La Unidad de del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la comunidad autónoma ha instruido diligencias por delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental contra tres personas vinculadas a operadoras dedicadas a la explotación de máquinas recreativas y de azar y que habrían podido defraudar más de un millón de euros. Los agentes han actuado a petición del Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos de la Delegación del Gobierno en Cádiz ante la información que obraba en su poder sobre el presunto fraude a Hacienda en el que estaría incurriendo esta organización, dejando de abonar las tasas fiscales por la instalación y explotación de máquinas recreativas en establecimientos públicos de la provincia de Cádiz.

 El fraude en el pago de estas tasas fiscales sobre el juego fue realizado por varias empresas que operaban en la zona de la Campiña de Jerez y la cantidad defraudada superaría el millón de euros. Los tres imputados por la Policía son el contable, el administrador de derecho (testaferro) y el administrado de hecho de una las empresas investigadas.

El informe emitido por la Agencia Tributaria, a petición de esta Unidad policial adscrita a la Junta, alertó de las irregularidades que se venían produciendo desde el año 2009 en el pago de este impuesto y que, contabilizadas por periodos impositivos, superaban los 120.000 euros, lo que suponía que había delito fiscal.

TESTAFERRO COMO ADMINISTRADOR ÚNICO

Posteriores investigaciones determinaron que la persona que aparecía como administrador único de las empresas era un testaferro que desconocía todo lo relacionado con las empresas operadoras dedicadas a este tipo de explotación, puesto que carecía de los conocimientos mínimos como para actuar como administrador único de una empresa de este tipo. Detrás del testaferro, que había adquirido la empresa en escritura notarial careciendo prácticamente de recursos económicos, se encontraba un empresario que era conocedor del funcionamiento de estas empresas en el ramo de las máquinas recreativas y de azar.

Las investigaciones policiales determinaron que la compraventa de la empresa originaria, que fue puesta a nombre del testaferro, fue realizada por el empresario que permanecía en la sombra. Este imputado efectuó los pagos generados por la compraventa y, a través de un tercero, formalizaba toda la documentación referente a las máquinas recreativas, presentado la misma en el Servicio de Juegos. De hecho, el testaferro negó que dichos documentos hubiesen sido firmados realmente por él.

Al tener conocimiento de la imputación y amparándose en el Código Penal que permite la regularización de la situación defraudatoria, los imputados han aportado avales suficientes para hacer frente a la deuda generada con la Hacienda Pública, aunque otro de los investigados abonó la deuda contraída efectuando diversos pagos en efectivo. Las diligencias policiales instruidas con las tres imputaciones han sido remitidas a la autoridad judicial competente.

La inmensa mayoría de los jueces que ejercen su actividad en Jerez secundará la huelga que a nivel nacional ha convocado el colectivo para este martes 20. Concretamente, solo dos magistrados trabajarán y los juzgados contarán únicamente con los servicios mínimos, lo que implica que se suspenderán todos los juicios señalados. Así lo ha confirmado el juez decano, Juan José Parra, recordando que los paros han sido organizados para protestar por “la invasión política” que se está produciendo en la Justicia, algo que para los profesionales se ha materializado en la modificación que pretende implantar el Gobierno de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

“Protestamos por la forma de elección de la carrera judicial, la pérdida de vocales, la eliminación de los jueces sustitutos y, en definitiva, por el destrozo del sistema que supondrán las nuevas medidas impuestas por el Gobierno central”. De esta forma los jueces pretenden desmarcarse de las concentraciones convocadas por la Plataforma Justicia Para Todos, que integra al Consejo General de la Abogacía, haciendo hincapié en que ellos tienen sus propias reivindicaciones que son independientes de las de los letrados, especialmente en lo que a la Ley de Tasas se refiere. Como se recordará, a la huelga están llamados tanto magistrados como fiscales, aunque se prevé que estos últimos no la secunden en la misma medida que sus compañeros.

En cuanto a los abogados, su decano Marcos Camacho ha confirmado que se concentrarán mañana durante una hora a las puertas de los juzgados de Tomás García-Figueras, por lo que consideran un modelo de Justicia “impuesto y no negociado”. Algunas de sus reivindicaciones pasan por exigir que no se privatice el servicio, que se derogue la Ley de Tasas y que se dialogue con los directamente implicados en el funcionamiento del sistema de Justicia. Una jornada de protestas, por tanto, en la que cada colectivo se movilizará a su modo y luchará por defender una prioridades que parecen no ser las mismas según de quien se trate.

Una persona que sufre un accidente de tráfico y se ve obligada a luchar en los tribunales para que le reconozcan una incapacidad, puede llegar a pagar hasta 10.000 euros en recursos gracias a la recién estrenada Ley de Tasas. Así de contudente y así de crudo lo han planteado un grupo de graduados sociales jerezanos, que han decidido comparecer ante la opinión pública para expresar su frontal oposición a la nueva norma y adherirse así a jueces, abogados y procuradores, argumentando que divide definitivamente el sistema creando “una Justicia para ricos y otra para pobres”. Antonio Ortega es el portavoz de estos profesionales, que como subraya han declarado su postura a título individual, explicando que en el caso de la jurisdicción social las tasas no se abonan en primera instancia pero sí en segunda, estableciendo una brecha económica importante difícil de solventar.

“Creemos que es injusto que una ley impida a algunos ciudadanos acceder a los tribunalespara reivindicar un derecho fundamental, como es el de la tutela judicial efectiva. Con esta norma lo único que hace el Gobierno es poner cortapisas y crear ciudadanos de primera y segunda categoría”. Como recuerda Ortega, la supuesta finalidad con la que nace la controvertida ley no es otra que la de descongestionar los juzgados y reducir la litigiosidad, algo que a su juicio debería conseguirse con la inclusión de más medios materiales y humanos y no “delimitando un derecho constitucional”. Según el experto, no hay que olvidar que las personas que recurren en el ámbito de lo social luchan por su medio de subsistencia bien sea en forma de pensión, salario laboral o prestación por desempleo.

Por ello, consideran especialmente injusto que en esas circunstancias estos ciudadanos deban abonar unas tarifas “abusivas” que les impedirán batallar por lo que es suyo. En este sentido, los comparecientes ponen como ejemplo el de un joven de 25 años que por un accidente laboral quede incapacitado de manera grave, y se vea obligado a recurrir tras haberle sido denegada la pensión. En este caso, teniendo en cuenta que la tasa a pagar sería proporcional al montante total de la cantidad que solicita percibir (durante los 40 años siguientes que le corresponderían trabajar), la cifra podría alcanzar los 10.000 euros, algo inasumible para la mayoría de demandantes. Por todo ello, este grupo de graduados sociales ha decidido unirse a las protestas del resto de colectivos, con la esperanza de que si el Gobierno no da marcha atrás en su determinación sean los tribunales los que acaben tumbando una ley que supone “una aberración a la Justicia”.

La sesión plenaria celebrada este viernes en el Ayuntamiento de Jerez prometía, de antemano, ser una de las que mayor debate político mostrase por la importancia de buena parte de los puntos a abordar. Y no ha estado extensa de la polémica, en este caso por el abandono del plano protagonizado por los ediles del PSOE por una nueva confrontación con la alcaldesa, María José García-Pelayo.

La propia formación socialista lo explicaba posteriormente en un comunicado. En el mismo criticaba la actitud de la primera edil durante el Pleno “al impedir a la portavoz adjunta, Miriam Alconchel, que interviniera en el uso de la palabra para presentar las interpelaciones presentadas por el PSOE y que suponen un control a la gestión del gobierno de la señora Pelayo”. Explica que iba a formular varias interpelaciones sobre asuntos de interés municipal, tales como la privatización de Ajemsa o el grado de cumplimiento de los Planes de Ajuste y el pago a proveedores durante el año 2012. Y apostilla que este hecho ha provocado que los concejales socialistas retiraran las interpelaciones “ante la imposibilidad de debatirlas y abandonaran el Pleno como señal de protesta ante la actitud mostrada por la señora Pelayo”.

El gobierno municipal no tardó en responder. El primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno, Antonio Saldaña, ha mostrado su rechazo a la postura adoptada por el grupo municipal socialista de abandonar el pleno “cuando están recibiendo información sobre temas de interés para el futuro de la ciudad”. Saldaña ha recordado que “el pleno es el principal órgano de representación de la ciudad y que los jerezanos se merecen una oposición que esté a la altura”.

SESIÓN

Por lo que respecta a la sesión plenaria propiamente dicha, la misma ha aprobado de forma definitiva, con solo los votos favorables del PP, la actualización de las ordenanzas fiscales para 2013 al IPC de septiembre, esto es, al 3,4%. Cabe recordar que estas ordenanzas (impuestos y tasas municipales) fueron aprobadas de forma inicial en el pleno celebrado el pasado 26 de octubre y han estado expuestas al público por espacio de 30 días.

También se dio luz verde, en este caso por unanimidad, a la modificación del texto de la Ordenanza Municipal Reguladora del procedimiento de tramitación de licencias mediante actuaciones urbanísticas comunicadas por el que se amplía el número de actividades que pueden acogerse a estas licencias exprés con el fin dinamizar e impulsar el comercio minorista de la ciudad.

Otro de los puntos aprobados hace referencia a una proposición del Grupo Municipal Popular instando a la Junta de Andalucía a que, de forma inmediata, ponga en marcha una conferencia de alcaldes y se adopten medidas que palien la difícil situación económica que atraviesan las corporaciones locales andaluzas.

OTROS ASUNTOS

El Pleno ha aprobado igualmente una proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre la solicitud de anticipo al Ministerio de Hacienda de la PIE del ejercicio 2013, aunque incluyéndole dos enmiendas presentadas por el Partido Popular, una en el sentido de que no se determine un plazo para el pago de la deuda pendiente del Ayuntamiento con Hacienda y Seguridad Social, ya que deben ser los criterios técnicos y económicos los que puedan marcar ese plazo.

También se ha dado el visto bueno por unanimidad a una propuesta conjunta de los grupos municipales Popular y Socialista para  solicitar al gobierno local que eleve al pleno, a la mayor brevedad posible, el sistema de financiación de las ELAs (antiguas pedanías) para los ejercicios 2013-2017 conteniendo los criterios de participación en los tributos locales, el coste de los servicios propios que gestionan y el número de sus habitantes.

Se ha aprobado igualmente por unanimidad una  declaración para que el Ayuntamiento de Jerez se adhiera a la iniciativa del Consejo Asesor del Flamenco para que el día 16 de noviembre sea declarado como Día Nacional del Flamenco.

Y, también por unanimidad, se dio luz verde a una proposición conjunta de los grupos municipales PP, PSOE, Foro Ciudadano e Izquierda Unida para solicitar a las distintas administraciones, Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno central, que adopten las medidas, recursos, posibilidades y cuantas gestiones sean necesarias para poder culminar la consolidación de la iglesia de Santiago, declarada Bien de Interés Cultural.

Jueces, fiscales, secretarios, abogados, personal de administración… Todos ellos harán frente común el miércoles en los juzgados jerezanos de Tomás García-Figueras para protestar por lo que consideran “tropelías” contra el sistema como la nueva Ley de Tasas. Es la primera vez que la comisión interasociativa que reúne a los primeros se alía con la Plataforma de Justicia de Andalucía que representa al funcionariado, con el fin de reivindicar unos derechos que comparten todos. Como argumentan desde la citada plataforma, los profesionales “no pueden permanecer impasibles” ante una serie de medidas que ponen en peligro no solo sus puestos de trabajo sino también todo el sistema de garantías jurídicas.

En concreto, los perjudicados aluden a la “devastadora” Ley de Tasas, por la que se obliga al ciudadano a pagar unas tarifas “abusivas” para interponer recursos hasta ahora gratuitos, o la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que a su juicio les impone unas condiciones laborales “pésimas”. Junto a ello, aluden a la bajada de las retribuciones, la carencia de medios y de financiación, la falta de oposiciones, el despilfarro y la escasa modernización del sistema. Todo un rosario de argumentos que han llevado a los diversos colectivos a unir sus fuerzas en defensa del servicio público de Justicia, con un calendario de movilizaciones que arranca ya con una recogida de firmas en todos los partidos judiciales de la provincia.

Junto a ello, el miércoles 12 está prevista una multitudinaria concentración a las puertas de los juzgados de la avenida Tomás García-Figueras, que será llevada a cabo de manera simultánea en otras zonas cercanas como Cádiz y Algeciras. Otra de las protestas se producirá el próximo dia 20 en forma de apagón informático, que se realizará a las 12.00 horas en la red de los órganos judiciales de toda España. El calendario de movilizaciones tendrá su cita más importante el día 19, cuando una manifestación estatal culminará en el Ministerio de Justicia, con la entrega de todas las firmas recabadas.

Por una vez y sin que sirva de precedente, la autoridad local ha tomado buena nota de una demanda ciudadana y ha respondido con celeridad a la propuesta de la federación vecinal Solidaridad, anunciando que en el próximo recibo de la basura los jerezanos se beneficiarán de un descuento “en compensación” por las molestias derivadas de la huelga. Aunque la rebaja tampoco sea para tirar cohetes, lo cierto es que el contribuyente se ahorrará unos 5 euros en la tasa, resultantes de una reducción equivalente al importe de la cuota que se abona diariamente por los 21 días que ha durado la protesta. Esta medida se aplicará, no obstante, solo sobre el 53% del servicio que es lo relativo a la recogida de basuras, ya que el resto corresponde a las tareas de tratamiento y reciclaje llevadas a cabo en la planta de Las Calandrias, que no depende de Urbaser.

Así lo ha anunciado la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, explicando que los empresarios también resultarán beneficiados por esta iniciativa. En concreto, los comercios al pormenor de hasta 50 metros cuadrados tendrán bonificaciones de aproximadamente 10 euros, mientras que los que superen esa superficie rondarán los 24 euros de descuento. “Lo que hemos hecho es responder a la petición de Solidaridad -aclara la primera regidora- , y eso le costará al Ayuntamiento medio millón de euros que dejará de ingresar. Pero consideramos que había que hacerlo, como pequeña compensación a ciudadanos y empresarios por la huelga”.

Desde la federación de asociaciones de vecinos, por su parte, no han dudado en mostrar su satisfacción por la buena nueva, informando de que el Consistorio ha dado respuesta no solo a esta petición, sino también a la de ampliar las ayudas en el recibo del agua a los vecinos que residan en edificios con contadores comunitarios. Hasta ahora, este descuento solo era aplicable a familias que residieran en viviendas con contadores individuales. Con esta modificación, todas aquellas que cumplan con los requisitos sociales exigidos podrán acceder a ellas.

MÁS ALUMBRADO PARA LOS COMERCIANTES

Durante su comparecencia, la alcaldesa ha aprovechado para recordar que el viernes 30 se activará el alumbrado de Navidad, que supone un ahorro de más de 200.000 euros con respecto al de 2010. Comparándolo con el pasado año, sin embargo, se aumentará en unos 10.000 euros para ampliarlo a zonas en las que antes no llegaba. En total, serán 135.000 euros los empleados en alumbrar el centro de la ciudad, que estará más iluminada y con algunos motivos navideños renovados en respuesta a una demanda del pequeño comercio en un intento por atraer a mayor clientela y contrarrestar la campaña “flojita” que todo parece indicar que se avecina.

El juez decano de Jerez, Juan José Parra, calificaba la concentración frente a los juzgados de Tomás García-Figueras de “histórica”. Y no le faltaba razón si se tiene en cuenta que es la primera vez que los diversos profesionales de la Justicia hacen frente común para impedir lo que ellos consideran “abusos en toda la regla”. Jueces, abogados, fiscales, secretarios y procuradores protagonizaron una protesta que congregó a un centenar de personas para mostrar su total disconformidad, entre otras cosas, con la controvertida Ley de Tasas que tiene en jaque no solo a ellos sino a toda la ciudadanía. Una ley cuya aplicación, de momento, ha quedado en suspenso pero que supondrá un radical aumento de los costes en los procedimientos para los interesados.

En virtud de la norma del ministro Gallardón, todo aquel litigante que desee interponer un recurso deberá pagar unas tasas que pueden alcanzar los 1.200 euros, lo que según los profesionales dividirá el sistema en “justicia para pobres, y justicia para ricos”. “Nosotros apostamos por la eliminiación de la ley -explicó Parra-. No obstante, se pueden propugnar unas tasas disuasorias pequeñas, pero nunca este gravamen”. En concreto, aludió a la posibilidad de fijar unas tarifas que oscilaran entre los 30 y los 50 euros, dependiendo del tipo de recurso que se quiera interponer. Manuel Ferrer, diputado segundo del Colegio de Abogados, apoyó las palabras del juez insistiendo en que para su colectivo ha supuesto “un palo enorme” la aprobación de una ley que según advierte obstaculizará el acceso a la Justicia de un buen número de ciudadanos.

Junto a esta reivindicación, Parra señaló otras tantas que comparten todos los representados en la protesta como el aumento de plantilla, la determinación de carga de trabajo en relación a la población que se asista, mayor agilidad en la organización y una inversión adecuada al servicio público que se presta. El cabeza visible de los abogados quiso recordar, por su parte, la “precaria” situación en la que se encuentran los letrados del turno de oficio, que no han cobrado un solo euro por los servicios prestados en lo que va de año y a los que se les acaba de reducir el sueldo en un 10%. Por todo ello, los abogados se plantean incluso dejar de prestar este servicio, algo que podrían oficializar de manera definitiva en la inmente asamblea que llevarán a cabo el próximo martes.

Hasta 1.200 euros tendrá que abonar el ciudadano para interponer recursos en los juzgados que hasta ahora eran gratis. Una obligación creada en el marco de la nueva Ley de Tasas del ministro Gallardón, que ha indignado no solo al usuario de a pie sino también a la abogacía. Como han confirmado desde el Colegio de Abogados de Jerez, los letrados se sumarán a las movilizaciones emprendidas a nivel nacional y el próximo lunes se concentrarán a las doce del mediodía frente a los juzgados. Bajo el lema ‘No a las tasas, Justicia para todos’, los profesionales exigirán la retirada de unas tasas que a su juicio tendrán un efecto disuasorio para los ciudadanos. Es decir, como explicó el decano jerezano Marcos Camacho, “muchas personas renunciarán a recurrir pero no porque no lleven razón, sino simple y llanamente porque no tengan dinero para ello”.

Según los letrados, la medida supone una vulneración del derecho de defensa y pretende reducir los costes de la Justicia gratuita a costa de los pequeños y medianos despachos de abogados, que son los que más se resentirán con el pago de estas tasas. Como ejemplo, mencionan la incoherencia que supone el hecho de que para impugnar una multa de tráfico de 100 euros, el interesado deba pagar un canon de 200. El sector considera, por tanto, que las tasas deben tender a cubrir el coste del servicio o actividad que constituya su hecho imponible que, en este caso, es el funcionamiento de la Administración de Justicia y “no el sistema de asistencia jurídica gratuita”.

En la actualidad, apuntan a que el llamado turno de oficio da servicio a más de un millón de ciudadanos sin recursos en todo el país y apenas supone el 6,5% del gasto en Justicia de las administraciones públicas, cerca de 250 millones de euros de un total de 3.837 millones que han gastado el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas y el Consejo General del Poder Judicial. Por todo ello, están convencidos de que la nueva ley perjudica no solo a sus bolsillos sino también a los de los ciudadanos, y han presentado alegaciones en el Congreso con el fin de que se paralice la aplicación de la norma y el sistema siga siendo ‘justo’ y con todas las garantías.

Hasta ahora, el ciudadano que se veía inmerso en un procedimiento judicial ya tenía bastante con los costes típicos derivados de éste, algunas veces incluso astronómicos. Sin embargo, al Gobierno central no le ha parecido suficiente y ha decidido incrementar esas cuantías mediante la Ley de Tasas, por la cual el  interesado deberá pagar cantidades que oscilan de media entre los 50 y los 750 euros por la interposición de los recursos que requiera. Los colegios de abogados de toda España han puesto el grito en el cielo ante una ley que considerán del todo injusta, puesto que “impedirá el acceso a la Justicia de los menos pudientes”.

Así lo ha explicado el decano de los letrados de Jerez, Marcos Camacho, que se ha sumado a las protestas organizadas por el territorio nacional contra esta medida. “Con ello, lo que conseguirán es que la gente no recurra pero no porque no lleve razón, sino porque no tenga dinero. Además, resulta incongruente porque se supone que la ley nace para amortizar los costes de la justicia gratuita, pero lo hará a costa de los demás”. Es decir, los acogidos al turno de oficio no abonarán estas tasas pero sí el resto, lo que perjudicará gravemente a los pequeños despachos de abogados, que previsiblemente perderán clientes y con ello sus ingresos.

De esta obligación, quedarán exentos únicamente los asuntos penales. Los otros, en una u otra medida se verán afectados con ejemplos ilustrativos como las apelaciones civiles o contenciosas, que pueden alcanzar los 500 euros o las casaciones, que abarcan entre 600 y 1.200 euros. En lo social, los recursos de súplica y casación hasta ahora gratuitos costarán entre 500 y 750 euros.

El Pleno ordinario ha aprobado, con los votos favorables del PP, PSOE e IU y la abstención de Foro Ciudadano, la modificación de tasas e impuestos para 2013 que se actualizan con el IPC. El Partido Socialista se ha abstenido en la modificación del IBI e Izquierda Unida en el punto 20.

El delegado de Economía y ponente de la propuesta, Enrique Espinosa, ha destacado que “no debatir el resto de las ordenanzas no es una práctica intencionada, sino que se están terminando de preparar los estudios económicos, así que hoy traemos para su aprobación las que tienen que entrar en vigor el 1 de enero de 2013. Es nuestra intención debatir el resto de las ordenanzas en un próximo Pleno”.

En cuanto al modificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), Enrique Espinosa ha señalado que “con la ponencia de valores que el PSOE aprobó  suben los valores catastrales un 10%, así que  si no se modifican los tipos se elevaría el impuesto mucho más que el IPC” y ha recordado que, por ejemplo, “en 2008, se subió el 7% cuando la inflación era del 2,7%. Así para conseguir la actualización hemos tenido que bajar los tipos y aumentar las bonificaciones”.

Algunas de las tasas e impuestos aprobadas lo han sido de forma inicial porque deben publicarse en el BOP, donde deberán estar en exposición pública por espacio de 30 días.

Las ordenanzas aprobadas han sido las siguientes:

Ordenanza general de gestión, recaudación e inspección de los tributos y otros ingresos de derecho público municipales: se mantiene la bonificación del 1,5 por ciento para aquellos ciudadanos que se acogen al pago fraccionado, lo que se llama Plan Personalizado de Pago.

Ordenanza fiscal y callejero del impuestosobre actividades económicas: se actualiza al IPC. Se modifica el callejero acogiendo a las nuevas calles y a los cambios de denominación de las mismas.

Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras: se actualiza al  IPC. Se mantiene bonificación el 95% para las construcciones en el caso histórico:

Ordenanza fiscal del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana: se incrementan en porcentaje y en ámbito las bonificaciones para las transmisiones por causas de muerte y se baja el tipo de gravamen, del 30 al 20%, para compensar el incremento de la base del tributo, ya que si no se produciría un incremento muy elevado.

Ordenanza reguladora de la tasa por utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo del domininio público local: se actualiza al IPC.

Ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI): se bajan los tipos impositivos. En los bienes inmuebles urbanos el tipo para las viviendas y mayor parte de locales pasa del 0,504 por ciento de 2012 al 0,474 por ciento en 2013, y el tipo diferenciado, que se aplica a las fincas afectas a explotaciones económicas importantes, dentro de los usos industrial, comercial, oficinas, deportivo y turístico pasa del 0,730 por ciento de este año al 0,685 por ciento del próximo año. El tipo para inmuebles rústicos queda prácticamente igual, pasando del0,765 a 0,772 por ciento.

Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con andamios, vallas, materiales de construcción, mercancías y otras instalaciones análogas: se actualiza al IPC.

Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por aprovechamiento de la vía pública con entradas de vehículos a través de la acera y la reserva de la misma para aparcamiento exclusivo: se actualiza al IPC.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por inmovilización, retirada de vehículos y depósito administrativo: se actualiza al IPC.

Ordenanza reguladora de la tasa por la ocupación de terrenos de dominio público para el ejercicio de la venta ambulante, industrias callejeras y actividades diversas: se actualiza al IPC.

Ordenanza reguladora de la tasa por fijación de anuncios y publicidad en el dominio público local: se actualiza al IPC.

Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas:se actualiza al IPC y se modifica la tarifa estableciendo la posibilidad de liquidar por el ‘módulo de velador’, mesa con cuatro sillas que ocupan4 metros cuadrados.

Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública con quioscos: se actualiza al IPC y se establece una reducción del 30% sobre la tarifa general para las ocupaciones en barriadas rurales.

Ordenanza reguladora de la tasa por el uso privativo o común especial del dominio público local con instalaciones temporales o con vehículos, turísticos o promocionales de actividades económicas: seactualiza al IPC.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios en el cementerio municipal: se actualiza al IPC.