJA -añadió- ha tumbado el ERE por arbitrario y eso supone que se ha reconocido que todos los argumentos esgrimidos por los trabajadores, los sindicatos y los partidos de la oposición tenían un sustento real y que era una decisión que carecía de la más mínima objetividad y  razón de ser. Pero no sólo lo dice el TSJA, sino que el informe de la Inspección de Trabajo de septiembre de 2012 dejó claro que faltaba documentación que acreditara la aplicación objetiva de los criterios del ERE”. Por ello, ha lamentado que el PP  y la alcaldesa, “en lugar de de dar marcha atrás ante la contundencia del fallo del TSJA, anuncie que van a seguir adelante con el ERE y que no van a readmitir a los trabajadores”.

“Con dinero público  -denunció-  el gobierno del PP y de la señora Pelayo han llevado a cabo una actuación no ajustada a derecho, un ajuste de cuentas con la plantilla, poniendo en la calle a quien le ha dado la gana. Con dinero público se ha disfrazado esta artimaña y se ha pagado con el dinero de todos los jerezanos a empresas externas para aplicar un ERE”.

De hecho, Alconchel ha explicado que se ha destinado casi 55.000 euros a Deloitte por el ERE, casi 64.000 a una consultoría por el plan de recolocación y casi 6.000 mil por el informe pericial, a lo que hay que sumar  lo que costará  la defensa jurídica que, según las consultas realizadas por el Grupo Municipal Socialista, podrían elevarse a un cuarto de millón de euros.

Al coste económico, Alconchel dijo que hay que añadir la repercusión que ha tenido en la prestación de servicios públicos por la falta de personal. “Los jerezanos han seguido pagando sus impuestos, pero no han podido disfrutar de los servicios públicos, porque el personal que los prestaba estaba en la calle. Y ahora le van a pedir también a los jerezanos que paguen las millonarias indemnizaciones, cuando un tribunal ha dicho claramente que se trata de unos despidos arbitrarios”, aseguró.

El Ayuntamiento ha anunciado, ante la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), su intención de recurrir la sentencia dictada por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) al no estar conforme con el fallo y al entender que “no ha habido arbitrariedad en la selección de las personas afectadas”. El Consistorio ha presentado el escrito de preparación del recurso de casación que tiene previsto interponer ante el Tribunal Supremo, tal como asegura a través de un comunicado.

Además de anunciar su intención de recurrir la sentencia, el Ayuntamiento ha presentado otro escrito en el que manifiesta su decisión de “optar por la indemnización a los trabajadores de la cantidad procedente y, por tanto, por la extinción definitiva de los contratos de trabajo de las personas afectadas por el despido colectivo”. A la espera de que el TSJA de respuesta a la aclaración sobre el fallo de la sentencia, solicitada a través de un escrito el pasado 26 de marzo, el Ayuntamiento descarta ya la posibilidad de readmitir a los trabajadores al entender que “supone un coste elevadísimo para el Ayuntamiento al sumar los sueldos de los afectados 11 millones de euros cada año”. Asimismo, la readmisión supondría iniciar un nuevo ERE al ser una medida necesaria para reducir el coste de personal.

De esta manera, el Ayuntamiento entiende que el coste de la indemnización, en el peor de los escenarios, se amortizaría en un año, ya que aún está pendiente de aclaración si el fallo de la sentencia se refiere a los 260 empleados afectados por el ERE o quedan exentas las personas mayores de 59 años. Asimismo, recuerda que ya se han abonado 5.257.000 euros en concepto de indemnizaciones, ya que la sentencia lo que hace es ampliar el período de 20 días a 45 días por año trabajado.

El Ayuntamiento confirma, por tanto, tras optar por la indemnización que “el ERE sigue su curso, ya que es una medida absolutamente necesaria que se enmarca en un Plan de Ajuste que debe cumplirse para resolver la situación económica del Consistorio”.

En cuanto al recurso de casación, el Consistorio ha anunciado su preparación al no estar de acuerdo con el fallo de la sentencia y por entender que no ha habido arbitrariedad en la selección de las personas afectadas. El Gobierno recuerda que “esta decisión se ha tomado pensando en el interés general de los ciudadanos y ante la imposibilidad del Consistorio de soportar el elevadísimo coste de personal”.

Conforme a esto, recuerda que junto al despedido colectivo se han tomado otras medidas que han permitido reducir el coste en materia de personal del Ayuntamiento en los Presupuestos de 2013 de los 82 millones de euros a 67 millones de euros.

El gobierno insiste en que el recurso se presenta tras no estar conforme con aspectos concretos de la sentencia ya que en la misma queda claro también que no ha existido vulneración de los derechos fundamentales ni discriminación política ni ideológica. Asimismo, la sentencia considera que no se dan las causas para la nulidad del mismo al haberse cumplido con el período de consultas, al haberse aportado toda la documentación exigida por ley y al respetarse los derechos fundamentales.

Una madre y sus dos hijos han sido condenados a dos años de cárcel por dedicarse a adquirir muebles, electrodomésticos, móviles y una cámara de vídeo utilizando DNI de tres personas que denunciaron haberlos perdido. Así lo ha decretado el titular de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Jerez, en una sentencia en la que detalla cómo llevaron a cabo la actividad delictiva, Según el juez, entre diciembre de 2004 y marzo de 2005 los condenados, María Luisa P. E. y José Ramón y Antonio C. P. compraron haciendo uso de estos documentos diversos enseres en Muebles Palomino y Movistar en ocasiones distintas, abriendo varias líneas telefónicas e incluso una cuenta bancaria a nombre de una de los titulares de los DNI, todo ello por un valor que alcanza los 27.000 euros.

El modus operandi era sencillo: los sujetos firmaban contratos de financiación en los que estampaban un simple garabato y aportaban los citados documentos, sin llegar a abonar ni un solo euro. Esas deudas nunca se solventaron con las empresas perjudicadas, a pesar de que ellos sí hicieron uso y disfrute de todo lo adquirido. En alguna ocasión, incluso, el juez asegura que llegaron a mostrar nóminas y cartillas falsas. Tras una ardua investigación, en abril de 2005 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía se personaron en el domicilio que los tres compartían y encontraron parte de la mercancía que había sido comprada de forma ilegal.

Por todo ello, la madre y sus dos hijos han sido condenados a dos años de cárcel como responsables de un delito continuado de estafa, con el atenuante de dilaciones indebidas Los tres deberán indemnizar a cada uno de los titulares de los DNI con la cantidad de 600 euros, incluyendo los gastos de la acusación particular. Cabe destacar que las empresas afectadas no llegaron a personarse en la causa. Quien también estaba imputada era la pareja de María Luisa P. E., que finalmente ha sido absuelta ante la falta de pruebas que le vinculen directamente con la actividad ilícita.

UPyD Jerez, en referencia a la sentencia del TSJA sobre el ERE municipal, lamenta que “una nueva irresponsabilidad por parte del equipo de gobierno de la ciudad suponga otra deuda para los jerezanos, ya bastante ahogados por la mala gestión de todos los que han gobernado en la ciudad”.

El coordinador local de la formación magenta, Francisco Jesús Espinosa, se pregunta “de qué sirve determinar criterios objetivos de despido basados en la evaluación continua como la competencia técnica, la formación, experiencia y polivalencia si a la hora de aplicarlos se hace con una total arbitrariedad como dice literalmente la sentencia del TSJA”. Desde UPyD Jerez quiere recordársele al gobierno municipal que “esta arbitrariedad es sumamente grave pues el artículo 9.3 de la Constitución Española prohíbe expresamente la arbitrariedad por parte de los poderes públicos” y considera especialmente preocupante “la inexistencia de informes escritos, así como la falta de valoración académica o curricular”.

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En líneas generales, los letrados de los diferentes sindicatos con representación municipal han comparecido para mostrar su satisfacción con la sentencia del TSJA que declara que los despidos enmarcados en el ERE del Ayuntamiento no se ajustaron a Derecho. Sin embargo, tras una primera lectura positiva la práctica totalidad de los mismos (a excepción del abogado de la ATM, que ha declarado que lo estudiará en los próximos días) ha anunciado que recurrirá el fallo. La razón es sencilla: aunque el juez obliga a la readmisión o indemnización de los perjudicados, que era lo que todos ellos solicitaban de manera subsidiaria, siguen teniendo como objetivo fundamental el conseguir la nulidad de los despidos. Leer noticia completa

El Gobierno valora la sentencia del TSJA from Ayuntamiento de Jerez on Vimeo.

Una amplia representación del gobierno en la que no estaba incluida la primera edil ha salido a la palestra para pronunciarse sobre la sentencia del TSJA, en la que el alto tribunal dictamina que los despidos realizados en el marco del ERE municipal no se ajustaron a Derecho. El primer teniente de alcaldesa, Antonio Saldaña, ha sido el encargado de trasladar el sentir del ejecutivo cuya valoración del fallo  no es tan negativa como se podría presuponer en un principio. Lo que el concejal ha subrayado una y otra vez es que “el TSJA no ha declarado la nulidad de los despidos y por lo tanto no tumba el ERE, lo que significa que seguirá adelante“. Como ya publicara Reporteros Jerez, efectivamente en la sentencia el juez no los declara nulos pero sí condena al Ayuntamiento a indemnizar o readmitir a todos y cada uno de los trabajadores afectados, justificándolo en que el Expediente no se ajusta a Derecho.

Dentro de la amplia argumentación esgrimida por el magistrado en el fallo, al que este medio ha tenido acceso, se destaca la “subjetividad” y “arbitrariedad” de las que asegura que se valió el ejecutivo para determinar a quién iban a afectar esos despidos. En concreto, el juez explica que a la hora de tramitar el ERE se siguieron dos criterios: el del número y edad de los despedidos y el de evaluación. En lo que respecta al primero de ellos, el proceder de la administración sí se ajustó a Derecho extinguiendo los contratos de los mayores de 59 años, cuyo número se elevaba a 125. Sin embargo, en el apartado de evaluación el magistrado critica que se realizara una criba bajo la “valoración personal y subjetiva” del delegado o técnico de turno, sin pedir los currículum, formación específica, titulación o tiempo de prestación del servicio de los empleados.

Por ello, concluye que el Ayuntamiento “no actuó de buena fe” y siguió una “arbitrariedad que adquiere mayor gravedad desde su condición de administración pública”, lo que fundamenta que se declare que el despido colectivo no se ajustó a Derecho. En lo que se refiere a la nulidad solicitada por los demandantes, el juez la desestima argumentando que se siguieron durante el proceso todos los pasos y tiempos legalmente establecidos, aportándose la documentación requerida en estos casos y llevándose a cabo la correspondiente negociación con los sindicatos. Es por ello que la demanda se estima “parcialmente”, puesto que si bien no se declara la nulidad sí se exige la indemnización o readmisión por despido no ajustado a Derecho, que era la medida que solicitaban los perjudicados de forma subsidiaria.

El gobierno, por su parte, se aferra a ese punto en el que se hace referencia a que el criterio de número y edad sí se ajustó a Derecho y entiende que, en último caso, esa obligación de readmisión o indemnización se extendería solo a los afectados que no alcancen los 59 años. “Ante esta tesitura -ha puntualizado Saldaña-, solicitaremos al tribunal una aclaración sobre el alcance de la sentencia: a qué trabajadores afectará y a cuántos. Cuando conteste el TSJA, se valorarán las opciones a seguir”. De esta forma, el primer teniente de alcaldesa ni siquiera ha concretado si recurrirán o no el fallo, aunque sí ha avanzado que “el Ayuntamiento no se puede permitir ese coste de personal”, ante las preguntas de si optarán por la readmisión o las indemnizaciones. En cuanto a estas últimas, además, ha informado de que la cantidad total sería bastante menos cuantiosa de la que se pagó en su momento, que alcanzó los 5.300.000 euros.

Antonio Saldaña ha querido salir al paso de aquellos que han declarado desde esta mañana que el TSJA había anulado o tumbado el ERE del Ayuntamiento de Jerez: “Tenemos que ser responsables de las declaraciones que hacemos. Algunos han hablado demasiado rápido y no se ajusta a la realidad. El camino que se inició en este Ayuntamiento para poner orden sigue su curso. La sentencia del TSJA no declara nulo el ERE municipal. Tenemos el compromiso de poner orden en las cuentas. La situación que nos encontramos era muy mala con costes muy elevados, no asumibles en personal. Tuvimos que tomar decisiones. Estamos en un plan de ajuste y una de las patas que contempla ese plan es en materia de personal. Es una decisión necesaria para los intereses de Jerez y los jerezanos. No es una situación agradable para nadie”.

“La sentencia hay que analizarla con reflexión, prudencia y respeto por todas la partes. El TSJA ni tumba ni declara nulo el ERE Municipal, sino que confirma que no ha existido vulneración de derechos fundamentales en la tramitación del expediente y la existencia de causas económicas”.

“El Ayuntamiento va a solicitar al Tribunal una aclaración de los conceptos de la sentencia. Una vez el Tribunal conteste se analizarán y valorarán las decisiones a tomar, pero el camino iniciado en el Ayuntamiento sigue su curso”

“Hasta que no se aclare la sentencia no sabremos el coste que habría para el Ayuntamiento asumir los despidos improcedentes, pero decisiones de hoy pueden suponer un importante ahorro en el futuro”

No ha faltado ni uno. Todos los grupos políticos de la oposición y los sindicatos con representación municipal han protagonizado una comparecencia conjunta en la que han expresado su absoluta satisfacción con la sentencia que tumba el ERE del Ayuntamiento, al tiempo que han cargado sin piedad contra un gobierno al que acusan de haber realizado “una caza de brujas política con dinero público”. Todos ellos han trasladado un discurso parecido con un claro mensaje común: la exigencia de que sean readmitidos todos los afectados y la dimisión del gobierno local por haber llevado a cabo un Expediente de Regulación de Empleo que no se ajusta a Derecho.

Los primeros en alzar su voz han sido los representantes de las organizaciones sindicales, empezando por Lola Vázquez, de CC OO, que ha puesto el acento en que “el pueblo no puede seguir pagando con dinero público los errores del partido que lo gobierna”. Así, son contrarios a que el Ayuntamiento abogue por indemnizar a los perjudicados en vez de readmitirlos, que es una de las posibilidades que plantea el fallo judicial. “Entendemos que ha sido un despido político”, ha incidido Alfonso Cárdenas, delegado de UGT, en la misma línea de lo expresado por los representantes de CGT, la ATM y CTP. El delegado de este último colectivo, Juan Manuel García Hurtado, ha cifrado en alrededor de 30 millones de euros los que tendría que desembolsar el Consistorio si se acoge a las indemnizaciones, y “todo por una cabezonería e incompetencia”.

El plato fuerte de la comparecencia, sin duda alguna, ha corrido a cargo de los líderes de la oposición que han pedido sin ambages la dimisión del ejecutivo. “Esta sentencia supone un mazazo sin precedentes para la derecha -ha apuntado Pedro Pacheco-. La Justicia no es un cachondeo y ha demostrado que el gobierno actuó sin escrúpulos y a sabiendas de que estaba haciendo una purga política. Este gobierno está ya deslegitimado”. De esta forma, se ha preguntado qué sucederá ahora con todo el dinero que se desembolsó a Deloitte, la empresa encargada de gestionar el ERE, al igual que Miriam Alconchel, secretaria local del PSOE, que ha calificado todo el proceso como “una persecución política del gobierno”.

“Con el dinero público no se pueden cometer fechorías ni pagar indemnizaciones. Tendrán que responder ante todo este gasto”. El concejal de IU, Joaquín del Valle, ha adelantado que la readmisión de los 260 despedidos será solicitada mañana viernes en el Pleno municipal, en un acto de “defensa” de toda la ciudadanía. “Éste no es un problema de ellos, es de todos los ciudadanos, de la administración pública. Están saqueando la ciudad  y no van a pagar indemnizaciones con nuestro dinero”. Como ya se ha publicado, el Ayuntamiento tiene cinco días para tomar una determinación que pase por readmitir a los despedidos, o bien indemnizarlos. Sea de un modo u otro, los sindicatos han puntualizado que la ejecución de la sentencia seguirá adelante, independientemente de que la administración recurra el fallo.