El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón al Ayuntamiento de Jerez en el recurso presentando por el sindicato CGT contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, por el cual se aprobó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de manera definitiva, en septiembre de 2012. El recurso ha sido desestimado por el alto tribunal andaluz en todos los puntos denunciados por el sindicato, salvo en lo que se refiere a la provisión de los puestos de escoltas al entender que el sistema elegido no ha sido suficientemente motivado, considerando, por el contrario, que el resto de los puestos para los que se ha utilizado el procedimiento de libre designación está plenamente justificado al ajustarse a Derecho.

El gobierno local considera que “la sentencia del TSJA supone un espaldarazo a la RPT ya que en la misma queda acreditado que se ha hecho conforme a la Ley, reconociéndose además la voluntad negociadora, con existencia real de negociación y, por tanto, ha quedado también claro que no se vulneró el derecho a la misma”. “Además, confirma que la valoración de los puestos de trabajo se hizo correctamente, al igual que se reconoce la especial situación del Ayuntamiento de Jerez, dando la posibilidad de que de forma provisional el personal laboral pueda ocupar puestos de funcionarios, tal y como se recoge en la modificación que se hizo de la RPT, en enero de 2013, para garantizar el funcionamiento del Ayuntamiento dado el escaso número de funcionarios”, destaca el ejecutivo municipal en un comunicado de prensa.

Considera igualmente importante que “el TSJA haya dictaminado que el procedimiento de libre designación para los puestos previstos se ajusta a Derecho y, por tanto, está plenamente justificada, estimándose únicamente la demanda en lo que se refiere a los escoltas, y cuestionando solamente la motivación que justifica la opción por este sistema, sin que se haya cuestionado el procedimiento en sí”.

El TSJA, tras dejar clara la utilidad de la RPT como instrumento técnico legalmente previsto para llevar a cabo la ordenación del personal, considera que el resto de los puntos denunciados por el sindicato deben ser desestimados. De esta manera, entiende y justifica, atendiendo a las numerosas ocasiones en las que fue convocada la Mesa General de Negociación, la existencia “real” de negociación y declara que no se ha vulnerado el derecho a la negociación por cuanto se ha garantizado el sometimiento del documento a la negociación con sus representantes, con independencia del resultado.

En la misma sentencia, el alto tribunal andaluz alude a la falta de quórum para la celebración de las reuniones por ausencia de representantes sindicales, y añade “entre ellos el sindicato recurrente”. También considera que todos los puestos están suficientemente valorados de manera individualizada, por lo que desestima también el punto en el que el sindicato alega la falta de valoración de los mismos.

Igualmente, en el dictamen de los jueces se considera que el procedimiento de libre designación para determinados puestos, en atención a su especial responsabilidad y confianza, se ajusta a Derecho y está, por tanto, justificado, ya que, según reconoce en la sentencia, se utiliza de forma excepcional, siendo la generalidad el concurso de méritos.

Conforme a este argumento, la sentencia admite el uso de este procedimiento para los puestos de carácter directivo (coordinadores generales y titular de la asesoría jurídica); el jefe de la Policía Local, por su especial responsabilidad; las direcciones de servicio, por entender que son puestos de responsabilidad en cuanto que dirigen los servicios y procuran el cumplimiento de las directrices políticas del Ayuntamiento; los puestos de secretario y secretaria de órganos directivos, que han sido motivados por la confianza en el puesto en el que sirve, “encontrándose dicha previsión expresamente recogida dentro de los límites excepcionales fijados por la jurisprudencia”.

En todos estos casos, la sentencia declara que de las fichas que recogen las funciones de los puestos y de la propia memoria de la RPT se desprende que está plenamente justificada su utilización.

Por último, el Tribunal estima que es correcta la utilización indistinta de puestos para funcionarios y laborales (F/L) en la medida que los puestos sólo pueden ser desempeñados provisionalmente por laborales y en los términos que se describieron en la modificación puntual de la RPT, aprobada el 21 de enero de 2013, declarando la sentencia que esta modificación tiene plena cobertura legal. Por tanto, el alto tribunal andaluz considera en este punto que no ha existido “vulneración alguna cuando se permite sólo con carácter provisional el desempeño por el personal laboral que lo venía desarrollando”.

Aunque ya no quedaban dudas al respecto, los afectados por el ERE municipal han sido informados de manera oficial de que el TSJA ya tiene en sus manos la comunicación del Ayuntamiento en la que transmite su decisión de optar por indemnizar y no por readmitir a las 260 personas despedidas. Así lo han sabido esta misma mañana, como ha confirmado a este medio Antonio Ortega, que representa al Colectivo de Trabajadores Progresistas en el procedimiento. Según el letrado, la administración local emitió el correspondiente escrito el 2 de abril junto con su petición de aclaración, antes de saber por tanto si finalmente la sentencia debía hacerse extensiva o no a la totalidad de los perjudicados, como así ha sido. Como explica Ortega, el Consistorio se pronunció trasladando su intención de indemnizar porque si no lo hubiera hecho, una vez transcurrido el plazo impuesto por el Alto Tribunal automáticamente se hubiera visto obligado a readmitir a los despedidos. Leer noticia completa

La secretaria general del PSOE-A de Jerez y portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Miriam Alconchel, ha advertido en rueda de prensa del “elevado coste” que va a suponer para las arcas municipales el recurso que el gobierno municipal va a presentar al Tribunal Supremo contra la sentencia del ERE y ha acusado a la alcaldesa, María José García-Pelayo, de “derrochar dinero público para dilatar un proceso ilegal y arbitrario”.

Ha asegurado que, con este recurso, la alcaldesa “vuelve a dar una patada adelante y juega a la confusión y al despiste, aunque  lo más grave es que está jugando con los sentimientos de los trabajadores afectados por el ERE, prolongando su sufrimiento y el de sus familias”. Ha denunciado, no obstante,  que la alcaldesa “siga  en sus trece para consumar los despidos de un ERE que el Alto Tribunal Andaluz ha dicho que es  no ajustado a derecho y arbitrario”, por lo que ha insistido que el Grupo Municipal Socialista va a seguir “defendiendo la readmisión de los trabajadores despedidos”.

Al respecto, Alconchel ha explicado que “la sentencia es lo bastante explícita y deja abierta la vía a dos opciones: la readmisión o la indemnización”. Pero, ante todo, ha señalado que “el fallo judicial está cargado de argumentos que podrían certificar la nulidad de un procedimiento al asegurar que se actuó con mala fe y que los despidos se hicieron de forma arbitraria, sin criterio, sin tener en cuenta su formación, sin cualificación, ni antigüedad y sin tener en cuenta su experiencia”.

“El TSJA -añadió- ha tumbado el ERE por arbitrario y eso supone que se ha reconocido que todos los argumentos esgrimidos por los trabajadores, los sindicatos y los partidos de la oposición tenían un sustento real y que era una decisión que carecía de la más mínima objetividad y  razón de ser. Pero no sólo lo dice el TSJA, sino que el informe de la Inspección de Trabajo de septiembre de 2012 dejó claro que faltaba documentación que acreditara la aplicación objetiva de los criterios del ERE”. Por ello, ha lamentado que el PP  y la alcaldesa, “en lugar de de dar marcha atrás ante la contundencia del fallo del TSJA, anuncie que van a seguir adelante con el ERE y que no van a readmitir a los trabajadores”.

“Con dinero público  -denunció-  el gobierno del PP y de la señora Pelayo han llevado a cabo una actuación no ajustada a derecho, un ajuste de cuentas con la plantilla, poniendo en la calle a quien le ha dado la gana. Con dinero público se ha disfrazado esta artimaña y se ha pagado con el dinero de todos los jerezanos a empresas externas para aplicar un ERE”.

De hecho, Alconchel ha explicado que se ha destinado casi 55.000 euros a Deloitte por el ERE, casi 64.000 a una consultoría por el plan de recolocación y casi 6.000 mil por el informe pericial, a lo que hay que sumar  lo que costará  la defensa jurídica que, según las consultas realizadas por el Grupo Municipal Socialista, podrían elevarse a un cuarto de millón de euros.

Al coste económico, Alconchel dijo que hay que añadir la repercusión que ha tenido en la prestación de servicios públicos por la falta de personal. “Los jerezanos han seguido pagando sus impuestos, pero no han podido disfrutar de los servicios públicos, porque el personal que los prestaba estaba en la calle. Y ahora le van a pedir también a los jerezanos que paguen las millonarias indemnizaciones, cuando un tribunal ha dicho claramente que se trata de unos despidos arbitrarios”, aseguró.

El Ayuntamiento ha anunciado, ante la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), su intención de recurrir la sentencia dictada por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) al no estar conforme con el fallo y al entender que “no ha habido arbitrariedad en la selección de las personas afectadas”. El Consistorio ha presentado el escrito de preparación del recurso de casación que tiene previsto interponer ante el Tribunal Supremo, tal como asegura a través de un comunicado.

Además de anunciar su intención de recurrir la sentencia, el Ayuntamiento ha presentado otro escrito en el que manifiesta su decisión de “optar por la indemnización a los trabajadores de la cantidad procedente y, por tanto, por la extinción definitiva de los contratos de trabajo de las personas afectadas por el despido colectivo”. A la espera de que el TSJA de respuesta a la aclaración sobre el fallo de la sentencia, solicitada a través de un escrito el pasado 26 de marzo, el Ayuntamiento descarta ya la posibilidad de readmitir a los trabajadores al entender que “supone un coste elevadísimo para el Ayuntamiento al sumar los sueldos de los afectados 11 millones de euros cada año”. Asimismo, la readmisión supondría iniciar un nuevo ERE al ser una medida necesaria para reducir el coste de personal.

De esta manera, el Ayuntamiento entiende que el coste de la indemnización, en el peor de los escenarios, se amortizaría en un año, ya que aún está pendiente de aclaración si el fallo de la sentencia se refiere a los 260 empleados afectados por el ERE o quedan exentas las personas mayores de 59 años. Asimismo, recuerda que ya se han abonado 5.257.000 euros en concepto de indemnizaciones, ya que la sentencia lo que hace es ampliar el período de 20 días a 45 días por año trabajado.

El Ayuntamiento confirma, por tanto, tras optar por la indemnización que “el ERE sigue su curso, ya que es una medida absolutamente necesaria que se enmarca en un Plan de Ajuste que debe cumplirse para resolver la situación económica del Consistorio”.

En cuanto al recurso de casación, el Consistorio ha anunciado su preparación al no estar de acuerdo con el fallo de la sentencia y por entender que no ha habido arbitrariedad en la selección de las personas afectadas. El Gobierno recuerda que “esta decisión se ha tomado pensando en el interés general de los ciudadanos y ante la imposibilidad del Consistorio de soportar el elevadísimo coste de personal”.

Conforme a esto, recuerda que junto al despedido colectivo se han tomado otras medidas que han permitido reducir el coste en materia de personal del Ayuntamiento en los Presupuestos de 2013 de los 82 millones de euros a 67 millones de euros.

El gobierno insiste en que el recurso se presenta tras no estar conforme con aspectos concretos de la sentencia ya que en la misma queda claro también que no ha existido vulneración de los derechos fundamentales ni discriminación política ni ideológica. Asimismo, la sentencia considera que no se dan las causas para la nulidad del mismo al haberse cumplido con el período de consultas, al haberse aportado toda la documentación exigida por ley y al respetarse los derechos fundamentales.

Antonio Saldaña ha querido salir al paso de aquellos que han declarado desde esta mañana que el TSJA había anulado o tumbado el ERE del Ayuntamiento de Jerez: “Tenemos que ser responsables de las declaraciones que hacemos. Algunos han hablado demasiado rápido y no se ajusta a la realidad. El camino que se inició en este Ayuntamiento para poner orden sigue su curso. La sentencia del TSJA no declara nulo el ERE municipal. Tenemos el compromiso de poner orden en las cuentas. La situación que nos encontramos era muy mala con costes muy elevados, no asumibles en personal. Tuvimos que tomar decisiones. Estamos en un plan de ajuste y una de las patas que contempla ese plan es en materia de personal. Es una decisión necesaria para los intereses de Jerez y los jerezanos. No es una situación agradable para nadie”.

“La sentencia hay que analizarla con reflexión, prudencia y respeto por todas la partes. El TSJA ni tumba ni declara nulo el ERE Municipal, sino que confirma que no ha existido vulneración de derechos fundamentales en la tramitación del expediente y la existencia de causas económicas”.

“El Ayuntamiento va a solicitar al Tribunal una aclaración de los conceptos de la sentencia. Una vez el Tribunal conteste se analizarán y valorarán las decisiones a tomar, pero el camino iniciado en el Ayuntamiento sigue su curso”

“Hasta que no se aclare la sentencia no sabremos el coste que habría para el Ayuntamiento asumir los despidos improcedentes, pero decisiones de hoy pueden suponer un importante ahorro en el futuro”

Dicen los que la conocen que se una magistrada de lo más escrupulosa en su trabajo, de ésas que le gusta lo que hace y que no deja nada a la improvisación. Pero Ana María Orellana Cano, que ha presidido el tribunal que ha dictaminado que el ERE del Ayuntamiento de Jerez no se ajusta a Derecho, es, además, una jerezana con un largo currículum. Son muchos los que vaticinan que seguirá subiendo escalones en una carrera judicial más que prometedora a pesar de los años que ya lleva en ella. 

Actualmente preside la sección Primera de la sala de lo social del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía). Estudió la carrera de Derecho en la facultad de Jerez, obteniendo el número uno de su promoción y siéndole concedido el Premio Extraordinario Fin de Carrera al Mejor Expediente Académico en la promoción 1980-1985. Aprobó las oposiciones de Judicatura en 1987 y lleva en la jurisdicción social desde el año 1990. Fue el número 1 de la segunda promoción de magistrados especialistas del Orden Jurisdiccional Social en febrero de 1990 y compatibilizó la carrera judicial con sus funciones docentes universitarias. Ha sido también premio extraordinario por sus estudios universitarios, Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort, autora de textos legales y una estudiosa permanente del Derecho  del Trabajo y de la Seguridad Social.

Los representantes de los 260 trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del Ayuntamiento han salido satisfechos tras la celebración del juicio que ha tenido lugar en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En una vista densa que ha durado alrededor de seis horas, los letrados de los distintos sindicatos han expuesto los motivos por los que consideran que el proceso no se ha ajustado a Derecho, solicitando la nulidad de los despidos. Como han declarado fuentes sindicales a la salida, a su parecer ha quedado demostrado que el Expediente se ha llevado a cabo “sin ningún criterio” y con una falta total de negociación con los trabajadores.

“El Ayuntamiento no ha podido demostrar la objetividad de los criterios que se han seguido”, argumentaban, explicando que los directores de área que han comparecido han reconocido que no fueron consultados a la hora de seleccionar los nombres que debían engrosar esa ‘lista negra’. Por parte del gobierno local, ha comparecido entre otros el primer teniente de alcaldesa, Antonio Saldaña, cuyo testimonio a juicio de los sindicatos no ha aportado ningún dato que pueda rebatir la afirmación de que los despidos se realizaron “a dedo”.

Mientras la vista se celebraba, decenas de los afectados seguían el devenir del juicio en la misma sala del alto tribunal, ya que se habían desplazado hasta Sevilla para ello, mientras que a las puertas del Consistorio jerezano se celebraba otra concentración que han respaldado otra treintena de extrabajadores del Ayuntamiento. Entre los afectados cundía la sensación de que “es el día de la justicia, el día en el que se empieza a poner fin a estos meses muy duros que hemos pasado, llenos de incertidumbre”. Y es que la mayoría se han mostrado confiados en que los tribunales tumben el ERE que “ha traído mucho drama a 260 familias”, como explicaba Eloy, uno de los despedidos.

Entre ellos hay división de sensaciones a la hora de enfrentarse a la posibilidad de qué pasará si la justicia les da la razón. Algunos, como Manuel, que lleva 25 años en el Consistorio, tiene muy claro que “no tengo ningún problema en volver, porque lo que quiero es poner un plato de comida en la mesa”. Otros ya tienen otros trabajos o las ganas de empezar por otro lado, como Fernando, y lo que esperan es que “la sentencia me abre la puerta a negociar una mejor salida con ellos, y tener la satisfacción de que la justicia les dice que no han hecho las cosas bien”.

Otros apuntaban que también hay mucha incertidumbre entre la plantilla que se quedó en el Ayuntamiento por el resultado de este juicio, sobre todo porque la primera edil, María José García-Pelayo, “ya ha dicho que hará otro, y no saben cómo les puede afectar”. “Eso no nos preocupa a los que ya estamos fuera y que ya hemos pasado por eso”, explican. Precisamente la alcaldesa ha vuelto a mostrar su confianza en la justicia, y en que respaldará sus tesis de que el procedimiento para los despidos “se ha tramitado adecuadamente”. “Ahí están los informes que lo avalan”, ha dicho.

Y ha vuelto a dejar claro que aunque esperan una sentencia favorable “si no lo es haremos otro hasta que sí que la justicia nos dé la razón”. “Lo siento, porque es una decisión dura, pero no es un antojo, sino que existe la necesidad de hacerlo”, ha argumentado la alcaldesa, que ha añadido que “habrá que estudiar el procedimiento a seguir si hay que hacer otro ERE, porque si el juez dice que este proceso no ha sido válido no sé cual se haría entonces”.

No habrá más retrasos en la celebración del juicio por el ERE municipal en el Ayuntamiento de Jerez. El TSJA se puso en contacto con todas las partes implicadas para citarles este viernes, tal y como estaba previsto en un principio, y no dentro de un mes (el 8 de marzo), tal y como se anunció hace un par de días antes la existencia de un recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Jerez por la no admisión de una prueba, a lo que se unía que tampoco se habían podido iniciar los trámites para estudiar otro recurso presentado por la Asociación Municipal de Técnicos de Jerez (ATMJ) por los mismos motivos. Ambos recursos se registraron a mediados de enero y el alto tribunal garantizó que finalmente estarían listos para hoy, por lo que no hay inconveniente en que se celebre la vista. El TSJA llamó uno a uno a todos los abogados de las partes para ver si estaban de acuerdo y estos aceptaron puesto que “el juicio está más que preparado porque las pruebas documentales las tiene el TSJA desde hace mucho tiempo”.

Hay que recordar que se trata del juicio por el despido de 260 empleados del Ayuntamiento de Jerez tras la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), con una demanda colectiva contra el Ayuntamiento de Jerez (CGT, CTP, CC OO y UGT de forma conjunta y la ATMJ). Ya se había aplazado en una ocasión porque la fecha inicial prevista era el pasado 23 de enero.

El juicio en Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por el despido de 260 empleados del Ayuntamiento de Jerez tras la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ha vuelto a aplazarse al 8 de marzo a las 10 horas.

Como han confirmado a este medio fuentes de las centrales sindicales que han presentado la demanda colectiva contra el Ayuntamiento de Jerez (CGT, CTP, CC OO y UGT de forma conjunta y la ATMJ), el alto tribunal ha decidido volver a aplazar la vista, que debía ser este viernes 8 de febrero, por motivos muy similares a los que le llevó a suspender la primera fecha prevista para el pasado 23 de enero.

De esta forma, y según esas fuentes, la suspensión se debe a que a la sala no le ha dado tiempo a estudiar y resolver un recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Jerez por la no admisión de una prueba, a lo que se une que tampoco se han podido iniciar los trámites para estudiar otro recurso presentado por la Asociación Municipal de Técnicos de Jerez (ATMJ) por los mismos motivos. Ambos recursos interpuestos por los letrados se registraron a mediados de enero.

Así las cosas, el TSJA ha decidido suspendar la vista prevista esta semana y dictar una nueva fecha para dentro de un mes, el 8 de marzo.

La secretaria general del PSOE-A de Jerez, Miriam Alconchel, ha acogido con “perplejidad y sorpresa” unas declaraciones realizadas por la alcaldesa en las advierte que volvería a tramitar otro ERE en el caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) lo declarase nulo. “Estas afirmaciones son una auténtica barbaridad y una nueva amenaza contra la plantilla municipal a la que vuelve amedrentar ante la demanda colectiva interpuesta por los sindicatos contra el despido colectivo que ha afectado a 260 trabajadores municipales”, ha asegurado la dirigente socialista.

La secretaria general del PSOE jerezano ha asegurado que “es evidente que la señora Pelayo no le duelen prendas a la hora de amenazar a la plantilla municipal y restarle credibilidad a la demanda colectiva interpuesta en el TSJA, con el único fin de  minar la moral de los trabajadores despedidos que confían en una resolución judicial favorable contra sus despidos”. Alconchel añade que es inadmisible que la alcaldesa se adelante a los acontecimientos y a un fallo judicial cuando lo procedente es que es que “si un tribunal declara nulo el ERE asuma sus responsabilidades políticas ante una decisión de tal calado”. Es más, Alconchel señala que “si hay un fallo favorable a los trabajadores despedidos, en lugar  de empecinarse en una medida que no es correcta desde el punto de vista del procedimiento y tampoco desde el punto de vista económico, porque lo que ahorra con el ERE lo compensa en la subida salarial de la RPT (Relación de Puestos de Trabajos), lo que debería hacer la alcaldesa es dialogar para encontrar un punto de encuentro con los sindicatos”.

La dirigente socialista emplaza a la alcaldesa a que sea más prudente y respetuosa con los procesos judiciales, toda vez que no ha habido un pronunciamiento en firme por parte del TSJA y que deje de azuzar tanto a los trabajadores despedidos como al resto de la plantilla municipal. Miriam Alconchel también considera inadmisible los intentos del Gobierno del PP por dilatar la celebración del juicio, con un recurso que ha motivado el aplazamiento de la vista al próximo 8 de febrero, lo que considera un contrasentido teniendo en cuenta que ha sido la propia alcaldesa la que ha declarado que es la primera interesada en que el juicio se celebre cuanto antes.